SANTO DOMINGO. Durante los primeros ocho meses de este año en el país se han registrado 1,095 homicidios, según estadísticas de la Procuraduría General de la República. Estos datos dejan al descubierto una cruda realidad: que muchos jóvenes están muriendo.
De acuerdo con el informe, los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años de edad, resultaron las víctimas en esos meses en el mayor número homicidios. Unos 601 para ser exactos.
Cuando se comparan esos números con los de igual período del año pasado, se observa que esta situación, en vez de mejorar, ha empeorado, puesto que en los primeros ocho meses de 2016 se registraron 1,082 homicidios, y el número de las víctimas con edades de 18 a 34 años fue de 548.
Esto indica que en ese rango de edad, los homicidios sumaron 53 víctimas más que el año anterior.
Una de esas víctimas en las estadísticas de este año llevaba el nombre de Fullcy Pereira Laureano. El pasado 21 de agosto, mientras ese joven de 21 años llegaba a su residencia en Pedro Brand, dos delincuentes lo intentaron asaltar y lo mataron de un disparo. El hecho ocurrió a las 9:00 de la noche.
En el caso de Pereira se conjugan muchos de los componentes que se presentan en las estadísticas de 2017. Fue una de las 292 personas que murieron víctimas de la delincuencia. Su deceso se produjo en la noche, y, de acuerdo con el informe, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana es el lapso en el que más homicidios ocurren.
Otra información que se desprende del informe da cuenta que desde enero hasta agosto del 2017, los hombres fueron el mayor número de víctimas de homicidio, o sea, de 1,095 homicidios 942 eran de sexo masculino, frente a 153 féminas.
Días de más muertes
Los fines de semana son los días en los que más homicidios se cometen. Los domingos se registran los números más elevados. Los datos de la Procuraduría General de la República indican que de enero hasta agosto, la mayor cantidad de homicidios ocurrieron los domingos: 263 de un total de 1,095; seguido de los sábados y los lunes.
El mayor número de homicidios se comete con armas de fuego (537 en ocho meses), además, 408 muertes de este tipo fueron utilizando armas blancas como cuchillos y puñales, mientras que 150 homicidios fueron llevados a cabo con otros tipos de armas que la Procuraduría no especifica.
El Distrito Nacional y la provincia Santiago son las dos demarcaciones a nivel nacional en donde mayor cantidad de homicidios ocurrieron, establecen los datos oficiales.
En el período en cuestión ocurrieron 292 homicidios relacionados con la delincuencia. Además de 482 que las autoridades no relacionan a esa causa.
Los meses de más casos
En los primeros ocho meses de este año, julio fue el que más homicidios registró, en total hubo 151. Seguido por marzo, con 150 casos, y mayo con 144.
Hay que mencionar que en el período en cuestión, la Procuraduría General de la República registró 68 homicidios en los que estuvo involucrada la acción de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas o las Fuerzas Armadas.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policíapuso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos concomerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante el lanzamiento del Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional. (JUAN GUIO)
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.