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Piden Cámara Diputados respalde despenalización aborto en tres excepciones
La organización recordó que, de los 35 países del continente, República Dominicana es uno los cinco, junto a El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, en los que el aborto todavía se considera un delito en todas las circunstancias, incluso cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Organizaciones feministas protestaron este jueves frente al Congreso Nacional en rechazo a la aprobación del Código Penal que mantiene la penalización absoluta del aborto.
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:1/06/2017
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Colectiva Mujer y Salud de la República Dominicana exhortó a los legisladores del país a proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y de sus familias, integrando excepciones en la penalización del aborto cuando se produzcan determinados supuestos.
La solicitud de la entidad se produce con motivo del reinicio de la discusión sobre el Código Penal en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, e insta a despenalizar la interrupción del embarazo en los casos en los que la mujer corra peligro de muerte, el embarazo sea resultado de una violación o incesto, o el embarazo no sea viable.
La organización llamó a la Comisión a escuchar el reclamo de la ciudadanía de garantizar el bienestar de aquellas familias que puedan verse enfrentadas a una situación difícil, que atente contra su dignidad y la vida de sus integrantes.
“Estos 15 legisladores tienen sobre sus hombros una ardua tarea, pero estamos seguras de que decidirán en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano”, apuntó un comunicado del colectivo.
Para la entidad, el proyecto de Código presentado por la Comisión de Género de la Cámara y respaldada por 40 diputados presenta una salida efectiva al debate.
De lo contrario, “la Comisión podría seguir obstaculizando la necesaria modernización del Código Penal, que data de 1884, pues no contaría con el apoyo de la mayoría de las y los legisladores de esa alta Cámara, como se demostró el pasado mes de julio, cuando fue rechazado el informe de la Comisión de Justicia que no incluía las causales”.
“En República Dominicana urge un nuevo Código Penal y para que éste sea una realidad la Comisión de Justicia debe tomar en cuenta el respaldo que la mayoría de las y los legisladores y los altos funcionarios del Gobierno han expresado a favor de un CP que proteja la vida, la salud y la dignidad de las mujeres”, agregó la nota.
La organización recordó que, de los 35 países del continente, República Dominicana es uno los cinco, junto a El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, en los que el aborto todavía se considera un delito en todas las circunstancias, incluso cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer.
“Necesitamos un Código Penal que continúe avanzando en el camino del progreso y procure el desarrollo social de la nación, como se ha hecho en el 86% de los países del continente”, señaló la directora ejecutiva de la Colectiva, Cinthya Velasco.
Explicó que una de las principales causas de mortalidad materna son los abortos inseguros y que las más afectadas son las mujeres pobres y las niñas, pues la República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos infantiles y adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2009).
A fecha 16 de julio de 2017, en el país habían muerto 94 mujeres por causas relacionadas al embarazo, es decir, “cada dos días murió una mujer embarazada”, apuntó .EFE
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.