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Marcha Verde denuncia delincuentes y asesinos participan impunemente en la dirección del Estado
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Marcha Verde denunció este domingo la presencia en el Gobierno y en la dirección del Estado, de una delincuencia política que se roba los recursos públicos y asesina a quienes intervienen en sus planes de perpetuarse en el poder.
Los activistas del movimiento señalaron la participación directa del presidente Danilo Medina, la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus representantes en el Congreso y el sistema de Justicia como impulsores de ese sistema de criminalidad.
Durante el acto de inicio de su Jornada Nacional de Movilización o Día Verde, frente a las instalaciones de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el movimiento advirtió que las muertes de la OMSA, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) son trágicas expresiones de una inmensa estructura de corrupción en la que delincuentes y asesinos operan sin ningún tipo de consecuencia.
“Anunciamos nuestra inquebrantable decisión de continuar enfrentando por todas las vías ciudadanas posibles a esa delincuencia política que roba y mata; que secuestra las instituciones; que niega la democracia y el cuestionamiento público; que pervierte los tribunales; que intenta burlarse del multitudinario y legítimo reclamo de Justicia y dignidad del pueblo dominicano; y que apuesta a que los hombres y mujeres de corazón verde desistan, se cansen y levanten la bandera de la rendición. Nuestra lucha solo termina con la victoria: el Fin de la Impunidad”, resaltó el colectivo en la proclama oficial de la jornada.
Programa por el fin de la impunidad
En el marco del Día Verde, con decenas de manifestaciones en todas las provincias del país y en varias ciudades del extranjero, Marcha Verde convocó la ciudadanía y a todos los sectores organizados a construir un Programa Nacional por el Fin de la Impunidad, en el que se definan las transformaciones sociales, institucionales y políticas indispensables para terminar con el régimen de impunidad y corrupción que afecta a la nación.
En el Programa Nacional por el Fin de la Impunidad, explica el colectivo, la sociedad también definiría los mecanismos y acciones más efectivos para garantizar la ejecución y el éxito del proceso, evitando así que la aplicación del contenido esté sujeta a la voluntad de las élites del poder político y económico.
Marcha Verde convocó a las organizaciones sociales, las comunidades religiosas, a los empresarios, comerciantes, profesionales, servidores públicos y actores políticos no comprometidos con el robo de los recursos del Estado a construir un Programa Nacional por el Fin de la Impunidad que permita sacar a la República Dominicana del lodazal político e institucional en el que se encuentra, y evitar que delincuentes y asesinos sigan dirigiendo la Patria de Juan Pablo Duarte sin ningún tipo de consecuencia.
“Por nuestras familias, por nuestros hijos y por el derecho a la vida digna del pueblo dominicano…, ¡Cárcel a los corruptos, recuperación de lo robado y anulación de los contratos!”, concluye el documento proclamado al pie de una gran bandera color esperanza.
Nacionales
Cientos de agentes y socorristas trabajan sin descanso para salvar vidas, mientras la gente celebra en familia
Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.
De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.
En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.
Balance de incidentes y atención médica durante el asueto
El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.
Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.
Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.
Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.
En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.
El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.
En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.
Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.
El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.
Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.
«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.
El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.
Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.
Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.
«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.
El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.
Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.
Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.