Nacionales
La mortalidad materna sigue en alta; se registra reducción en otras enfermedades endémicas
Entre las enfermedades que presentan una disminución están las relacionadas con los vectores, como el dengue
SANTO DOMINGO. La mortalidad materna sigue en alta en la República Dominicana con 153 fallecimientos contabilizados hasta el pasado 14 de este mes, para una diferencia de 17 casos en comparación a la misma fecha del pasado año, lo que la mantiene como un gran problema de salud pública
De esa cantidad, el Gran Santo Domingo lleva la delantera, con 59 defunciones reportadas; San Cristóbal con 15; Santiago con 13 y en San Pedro de Macorís se reportaron 10.
Mientras tanto, no reportan registro de muertes maternas las provincias Elías Piña, Bahoruco, Independencia, La Romana y Peravia.
Con relación a las enfermedades epidemiológicas, estas presentan una disminución este año, contrario a los brotes que ocurrían regularmente en el país.
Excepto la leptospirosis, producto de la contaminación que dejaron las inundaciones desde finales del pasado año y el brote de conjuntivitis registrado a mediados del 2017, no se registran altas incidencias de estas enfermedades, incluso las endémicas, como el dengue, enfermedad de la que se registra un fallecimiento y 1,085 casos, notificados hasta la Semana Epidemiológica número 41. El fallecimiento fue confirmado por auditoria clínica. La incidencia acumulada hasta esta semana epidemiológica presenta una reducción de 83% en comparación al 2016, no obstante, en las últimas cuatro semanas del 2017 ha aumentado la notificación semanal. El promedio de la semana número 33 hasta la 36 fue de 27 casos, y de la 38 a la 41 fue de 39.
Sobre la leptospirosis, las autoridades informan que los municipios más afectados son El Seibo y Santo Domingo y los casos reportados en las últimas cuatro semanas (38 a la 41) suman 77 y corresponden a residentes en diferentes provincias.
“Las muertes han ocurrido con mayor frecuencia en hombres (87%) y en los grupos etarios de 10 a 29 años (42%). En las últimas cuatro semanas los casos han presentado un incremento de 28% en comparación al mismo periodo del 2016, pudiendo influir en este comportamiento las inundaciones producto de los huracanes María e Irma y las constantes lluvias que han afectado el territorio nacional en los últimos dos meses”, dice el Boletín Epidemiológico Semanal de la Dirección General de Epidemiología (Digepi).
El objetivo es dar a conocer la situación epidemiológica de los eventos de notificación obligatoria que se vigilan a través del módulo de vigilancia especial y del módulo de alerta temprana.
En total, la Digepi vigila 87 enfermedades epidemiológicas.
Hasta el pasado 14 de este mes, la entidad del Ministerio de Salud Pública, registra 52 defunciones y 588 casos de leptospirosis, de los cuales el mayor número de afectados correspondió a la provincia de Santo Domingo, con 100; seguidos por Santiago, donde se reportaron 59; Duarte con 56 y el Distrito Nacional con 47.
En el caso de los fallecimientos por esta enfermedad, que provoca la orina de roedores, a Santiago, Hermanas Mirabal y Duarte corresponden la mayor cantidad de defunciones, con seis en el primer caso, y cinco en cada una de las demás provincias.
Durante las últimas cuatro semanas las autoridades notificaron tres casos de tosferina, para un cumulado de 35 casos, incluyendo un fallecimiento. Haití experimenta un resurgimiento de la difteria por un incumplimiento vacunación infantil, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
diariolibre.com
Nacionales
Juez decidirá este lunes enviar o no a juicio a Antonio y Maribel Espaillat en caso Jet Set
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Onco14: Solicitarán prisión contra 3 acusados de desviar fondos de pacientes oncológicos
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.