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Reeligen a Miguel Vargas presidente de la Internacional Socialista para América Latina y El Caribe
(RCM-Noticias) PV
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, (IS) Miguel Vargas Maldonado, fue reelecto a unanimidad para un nuevo periodo de cuatro años.
Las veinte delegaciones de 18 países presentes en la reunión de la Internacional Socialista, que sesionan en el hotel Embajador, respaldaron la continuidad de Vargas Maldonado en el cargo.
Los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, se abstuvieron de presentar otras candidaturas, reconociendo la labor desempeñada por Vargas Maldonado, quien es además presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Es la segunda ocasión que Vargas Maldonado es electo en esa posición. Además de Vargas, han ostentado esta posición; Raúl Alfonsín, expresidente de Argentina; Martin Torrijos, expresidente de Panamá; y el Dr. José Francisco Peña Gómez, líder histórico del PRD, quien la ocupo en reiteradas ocasiones.
Al pronunciar el discurso de apertura de la plenaria afirmó que la desigualdad sigue siendo el principal reto y mayor obstáculo para alcanzar el crecimiento sostenible y lograr el bienestar y la prosperidad de los pueblos.
“Sigue diciendo que la pobreza, la desigualdad, el auge del crimen organizado, la violencia de género son desafíos importantes que tiene nuestra región que solo unidos, y en actitud constructiva de diálogo, podremos vencer para lograr que nuestra gente pueda vivir bien, de manera digna, alcanzando la prosperidad y el bienestar en plenitud”, manifestó.
Sostuvo que actual coyuntura política demanda sabiduría, inteligencia política, pero además requiere, la unidad de todos en torno al propósito común del desarrollo sostenible de las naciones.
“Confiamos en que el ánimo de colaboración entre nosotros siga contribuyendo a hermanarnos aún más para que los lazos construidos en el marco de estos encuentros continúen siendo de gran provecho para el fortalecimiento de la democracia en nuestra región”, expresó Vargas Maldonado, quien también es presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Apuntó que si bien es cierto que durante el presente siglo la inversión social con respecto al PIB en América Latina y El Caribe ha aumentado de 11% a 14.6% según cifras de la CEPAL, la desigualdad sigue siendo el principal reto de la región.
Para combatir la desigualdad debemos impulsar políticas de empleo que garanticen a nuestros ciudadanos, trabajo digno y bien remunerado, ello será posible si somos capaces de diseñar un modelo económico que incentive la inversión y deje atrás los hábitos rentistas del emprendedor latinoamericano, agregó.
Puntualizó que a mayor crecimiento económico menor desempleo, ese debe ser el grito de batalla de las propuestas desde la socialdemocracia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030.
Considera que los proyectos en alianza del sector público y privado deben ser también otra bandera que debe ondear la socialdemocracia latinoamericana y caribeña para impulsar la igualdad de oportunidades para todos.
“La región debe apostar por fin de manera decidida por la innovación y la investigación para el desarrollo porque ellas son las herramientas imprescindibles para dar el gran salto que generación tras generación hemos estado buscando”, dijo.
Agregó que economías activas y crecientes, pleno empleo, Estado y sector privado trabajando juntos por el bienestar de todos, políticas públicas que estimulen la innovación y la investigación tienen una zapata común: la educación.
“Esa es la mayor apuesta que deben hacer nuestros gobiernos, una inversión inteligente en educación que nos lleve a un sistema educativo que impulse la creatividad y que asegure ciudadanos preparados para enfrentar exitosamente los retos del mundo durante los próximos cien años”, añadió Vargas Maldonado..
Reconoció que el acceso al sistema educativo en la región ha mejorado sustancialmente, trayendo consecuentemente un mayor aumento de los índices de escolaridad, sin embargo la calidad de nuestra enseñanza es aún insuficiente, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo apenas un tercio de los estudiantes latinoamericanos y caribeños alcanzan un estándar mínimo de habilidades matemáticas básicas.
En su exposición, señala que la desigualdad agitada por el desempleo y una educación de baja calidad se constituye en la principal amenaza para la democracia en la región y la causa eficiente de los importantes déficits que acusa nuestro modelo democrático.
Ciertamente, en el aspecto electoral la democracia latinoamericana se mantiene en constante mejoría. Hoy en día, en casi todos los países de la región las elecciones se llevan a cabo sin mayores sobresaltos, que los propios de toda contienda.
‘Tenemos por delante el desafío de garantizar la fidelidad del voto de nuestros ciudadanos a través de campañas menos costosas, de una sociedad mejor comprometida con el conjunto que con las individualidades y más consciente de la calidad de las propuestas de los candidatos”, expresó.
Sostiene que la democracia se construye a través de políticas públicas que garanticen acceso universal y equitativo a mayores oportunidades, un modelo económico que incluya socialmente a todos y, sobretodo, con un liderazgo político capaz de buscar el punto exacto de avenencia para solucionar los problemas de la gente por medio del diálogo, la confraternidad y la unidad por más diversa que sea su forma de pensar.
“Los aquí reunidos tenemos la responsabilidad histórica de hacer de este mundo uno mejor y de darle a las futuras generaciones la seguridad de que sabremos convivir en paz, en armonía y en prosperidad por el bienestar de todos, finalizo diciendo Vargas Maldonado”, sostuvo.
En el acto también habló Luis Ayala, secretario general de la IS, quien resaltó que en América Latina, tienen una presencia fuerte, una familia y una tierra de conductas y ejemplos que sirven a nuestros valores y principios.
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Juez decidirá este lunes enviar o no a juicio a Antonio y Maribel Espaillat en caso Jet Set
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Onco14: Solicitarán prisión contra 3 acusados de desviar fondos de pacientes oncológicos
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.