Santo Doming.,- Con apenas dos años de promulgada, la ley 140-15 sobre el notariado ha sido objeto de conflictos entre el Colegio de Notarios, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y varias entidades financieras, siendo los puntos más controversiales la facultad que otorga a los notarios para levantar actas de embargos y de desalojos y las tarifas por los servicios prestados, que fueron incrementados.Nacionales
TC no ha fallado acciones de inconstitucionalidad dejadas en estado de fallo en febrero y marzo del 2016
Santo Doming.,- Con apenas dos años de promulgada, la ley 140-15 sobre el notariado ha sido objeto de conflictos entre el Colegio de Notarios, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y varias entidades financieras, siendo los puntos más controversiales la facultad que otorga a los notarios para levantar actas de embargos y de desalojos y las tarifas por los servicios prestados, que fueron incrementados.En febrero y marzo del 2016, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo tres acciones directas de inconstitucionalidad sometidas de manera separada por varias entidades y abogados notarios en contra de varias disposiciones de esa ley, pero transcurrido más de un año, aún no ha emitido las sentencias, pese que la ley le otorga un plazo de cuatro meses para hacerlo.
El 8 de febrero del 2016, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo la acción directa de inconstitucionalidad sometida por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI).
Mientras, el 13 de marzo de 2016 dejó en estado de fallo sendas instancias de inconstitucionalidad presentadas por el Movimiento por la Dignidad y la Transparencia del Ejercicio de la Abogacía (MODTEA), y por un grupo de abogados notarios, entre los que figuran Cecilio Gómez Pérez, Ramón Pina Acevedo, Francisco Benzán, Juan Molina Pichardo y otros.
Mientras, el 13 de marzo del 2016, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró la nulidad del artículo 51, numerales 2 y 3 de la Ley, que otorgan potestad al notario para instrumentar embargos, desalojos y puesta en posesión de administrador judicial provisional en un inmueble.
Ese fallo solo es vinculante a las partes envueltas en el conflicto que conoció ese tribunal, contrario a las decisiones del Tribunal Constitucional, que son de carácter general y obligan a todos los poderes públicos.
Oposición y defensa
El presidente de la SCJ, Mariano Germán, no solo ha divulgado públicamente su oposición con algunas disposiciones de la ley sobre el notariado, sino que en julio del 2016 depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de modificación a esa norma legal, la cual fue promulgada el 7 de agosto del 2015 por el presidente Danilo Medina.
El pasado jueves, 2 de noviembre, Germán, volvió a expresar su preocupación por “los graves inconvenientes” que ha tenido la aplicación de la Ley 140 -15 del Notariado, durante una reunión que sostuvo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Entiende que los abogados notarios no deben hacer embargos y desalojos.
El proyecto de ley sometido por la SCJ le quita al notario las facultades exclusivas que le otorga la Ley 140-15, en el artículo 51, para la instrumentación o levantamiento del acta de embargo de cualquier naturaleza, y para los desalojos, protestos de cheques, fijación de sellos, entre otros, además de que reforma la tarifa por los servicios prestados.
El presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez, ha defendido la ley 140-15 y ha rechazado el proyecto de ley de la SCJ.
Entiende que el presidente de la SCJ debió esperar el fallo del Tribunal Constitucional sobre las acciones directas de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Rodríguez afirma que la Ley 140-15 ha venido a reforzar la seguridad jurídica del país.
listindiario.com
Nacionales
Juez decidirá este lunes enviar o no a juicio a Antonio y Maribel Espaillat en caso Jet Set
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Onco14: Solicitarán prisión contra 3 acusados de desviar fondos de pacientes oncológicos
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.