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Falta de arbitraje y padrones abultados han afectado a los partidos políticos
SANTO DOMINGO. El denominador común de los problemas en las elecciones de los partidos políticos ha sido la falta de arbitraje de un moderador externo como la Junta Central Electoral, unido a padrones abultados en los que votan menos de la mitad, y han sido predominantes la doble militancia, ante la incapacidad de hacer uno realmente propio.
Los partidos se han autoengañado, colocando cifras altas de votaciones de sus primarias internas y provocando acusaciones de fraude y divisiones que han degenerado en heridos y muertos.
En la actualidad, en la Junta Central Electoral (JCE) sólo hay un padrón del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y no hay listas de militantes de los demás partidos políticos.
Las organizaciones políticas se han limitado a depositar los listados de los delegados participantes en las convenciones o asambleas de delegados, que son las que exige la actual Ley Electoral 275-97.
En la JCE se asume que cuando los partidos solicitaron su reconocimiento depositaron el listado con el porcentaje establecido en ese momento. En su artículo 47, la Junta Central Electoral señala que es obligación de los partidos políticos depositar cada dos años una lista actualizada de los miembros de sus órganos directivos y del tribunal disciplinario, para fines de control y de conocimiento por parte de esa institución.
El partido que ha más sufrido las crisis emanadas de sus divisiones ha sido el PRD, en cuya última gran división en el 2011, el candidato derrotado, Miguel Vargas, denunció que en las primarias con padrón “semiabierto” habrían sufragado 366 mil peledeístas y reformistas.
Dijo que en ese padrón no podía superar los 3,921,536 electores, pero que “violando esa normativa la comisión electoral envió un padrón de con 5 millones 905 mil 964 electores”.
Es histórica la frase “el Estado se impuso”, cuando el precandidato presidencial Danilo Medina en aquel momento se refería a la victoria del entonces presidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de mayo de 2007, donde se inscribieron 1,169,913 peledeístas, de los cuales sólo votaron 574,297. Ahí Fernández obtuvo 403,577 votos (71.55%) y Medina 160,505 (28.45%).
En las primarias de 2012 votaron 1,063,617 peledeístas, lo que representó solo un 47.23%, de los 2,251,831 electores inscritos en el padrón electoral.
Danilo Medina ganó con 907,015 votos (87.18%); José Tomás Pérez obtuvo 52,190 (5.02%); Francisco Domínguez Brito 44,967 (4.32%) y Radhamés Segura, casi sin estructuras, logró 36,176 (3.48%).
En el caso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sólo hay que recordar que su declive se inició en el 2004, con el rechazo de Jacinto Peynado de los resultados de las primarias ganadas por Eduardo Estrella.
Estrella hizo lo propio en las primarias del 2007, donde se denunció que votó el doble de lo registrado en algunas mesas de votación.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tuvo su primera experiencia en el 2015, recién salido del horno y sin estructuras, logrando Luis Abinader 315,082 votos (70.24%) frente a su mayor rival, Hipólito Mejía, con 90,130 y un 28.61%, la que pasó sin mayores traumas, y en la actualidad se aprestan a tener su primer padrón de militantes.
El vicepresidente de PRD, Héctor Guzmán, argumenta que “el único padrón que existe aprobado por todos los partidos es el de la Junta”.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.