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Diputados modifican de urgencia un artículo de la ley de función pública
Los diputados también aprobaron en segunda lectura con las dos tercera parte de los votos, el proyecto de ley orgánica que regula los Estados de Excepción en República Dominicana
Director de la Dirección General de Aduanas se reúnen con la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados para conocimiento caso Barrick Gold
Marino Collante, diputados, Fernando Fernández.
Fotos: Carmen Suárez/acento.com.do
Fecha: 03/04/2013
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Cámara de Diputados declaró este miércoles de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto que modifica el artículo 98 de la ley 41-08 de Función Pública, del 16 de enero de 2008.
La iniciativa del diputado Enrique Mencía establece en su “artículo 98, que el Ministerio de Administración Pública (MAP) dispondrá de un plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para culminar con todo el proceso de evaluación de los servidores públicos que a la entrada en vigencia de esa ley ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido el estatus como tales”.
Asimismo, se establece que a partir del vencimiento de dicho plazo, el MAP dispondrá de un plazo de tres años para organizar concursos abiertos de oposición para todos los cargos de carrera administrativa actualmente ocupados por servidores públicos que no hayan agotado los procesos de ingreso instituidos por la ley.
También, fue aprobado el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente Danilo Medina realizar los esfuerzos necesarios con el sector empresarial para rehabilitar el puerto de Manzanillo, en la provincia Montecristi
Los diputados también aprobaron en segunda lectura con las dos tercera parte de los votos, el proyecto de ley orgánica que regula los Estados de Excepción en República Dominicana.
La iniciativa del senador Félix Bautista tiene como objetivo fundamentar la regulación los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República en sus distintas modalidades, así como establecer los controles al ejercicio de las facultades extraordinarias que se otorgan a las autoridades con el objetivo de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas.
En uno de sus considerandos establece que es necesario contar con una legislación clara que establezca los parámetros legales por los que deben regirse los estados de excepción, máxime cuando ellos comportan una suspensión de derechos fundamentales.
Los diputados también aprobaron a unanimidad una resolución mediante la cual se solicita al presidente Danilo Medina, instruir al Director Nacional de Presupuesto, Luis Reyes Santos, para que incluya en el Presupuesto General del Estado, una partida de 850 millones de pesos para “categorizar” a los profesionales agropecuarios que laboran en las instituciones agropecuarias estatales.
La pieza legislativa del diputado David Herrera busca la “categorización” de los técnicos en los niveles I, II y III, y debe aplicarse según su nivel académico y antigüedad en servicio.
También, fue aprobado el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente Danilo Medina realizar los esfuerzos necesarios con el sector empresarial para rehabilitar el puerto de Manzanillo, en la provincia Montecristi.EFE
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader eliminó, a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).
El Gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, «eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores».
El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología; la disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.
“Este decreto también deroga disposiciones previas relacionadas con la creación y administración de la comisión, asegurando una transición ordenada hacia una estructura de gestión más coherente con la Constitución y las leyes vigentes en la administración pública dominicana”, indica el comunicado de prensa.
Con el decreto 637-24 se dispone la supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.
“Además, este decreto deroga varias disposiciones previas que apoyaban la existencia de la comisión, consolidando sus funciones bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en la administración pública”, resalta el documento de prensa.
Mediante el decreto 640-24 se emite la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.
La Dirección General de Presupuesto (Digepress) gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.
Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.
La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.
Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.
De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.
Otros hechos delictivos
Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.
Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.
En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.
La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.
Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.
Otros aspectos
Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.
«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.
Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que «lesiona» las funciones del Congreso.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.