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Gobierno español celebra el regreso a la ley de los secesionistas catalanes
EFE
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
MADRID. El Gobierno español considera que las declaraciones ante la Justicia de los parlamentarios secesionistas catalanes supone un regreso de todos ellos a la legalidad constitucional.
El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, mostró ayer esa convicción, en la misma jornada en la que abandonó una prisión madrileña la presidenta del Parlamento regional catalán, Carmen Forcadell, después de abonar una fianza de 150.000 euros (unos 174.000 dólares).
La medida de prisión eludible con fianza fue adoptada en la noche del jueves por un juez del Tribunal Supremo español contra Forcadell y otros cuatro diputados pertenecientes a la Mesa de la Cámara autonómica, donde el 27 de octubre fue aprobada una declaración unilateral de independencia, anulada por el Constitucional con posterioridad.
En el transcurso del interrogatorio, los parlamentarios secesionistas dijeron que esa declaración tuvo un valor únicamente simbólico, en absoluto jurídico, y mostraron acatamiento a las medidas adoptadas ese mismo día de octubre por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional.
Entre ellas figuraban el cese del Gabinete catalán y la disolución del Parlamento regional, con la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, tras conocer las peticiones de penas de la Fiscalía – prisión incondicional – Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
Mientras los cuatro diputados disponen de una semana para abonar una fianza de 25.000 euros (unos 29.000 dólares) y evitar la cárcel, Forcadell no pudo reunir anoche la cantidad requerida, mucho mayor, y entró en prisión, aunque a primera hora de la tarde de ayer en
España cumplió la exigencia y dejó la cárcel.
El juez Pablo Llarena, además de la fianza, le impuso la obligación de entregar su pasaporte en el Supremo, cosa que ya ha hecho su abogado y la obligación de comparecer de manera regular ante un juzgado.
A través de la red Twitter, Forcadell dijo que volvió a Barcelona “con la conciencia tranquila por haber actuado correctamente, tras garantizar la liberad de expresión en el Parlamento”.
En cuanto a las declaraciones que los cinco hicieron en el Tribunal Supremo, suponen la constatación de que “la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad” en Cataluña, según el ministro Méndez de Vigo,
Esa misma idea ha sido subrayada por fuerzas defensoras de la vigencia de la Constitución, mientras los partidos secesionistas optaron por el silencio, mientras preparan las listas y los ejes de la campaña para los comicios regionales del 21 de diciembre.
Forcadell comparte abogado con el destituido vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, que está en prisión junto a otro siete exconsejeros desde la semana pasada, acusados de rebelión y sedición, los mismo delitos que la fiscalía atribuye a los parlamentarios secesionistas.
Los exintegrantes del Gabinete catalán están siendo procesados por la Audiencia Nacional, ya que – a diferencia de los diputados -carecen de protección jurídica especial, por lo que el abogado, Andreu Van den Eynde, pidió hoy al juez Llarena que asuma toda la causa en el Supremo
El letrado quiere esa medida para evitar una posible “disparidad de criterios inaceptable” entre ambos tribunales, que han adoptado decisiones distintas para los mismos delitos.
La fianza de Forcadell la ha pagado la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), que la acusada dirigió en el pasado y que este sábado, junto a otras entidades independentistas, ha convocado una manifestación en Barcelona.
La marcha tiene por objeto pedir la libertad de los exconsejeros del Ejecutivo catalán encarcelados, así como la de los líderes de dos asociaciones secesionistas, en prisión incondicional desde hace algunas semanas por sedición.
Internacionales
RD entre los “grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas», afirma Biden
Washington.- El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que Bolivia y Venezuela no han cumplido durante los últimos doce meses con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico e identificó a otra decena de países latinoamericanos como principales lugares de tránsito o producción de drogas.
En un memorando enviado al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el mandatario demócrata define a una veintena de países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como “grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas».
En la lista figuran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
Como contempla la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, el presidente de EE.UU. debe informar cada año de los países que considera que son importantes productores de droga o de tránsito de estupefacientes en el mundo.
Para configurar la lista se tiene en cuenta una “combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas o los precursores químicos circulen o sean producidos, incluso si un Gobierno ha llevado a cabo estrictas medidas de control antinarcóticos».
El memorando precisa que la presencia de un país en ese listado “no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antidroga de su Gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos”, y subraya que no se trata de “una sanción».
Bolivia y Venezuela, junto con Birmania, son los tres únicos países de los que se destaca que “han fracasado manifiestamente durante los últimos 12 meses en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico».
Pese a ello, Biden subraya que el apoyo a los programas de ayuda a esas tres naciones es “vital” para los intereses estadounidenses. Aunque el Ejecutivo de Bolivia ha tomado pasos “positivos” contra el cultivo de coca, según el mandatario queda trabajo por hacer.
El memorando añade que, según datos provisionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos hubo en 2023 unas 107.543 muertes por sobredosis, una caída del 3 % respecto a 2022.
Biden se congratuló de que sea el primer descenso anual en muertes por sobredosis desde 2018 y lo atribuyó a los esfuerzos de su Administración, pero quiso hacer hincapié también en que solucionar el problema se trata de un esfuerzo global que requiere una respuesta internacional coordinada.
Establecer una relación a largo plazo y robusta con aliados “cruciales” como México, en su opinión, es imperativo para combatir de forma eficaz la epidemia de fentanilo y desmantelar las organizaciones criminales que se lucran con esa droga.
“Continuaremos nuestra estrecha colaboración con México para evitar el desvío de precursores químicos y equipos relacionados con las drogas, mejorar la prohibición, las investigaciones y los resultados de la justicia penal y (…) avanzar en la integración fronteriza”, dijo su nota.
Biden calificó a Colombia de socio fuerte y destacó que sigue trabajando estrechamente con el país para reducir la producción de cocaína, y consideró igualmente a Perú como un socio comprometido en esa labor.
Su memorando incluye una amplia referencia a China, de quien dice que aunque en el último año ha tomado pasos significativos para reducir el flujo de precursores químicos hacia productores de drogas ilícitas, es necesario una acción de regulación sostenida para rebajar significativamente su rol como fuente de precursores químicos.
Agencia Efe
Copenhague.- Copenhague acogerá a partir de mañana sábado la primera de una serie de subastas de la que podría ser la colección de monedas más cara del mundo, que había permanecido almacenada hasta ahora por voluntad de su fallecido dueño.
El magnate Lars Emil Bruun (1852-1923), que se hizo millonario exportando mantequilla a todo el mundo, acumuló durante más de seis décadas una amplia colección de medallas y monedas (cerca de 20.000) danesas, suecas y noruegas.
Impulsado por su pasión -fue cofundador de la Sociedad Numismática Danesa- e impresionado por los destrozos causados por la Primera Guerra Mundial, a su muerte dejó escrito en su testamento que sus monedas debían funcionar durante un siglo como una especie de reserva de emergencia de la colección nacional danesa.
«(…) Si esta fuese destruida de forma sustancial en un incendio o fuese robada o sufriese otro tipo de percance, mi colección debe ofrécersele al Estado como regalo», consta en su última voluntad.
En caso contrario, y transcurrido un siglo, la colección debía venderse en subasta pública y los beneficiados serían sus descendientes.
El plazo expiró el 21 de noviembre pasado y la colección, que ha estado depositada todo este tiempo en el castillo de Fredensborg (norte de Copenhague) y luego en un sótano del Banco Nacional, fue entregada a la casa de subastas estadounidense Stack’s Bowers, que la valora en unos 500 millones de coronas danesas (67 millones de euros).
En la primera subasta se ofrecerán más de 280 lotes que incluyen monedas de oro y plata de Dinamarca, Noruega y Suecia del siglo XV al XX, valoradas en unos 13 millones de dólares.
Se desconoce cuántos herederos se beneficiarán de la venta de la colección de Bruun, aunque en 2017 el diario Weekendavisen apuntó a dos hermanos residentes al norte de la capital danesa.
Uno de ellos, un hombre de entonces 64 años, reveló a ese medio que su ya fallecido padre había intentado cambiar el testamento de su antepasado en 1993 para venderle la colección al Estado antes de que pasaran los cien años, pero el Ministerio de Justicia rechazó la propuesta.
«Mi padre se interesó mucho por el tema, por todo el dinero que había ahí pero al que él no podía acercarse. Creo que hablaba demasiado de ello, yo he intentado hacer lo contrario», dijo en 2017 uno de los herederos de Bruun.
Internacionales
Confiscadas 12,000 consolas con 47 millones de videojuegos piratas «retro» en Italia
Agencia EFE
Roma.- La policía financiera italiana ha confiscado 12,000 videoconsolas, en las que se almacenaban ilegalmente más de 47 millones de videojuegos «piratas» con personajes de los años 80 y 90, que se vendían en centros comerciales de Turín, Milán, Venecia (norte) y Nápoles (sur), entre otras ciudades.
El material, con un valor de más de 47,5 millones de euros, fue incautado por agentes de la Guardia de Finanzas de Turín, a raíz de la investigación de la Fiscalía turinesa sobre la comercialización en todo el país de videoconsolas en las que se precargaban millones de videojuegos «pirateados» de las casas de software más conocidas del sector.
Los juegos estaban protagonizados por personajes conocidos del mundo de los videojuegos de los años 80 y 90, todos ellos protegidos por derechos de autor, y formaban parte del denominado fenómeno ‘retrogaming’, que está experimentando una fase de fuerte popularidad y expansión a nivel comercial, explicó la Guardia de Finanzas.
Las investigaciones llevadas a cabo desde finales de 2023 en localidades de las provincias de Turín, Vercelli, Milán, Bérgamo, Varese, Bolonia, Verona, Venecia, Nápoles, Caserta y Bari permitieron la identificación e incautación de dispositivos con los juegos precargados, todos muy populares en las dos últimas décadas del siglo pasado.
«Los dispositivos recordaban en forma y rasgos distintivos, sin poseer las licencias requeridas, a las icónicas ‘retroconsolas’ de los fabricantes oficiales, históricos fabricantes de videojuegos que en los últimos años han relanzado al mercado sus consolas producidas en las décadas pasadas, que a menudo reproducen a escala, con ciertas actualizaciones, las originales», se indica en un comunicado.
La investigación permitió reconstruir la cadena de distribución de las consolas, todas de origen chino, que se llevaba a cabo a través de los sitios de Internet de las empresas italianas presuntamente implicadas en el comercio ilícito o a través de la red física de puntos de venta de algunas de las mismas empresas.
Estos estaban situados en centros comerciales de las provincias de Turín, Milán, Varese, Bérgamo, Verona, Venecia, Bolonia, Nápoles y Caserta.
También fueron puestas a disposición judicial nueve personas por los delitos de comercialización de productos falsos, fraude en el ejercicio del comercio, receptación de mercancías robadas e infracción de derechos de autor, explicó la Guardia de Finanzas.