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Gobierno español celebra el regreso a la ley de los secesionistas catalanes
EFE
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
MADRID. El Gobierno español considera que las declaraciones ante la Justicia de los parlamentarios secesionistas catalanes supone un regreso de todos ellos a la legalidad constitucional.
El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, mostró ayer esa convicción, en la misma jornada en la que abandonó una prisión madrileña la presidenta del Parlamento regional catalán, Carmen Forcadell, después de abonar una fianza de 150.000 euros (unos 174.000 dólares).
La medida de prisión eludible con fianza fue adoptada en la noche del jueves por un juez del Tribunal Supremo español contra Forcadell y otros cuatro diputados pertenecientes a la Mesa de la Cámara autonómica, donde el 27 de octubre fue aprobada una declaración unilateral de independencia, anulada por el Constitucional con posterioridad.
En el transcurso del interrogatorio, los parlamentarios secesionistas dijeron que esa declaración tuvo un valor únicamente simbólico, en absoluto jurídico, y mostraron acatamiento a las medidas adoptadas ese mismo día de octubre por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional.
Entre ellas figuraban el cese del Gabinete catalán y la disolución del Parlamento regional, con la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, tras conocer las peticiones de penas de la Fiscalía – prisión incondicional – Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
Mientras los cuatro diputados disponen de una semana para abonar una fianza de 25.000 euros (unos 29.000 dólares) y evitar la cárcel, Forcadell no pudo reunir anoche la cantidad requerida, mucho mayor, y entró en prisión, aunque a primera hora de la tarde de ayer en
España cumplió la exigencia y dejó la cárcel.
El juez Pablo Llarena, además de la fianza, le impuso la obligación de entregar su pasaporte en el Supremo, cosa que ya ha hecho su abogado y la obligación de comparecer de manera regular ante un juzgado.
A través de la red Twitter, Forcadell dijo que volvió a Barcelona “con la conciencia tranquila por haber actuado correctamente, tras garantizar la liberad de expresión en el Parlamento”.
En cuanto a las declaraciones que los cinco hicieron en el Tribunal Supremo, suponen la constatación de que “la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad” en Cataluña, según el ministro Méndez de Vigo,
Esa misma idea ha sido subrayada por fuerzas defensoras de la vigencia de la Constitución, mientras los partidos secesionistas optaron por el silencio, mientras preparan las listas y los ejes de la campaña para los comicios regionales del 21 de diciembre.
Forcadell comparte abogado con el destituido vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, que está en prisión junto a otro siete exconsejeros desde la semana pasada, acusados de rebelión y sedición, los mismo delitos que la fiscalía atribuye a los parlamentarios secesionistas.
Los exintegrantes del Gabinete catalán están siendo procesados por la Audiencia Nacional, ya que – a diferencia de los diputados -carecen de protección jurídica especial, por lo que el abogado, Andreu Van den Eynde, pidió hoy al juez Llarena que asuma toda la causa en el Supremo
El letrado quiere esa medida para evitar una posible “disparidad de criterios inaceptable” entre ambos tribunales, que han adoptado decisiones distintas para los mismos delitos.
La fianza de Forcadell la ha pagado la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), que la acusada dirigió en el pasado y que este sábado, junto a otras entidades independentistas, ha convocado una manifestación en Barcelona.
La marcha tiene por objeto pedir la libertad de los exconsejeros del Ejecutivo catalán encarcelados, así como la de los líderes de dos asociaciones secesionistas, en prisión incondicional desde hace algunas semanas por sedición.
Washington (EFE).- Líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán mañana jueves a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, confirmó este miércoles la Casa Blanca.
«El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia», dijo en rueda de prensa la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt.
Leavitt indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano. «Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés», indicó.
La entidad también enviará a «miles de efectivos a la fuerza internacional de estabilización y a la policía local para mantener la seguridad y la paz de los habitantes de Gaza», agregó Leavitt.
PAISES FUNDADORES Y SUS ALIADOS
Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, han rechazado formar parte.
Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, anunciaron que viajarán a Washington para participar en la reunión.
También confirmaron su asistencia el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no estará presente en la capital estadounidense y en su lugar enviará a su ministro de Exteriores, Gideon Saar.
México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.
Internacionales
Trump dice que Cuba es una «nación fallida» aunque no cree necesario un cambio de régimen
- «Cuba es ahora mismo una nación fallida«, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.
Sin embargo, al ser preguntado si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: «No creo que eso sea necesario».
Situación energética y económica en Cuba
Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo a la isla comunista.
Cuba, con 9,6 millones de habitantes, dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.
Agencia AP
Moscú, Rusia.-Los dolientes se reunieron en Moscú el lunes para conmemorar dos años de la muerte bajo custodia del líder opositor ruso Alexei Navalny, bajo la sombra de una represión del Kremlin y apenas dos días después que un nuevo análisis reforzara las sospechas de que fue asesinado mediante envenenamiento.
Navalny murió en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero de 2024 cuando cumplía una condena de 19 años de prisión que muchos creían motivada políticamente. Su muerte a los 47 años dejó a la oposición rusa sin liderazgo y dividida, luchando por construir un frente eficaz o unido sin una de sus figuras más visibles y carismáticas.
En el segundo aniversario de la muerte de Navalny, analizamos la investigación más reciente sobre su causa y las repercusiones políticas que continúan, tanto dentro de Rusia como fuera de ella.
La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, y la suegra del líder opositor, Alla Abrosimova, estuvieron entre los dolientes que depositaron flores en su tumba. Un montículo de ramos se elevaba por encima de los espesos bancos de nieve que cubrían el cementerio Borisovsky de Moscú.
Representantes de varias embajadas europeas también le rindieron homenaje, observados por una presencia de seguridad llamativamente alta. Más tarde, un pequeño coro se reunió para cantar junto a la tumba de Navalny.
“Sabíamos que nuestro hijo no simplemente murió en prisión”, afirmó. “Fue asesinado”.
El Kremlin ha negado las acusaciones y ha sostenido que Navalny murió por causas naturales.
Naciones europeas afirman que Navalny fue envenenado
El aniversario coincide con la publicación de una declaración conjunta de cinco países europeos que señaló que Navalny fue envenenado por el Kremlin con una toxina rara y letal que se encuentra en la piel de las ranas dardo venenosas.
La declaración conjunta afirmó: “Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”.
En un homenaje escrito a Navalny el lunes, el presidente francés Emmanuel Macron también vinculó al Kremlin con la muerte del líder opositor.
“Hace dos años, el mundo se enteró de la muerte de Alexei Navalny. Rindo homenaje a su memoria”, escribió Macron en redes sociales. “Dije entonces que creía que su muerte lo decía todo sobre la debilidad del Kremlin y su miedo a cualquier oponente. Ahora está claro que esta muerte fue premeditada.
“La verdad siempre prevalece, mientras esperamos que la justicia haga lo mismo”, añadió.
Moscú ha negado categóricamente su implicación en la muerte de Navalny, al afirmar que el político se sintió mal después de salir a caminar.
Al ser cuestionado por periodistas el lunes sobre las acusaciones, el portavoz presidencial señaló que el Kremlin “no acepta tales acusaciones”.
“Las consideramos sesgadas e infundadas. De hecho, las rechazamos de manera tajante”, manifestó.
El anuncio del sábado se produjo cuando la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, asistía a la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania. Ella dijo que estuvo “segura desde el primer día” de que su esposo había sido envenenado, “pero ahora hay pruebas”.
“Putin mató a Alexei con un arma química”, escribió en redes sociales, y describió al líder ruso como “un asesino” que “debe rendir cuentas”.
Navalny fue objetivo de un envenenamiento anterior en 2020, con un agente nervioso, en un ataque que atribuyó al Kremlin, que siempre negó su participación. Su familia y sus aliados lucharon para que fuera trasladado en avión a Alemania para recibir tratamiento y recuperarse. Cinco meses después, regresó a Rusia, donde fue arrestado de inmediato y encarcelado durante los últimos tres años de su vida.
Oposición rusa lucha por iniciar un nuevo capítulo
Los aliados más cercanos de Navalny, así como otros miembros clave de la oposición rusa, continúan ahora su lucha desde el exilio.
A muchos se les han impuesto largas condenas de prisión en ausencia en Rusia y no pueden regresar a casa. Algunos han sido designados “terroristas y extremistas” por las autoridades, una etiqueta que también se aplicó a Navalny en enero de 2022.
Sin embargo, la oposición rusa no ha logrado formar un frente unido ni un plan de acción claro contra el Kremlin. En su lugar, grupos rivales han intercambiado acusaciones que algunos ven como intentos de desacreditarse entre sí y disputar influencia.
En una pequeña victoria para los activistas opositores, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), principal organismo europeo de derechos humanos, anunció a finales de enero la creación de un nuevo órgano —la Plataforma de Diálogo con las Fuerzas Democráticas Rusas— encargado de dar voz a los rusos de la oposición y una plataforma formal para interactuar con legisladores europeos.
Se ha presentado como una victoria para los rusos contrarios a la guerra, pero también atrajo críticas, ya que el órgano no fue elegido democráticamente. Miembros de la organización anticorrupción de Navalny también están ausentes del grupo.
En una declaración para conmemorar la muerte de Navalny, miembros rusos de la APCE señalaron que su muerte fue “un eslabón inevitable en una cadena de crímenes sistémicos del régimen del Kremlin contra sus propios ciudadanos y los ciudadanos de Estados extranjeros”.
“Alexei Navalny dio su vida por una Rusia libre”, indicó la declaración. “Estamos obligados a garantizar que su muerte no haya sido en vano”.