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Gobierno español celebra el regreso a la ley de los secesionistas catalanes
EFE
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
MADRID. El Gobierno español considera que las declaraciones ante la Justicia de los parlamentarios secesionistas catalanes supone un regreso de todos ellos a la legalidad constitucional.
El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, mostró ayer esa convicción, en la misma jornada en la que abandonó una prisión madrileña la presidenta del Parlamento regional catalán, Carmen Forcadell, después de abonar una fianza de 150.000 euros (unos 174.000 dólares).
La medida de prisión eludible con fianza fue adoptada en la noche del jueves por un juez del Tribunal Supremo español contra Forcadell y otros cuatro diputados pertenecientes a la Mesa de la Cámara autonómica, donde el 27 de octubre fue aprobada una declaración unilateral de independencia, anulada por el Constitucional con posterioridad.
En el transcurso del interrogatorio, los parlamentarios secesionistas dijeron que esa declaración tuvo un valor únicamente simbólico, en absoluto jurídico, y mostraron acatamiento a las medidas adoptadas ese mismo día de octubre por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional.
Entre ellas figuraban el cese del Gabinete catalán y la disolución del Parlamento regional, con la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, tras conocer las peticiones de penas de la Fiscalía – prisión incondicional – Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
Mientras los cuatro diputados disponen de una semana para abonar una fianza de 25.000 euros (unos 29.000 dólares) y evitar la cárcel, Forcadell no pudo reunir anoche la cantidad requerida, mucho mayor, y entró en prisión, aunque a primera hora de la tarde de ayer en
España cumplió la exigencia y dejó la cárcel.
El juez Pablo Llarena, además de la fianza, le impuso la obligación de entregar su pasaporte en el Supremo, cosa que ya ha hecho su abogado y la obligación de comparecer de manera regular ante un juzgado.
A través de la red Twitter, Forcadell dijo que volvió a Barcelona “con la conciencia tranquila por haber actuado correctamente, tras garantizar la liberad de expresión en el Parlamento”.
En cuanto a las declaraciones que los cinco hicieron en el Tribunal Supremo, suponen la constatación de que “la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad” en Cataluña, según el ministro Méndez de Vigo,
Esa misma idea ha sido subrayada por fuerzas defensoras de la vigencia de la Constitución, mientras los partidos secesionistas optaron por el silencio, mientras preparan las listas y los ejes de la campaña para los comicios regionales del 21 de diciembre.
Forcadell comparte abogado con el destituido vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, que está en prisión junto a otro siete exconsejeros desde la semana pasada, acusados de rebelión y sedición, los mismo delitos que la fiscalía atribuye a los parlamentarios secesionistas.
Los exintegrantes del Gabinete catalán están siendo procesados por la Audiencia Nacional, ya que – a diferencia de los diputados -carecen de protección jurídica especial, por lo que el abogado, Andreu Van den Eynde, pidió hoy al juez Llarena que asuma toda la causa en el Supremo
El letrado quiere esa medida para evitar una posible “disparidad de criterios inaceptable” entre ambos tribunales, que han adoptado decisiones distintas para los mismos delitos.
La fianza de Forcadell la ha pagado la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), que la acusada dirigió en el pasado y que este sábado, junto a otras entidades independentistas, ha convocado una manifestación en Barcelona.
La marcha tiene por objeto pedir la libertad de los exconsejeros del Ejecutivo catalán encarcelados, así como la de los líderes de dos asociaciones secesionistas, en prisión incondicional desde hace algunas semanas por sedición.
Agencia Efe
Un grupo de más de 150 haitianos fue deportado a Haití desde Estados Unidos este jueves, el primer grupo de los más de 300,000 haitianos que han pasado a ser ciudadanos indocumentados tras la decisión de la Administración estadounidense de no renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS).
Una fuente de la Cancillería haitiana confirmó a EFE que el grupo aterrizó en un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la ciudad de Cabo Haitiano (norte, la segunda del país).
El aeropuerto Toussaint Louverture, el principal de Haití ubicado en Puerto Príncipe, mantiene sus operaciones cerradas por el asedio de las poderosas bandas armadas que dominan gran parte de esa capital.
A finales de julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio por finalizado el TPS para más de 300,000 ciudadanos haitianos.
Esta medida se concretó luego de un fallo de la Corte Suprema que avaló la política de la Administración de Donald Trump, la cual argumenta que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente para permitir el retorno seguro, a pesar de las acciones de las pandillas.
Haití atraviesa una grave crisis en prácticamente todos los sectores del país, principalmente por la inseguridad causada por las bandas armadas. Miles de haitianos han sido desplazados de sus hogares y otros más sufren hambre.
Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular en los altísimos niveles de inseguridad.
Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2,310 muertos y 1,106 heridos. Las bandas armadas dominan cerca del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.