Opinión
Violencia de género, patiarcado y poder mafioso
Por Narciso Isa Conde
El capitalismo dominicano es neoliberal, patriarcal, racista, adulto-céntrico, dogmático-religioso, ecocida y gerenciado por elites partidocráticas y empresariales mafiosas.
Esto equivale a un modelo empobrecedor, privatizador, parasitario y súper explotador, en el que el predominio abrumador del lucro privado, la corrupción y la usura deterioran los programas sociales y el patrimonio público, destruye y contamina el patrimonio natural de la nación e impone una ideología profundamente conservadora y egoísta.
Equivale a un Estado y una clase dominante que ejercen y protegen la discriminación y la violencia brutal contra las mujeres, niñas y homosexuales. Que asume el poder masculino como absoluto, aplasta la libertad de opción sexual y potencia la dictadura de los adultos contra jóvenes y niños, y la del capital frente al trabajo.
Equivale, además, a un sistema medularmente racista, xenófobo (fomenta el odio contra los/as emigrantes pobres) y brutalmente anti-haitiano.
Equivale también a un sistema institucional asaltado por una gran variedad de mafias políticas, empresariales, policiales-militares; y por grandes bandas y/o carteles civiles que controlan los mecanismos de fiscalización, investigación y de acción justicia, para imponer un régimen de impunidad articulado y manipulado dictatorialmente desde la Presidencia de la República.
Equivale a la oficialización de diversas corrientes religiosas (con predominio de la católica romana), cuyas altas jerarquías son cómplices -por omisión o por promoción- de todos los atributos del sistema capitalista implantado y alimentan las discriminaciones impuestas y muy especialmente la que se relacionan con situar a la mujer como propiedad, instrumento de placer sexual y fuente de plusvalía por agobiantes trabajos domésticos no remunerado o precariamente compensado con salarios deplorables.
EL ALARMENTE AUGE DE LOS FEMENICIDIOS Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Este país ocupa actualmente el primer lugar de fenicios impunes en nuestra América.
Esto no escapa esa realidad al hecho de que la cultura patriarcal machista no solo no ha sido enfrentada a través de políticas públicas consistentes, sino a que además, desde todas la instituciones estatales -temporales (“electas”) y permanentes (fácticas)- y desde el poder económico, social e ideológico de la clase capitalista, esa cultura se reproduce y se potencia constantemente.
A esto se ha agregado que cada vez que el poder machista se siente desafiado (a nivel macro o micro) por una conciencia feminista en ascenso o por puntuales expresiones de independencia y rebeldía de mujeres sometidas, abusadas, maltratadas…sus integrantes se saben protegidos para responder con más violencia, las más de las veces criminal y grotescas.
La Policía, el Ministerio Público, los políticos del sistema, las cúpulas eclesiales (la católica en primer plano), los cogollos empresariales, gran parte de los militares y policías…los dueños del Estado y del poder socio-económico, los ejecutores de sus directrices, muchos y los más potentes medios de comunicación, y las agencias productoras de imágenes, publicidad e ideología…responden a ese patrón de dominación machista.
Casi todos los integrantes y beneficiarios de esa supremacía masculina, ejercida cotidianamente en forma abusiva y con expresiones aberrantes, se protegen entre sí con la enorme ventaja de que las instituciones y medios que controlan, y el carácter corrupto y corruptor de las entidades de investigación, fiscalización, justicia y creación de opinión, se prestan sistemáticamente a proteger los delitos de género y a garantizarle impunidad a favor de los hombres que lo cometen, así como a desproteger a las víctimas abusadas y en riesgo de perder la vida.
La represalia cruel frente a las denuncias y reacciones femeninas que procuran ponerle fin a la tortura “crónica”, se agrega a la permanente acumulación de sufrimientos; silenciados y tolerados, a sabiendas los victimarios de que sus desafueros cuentan con un orden de dominación que está de su lado y los respalda.
La acumulación de impunidad, aun frente a todas las críticas justas y a las valientes advertencias planteadas desde el crecimiento de la conciencia feminista -construida paso a paso y dolor a dolor por verdaderas heroínas y persistentes entidades y movimientos sociales que ha asumido la lucha contra las perversidades del patriarcado- es leída por el prepotente poder machista como licencia eterna para golpear, torturar y matar; lo que, entre otros factores, podría explicar el auge de las represalias violentas y de los femenicidios en esta nueva fase de la confrontación.
La insumisión imprescindible, que apunta hacia la liberación femenina respecto a la opresión patriarcal (junto a otras liberaciones sociales), al incrementar la inseguridad y situar al victimario frente a una rebeldía y una demanda de derechos que antes o no se registraba -o se producía en casos excepcionales-, podría estar aumentando su agresividad y generando más hechos de sangre y más violencia; amén de que antes se podían ocultar con más facilidad.
En casos en que la represalia o venganza machista se ejerce contra mujeres pobres o de familias pobres, menores, negras, mulatas o de origen haitiano… el cuadro de violación de derechos, desprotección e impunidad del crimen, se torna todavía más dramático.
• INDICADORES DE QUE CRECE LA CONTRAPARTIDA FEMENISTA.
Esto podría indicar que estamos entrando en una etapa de confrontación en la cual en el incremento de la criminalidad en la lucha por la equidad de género y por la plenitud de los derechos de las mujeres, tiene que ver no tanto con la fortaleza del dominio patriarcal -que sigue siendo tan brutal como inaceptable- sino probablemente con los albores de su decadencia. No olvidemos que los opresores no ceden voluntariamente sus status privilegiados, sino que lo defienden con garras criminales, ensañándose siempre contra la parte contraria… hasta que puedan.
Presiento no es una medición científica- que en medio de la tragedia descrita, la República Dominicana se encuentre entre los países del Continente que cuenta con un movimiento feminista, que si bien todavía es muy débil orgánicamente y sensiblemente deficitario en la asunción de la lucha antiimperialista y anticapitalista, en la asunción de la lucha por la emancipación social y política de las fuerzas del trabajo y en lo concerniente a otras liberaciones… ha sido muy eficaz en la defensa de los derechos de la mujer y en la creación de una conciencia sobre la cuestión de género, cada vez más colectiva y en constante y promisorio en crecimiento. Actúa como contrapartida promisoria.
Este aporte merece un reconocimiento, porque se trata de una labor heroica que será preciso intensificar, profundizar y complementar para derrotar la criminal ofensiva patriarcal en una fase dura, pero a la vez crucial; frente a un poder en descomposición, cada vez más ilegitimado en sus impugnables vertientes opresivas y mafiosas.
Ese valioso aporte femenino ha forzado al Estado patriarcal a ceder limitadamente en materia de leyes, mecanismos y representaciones formales, las cuales favorecen a la mujer en relación con otros tiempos de controles más absolutos; excluyendo la penalización del aborto terapéutico y otros arcaísmos grotescos impuestos por la curia católica y comparsa.
Estos limitados logros institucionales hay que aprovecharlos, pero siempre teniendo en cuenta que esos cambios son muy formales y cargados de simulaciones publicitarias y poses hipócritas.
En los centros fundamentales de poder y dominación, la cultura machista no solo es hegemónica, sino que se sigue reproduciendo y re-alimentando en grande; por lo que el esfuerzo decisivo consiste en subvertirla sin contemplaciones, junto a todas las modalidades imperantes de explotación, exclusión y opresión. No hay de otra. ( noticiassin.com, tercera semana de noviembre).
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?