Opinión
Violencia de género, patiarcado y poder mafioso
Por Narciso Isa Conde
El capitalismo dominicano es neoliberal, patriarcal, racista, adulto-céntrico, dogmático-religioso, ecocida y gerenciado por elites partidocráticas y empresariales mafiosas.
Esto equivale a un modelo empobrecedor, privatizador, parasitario y súper explotador, en el que el predominio abrumador del lucro privado, la corrupción y la usura deterioran los programas sociales y el patrimonio público, destruye y contamina el patrimonio natural de la nación e impone una ideología profundamente conservadora y egoísta.
Equivale a un Estado y una clase dominante que ejercen y protegen la discriminación y la violencia brutal contra las mujeres, niñas y homosexuales. Que asume el poder masculino como absoluto, aplasta la libertad de opción sexual y potencia la dictadura de los adultos contra jóvenes y niños, y la del capital frente al trabajo.
Equivale, además, a un sistema medularmente racista, xenófobo (fomenta el odio contra los/as emigrantes pobres) y brutalmente anti-haitiano.
Equivale también a un sistema institucional asaltado por una gran variedad de mafias políticas, empresariales, policiales-militares; y por grandes bandas y/o carteles civiles que controlan los mecanismos de fiscalización, investigación y de acción justicia, para imponer un régimen de impunidad articulado y manipulado dictatorialmente desde la Presidencia de la República.
Equivale a la oficialización de diversas corrientes religiosas (con predominio de la católica romana), cuyas altas jerarquías son cómplices -por omisión o por promoción- de todos los atributos del sistema capitalista implantado y alimentan las discriminaciones impuestas y muy especialmente la que se relacionan con situar a la mujer como propiedad, instrumento de placer sexual y fuente de plusvalía por agobiantes trabajos domésticos no remunerado o precariamente compensado con salarios deplorables.
EL ALARMENTE AUGE DE LOS FEMENICIDIOS Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Este país ocupa actualmente el primer lugar de fenicios impunes en nuestra América.
Esto no escapa esa realidad al hecho de que la cultura patriarcal machista no solo no ha sido enfrentada a través de políticas públicas consistentes, sino a que además, desde todas la instituciones estatales -temporales (“electas”) y permanentes (fácticas)- y desde el poder económico, social e ideológico de la clase capitalista, esa cultura se reproduce y se potencia constantemente.
A esto se ha agregado que cada vez que el poder machista se siente desafiado (a nivel macro o micro) por una conciencia feminista en ascenso o por puntuales expresiones de independencia y rebeldía de mujeres sometidas, abusadas, maltratadas…sus integrantes se saben protegidos para responder con más violencia, las más de las veces criminal y grotescas.
La Policía, el Ministerio Público, los políticos del sistema, las cúpulas eclesiales (la católica en primer plano), los cogollos empresariales, gran parte de los militares y policías…los dueños del Estado y del poder socio-económico, los ejecutores de sus directrices, muchos y los más potentes medios de comunicación, y las agencias productoras de imágenes, publicidad e ideología…responden a ese patrón de dominación machista.
Casi todos los integrantes y beneficiarios de esa supremacía masculina, ejercida cotidianamente en forma abusiva y con expresiones aberrantes, se protegen entre sí con la enorme ventaja de que las instituciones y medios que controlan, y el carácter corrupto y corruptor de las entidades de investigación, fiscalización, justicia y creación de opinión, se prestan sistemáticamente a proteger los delitos de género y a garantizarle impunidad a favor de los hombres que lo cometen, así como a desproteger a las víctimas abusadas y en riesgo de perder la vida.
La represalia cruel frente a las denuncias y reacciones femeninas que procuran ponerle fin a la tortura “crónica”, se agrega a la permanente acumulación de sufrimientos; silenciados y tolerados, a sabiendas los victimarios de que sus desafueros cuentan con un orden de dominación que está de su lado y los respalda.
La acumulación de impunidad, aun frente a todas las críticas justas y a las valientes advertencias planteadas desde el crecimiento de la conciencia feminista -construida paso a paso y dolor a dolor por verdaderas heroínas y persistentes entidades y movimientos sociales que ha asumido la lucha contra las perversidades del patriarcado- es leída por el prepotente poder machista como licencia eterna para golpear, torturar y matar; lo que, entre otros factores, podría explicar el auge de las represalias violentas y de los femenicidios en esta nueva fase de la confrontación.
La insumisión imprescindible, que apunta hacia la liberación femenina respecto a la opresión patriarcal (junto a otras liberaciones sociales), al incrementar la inseguridad y situar al victimario frente a una rebeldía y una demanda de derechos que antes o no se registraba -o se producía en casos excepcionales-, podría estar aumentando su agresividad y generando más hechos de sangre y más violencia; amén de que antes se podían ocultar con más facilidad.
En casos en que la represalia o venganza machista se ejerce contra mujeres pobres o de familias pobres, menores, negras, mulatas o de origen haitiano… el cuadro de violación de derechos, desprotección e impunidad del crimen, se torna todavía más dramático.
• INDICADORES DE QUE CRECE LA CONTRAPARTIDA FEMENISTA.
Esto podría indicar que estamos entrando en una etapa de confrontación en la cual en el incremento de la criminalidad en la lucha por la equidad de género y por la plenitud de los derechos de las mujeres, tiene que ver no tanto con la fortaleza del dominio patriarcal -que sigue siendo tan brutal como inaceptable- sino probablemente con los albores de su decadencia. No olvidemos que los opresores no ceden voluntariamente sus status privilegiados, sino que lo defienden con garras criminales, ensañándose siempre contra la parte contraria… hasta que puedan.
Presiento no es una medición científica- que en medio de la tragedia descrita, la República Dominicana se encuentre entre los países del Continente que cuenta con un movimiento feminista, que si bien todavía es muy débil orgánicamente y sensiblemente deficitario en la asunción de la lucha antiimperialista y anticapitalista, en la asunción de la lucha por la emancipación social y política de las fuerzas del trabajo y en lo concerniente a otras liberaciones… ha sido muy eficaz en la defensa de los derechos de la mujer y en la creación de una conciencia sobre la cuestión de género, cada vez más colectiva y en constante y promisorio en crecimiento. Actúa como contrapartida promisoria.
Este aporte merece un reconocimiento, porque se trata de una labor heroica que será preciso intensificar, profundizar y complementar para derrotar la criminal ofensiva patriarcal en una fase dura, pero a la vez crucial; frente a un poder en descomposición, cada vez más ilegitimado en sus impugnables vertientes opresivas y mafiosas.
Ese valioso aporte femenino ha forzado al Estado patriarcal a ceder limitadamente en materia de leyes, mecanismos y representaciones formales, las cuales favorecen a la mujer en relación con otros tiempos de controles más absolutos; excluyendo la penalización del aborto terapéutico y otros arcaísmos grotescos impuestos por la curia católica y comparsa.
Estos limitados logros institucionales hay que aprovecharlos, pero siempre teniendo en cuenta que esos cambios son muy formales y cargados de simulaciones publicitarias y poses hipócritas.
En los centros fundamentales de poder y dominación, la cultura machista no solo es hegemónica, sino que se sigue reproduciendo y re-alimentando en grande; por lo que el esfuerzo decisivo consiste en subvertirla sin contemplaciones, junto a todas las modalidades imperantes de explotación, exclusión y opresión. No hay de otra. ( noticiassin.com, tercera semana de noviembre).
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.