Opinión
Violencia de género, patiarcado y poder mafioso
Por Narciso Isa Conde
El capitalismo dominicano es neoliberal, patriarcal, racista, adulto-céntrico, dogmático-religioso, ecocida y gerenciado por elites partidocráticas y empresariales mafiosas.
Esto equivale a un modelo empobrecedor, privatizador, parasitario y súper explotador, en el que el predominio abrumador del lucro privado, la corrupción y la usura deterioran los programas sociales y el patrimonio público, destruye y contamina el patrimonio natural de la nación e impone una ideología profundamente conservadora y egoísta.
Equivale a un Estado y una clase dominante que ejercen y protegen la discriminación y la violencia brutal contra las mujeres, niñas y homosexuales. Que asume el poder masculino como absoluto, aplasta la libertad de opción sexual y potencia la dictadura de los adultos contra jóvenes y niños, y la del capital frente al trabajo.
Equivale, además, a un sistema medularmente racista, xenófobo (fomenta el odio contra los/as emigrantes pobres) y brutalmente anti-haitiano.
Equivale también a un sistema institucional asaltado por una gran variedad de mafias políticas, empresariales, policiales-militares; y por grandes bandas y/o carteles civiles que controlan los mecanismos de fiscalización, investigación y de acción justicia, para imponer un régimen de impunidad articulado y manipulado dictatorialmente desde la Presidencia de la República.
Equivale a la oficialización de diversas corrientes religiosas (con predominio de la católica romana), cuyas altas jerarquías son cómplices -por omisión o por promoción- de todos los atributos del sistema capitalista implantado y alimentan las discriminaciones impuestas y muy especialmente la que se relacionan con situar a la mujer como propiedad, instrumento de placer sexual y fuente de plusvalía por agobiantes trabajos domésticos no remunerado o precariamente compensado con salarios deplorables.
EL ALARMENTE AUGE DE LOS FEMENICIDIOS Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Este país ocupa actualmente el primer lugar de fenicios impunes en nuestra América.
Esto no escapa esa realidad al hecho de que la cultura patriarcal machista no solo no ha sido enfrentada a través de políticas públicas consistentes, sino a que además, desde todas la instituciones estatales -temporales (“electas”) y permanentes (fácticas)- y desde el poder económico, social e ideológico de la clase capitalista, esa cultura se reproduce y se potencia constantemente.
A esto se ha agregado que cada vez que el poder machista se siente desafiado (a nivel macro o micro) por una conciencia feminista en ascenso o por puntuales expresiones de independencia y rebeldía de mujeres sometidas, abusadas, maltratadas…sus integrantes se saben protegidos para responder con más violencia, las más de las veces criminal y grotescas.
La Policía, el Ministerio Público, los políticos del sistema, las cúpulas eclesiales (la católica en primer plano), los cogollos empresariales, gran parte de los militares y policías…los dueños del Estado y del poder socio-económico, los ejecutores de sus directrices, muchos y los más potentes medios de comunicación, y las agencias productoras de imágenes, publicidad e ideología…responden a ese patrón de dominación machista.
Casi todos los integrantes y beneficiarios de esa supremacía masculina, ejercida cotidianamente en forma abusiva y con expresiones aberrantes, se protegen entre sí con la enorme ventaja de que las instituciones y medios que controlan, y el carácter corrupto y corruptor de las entidades de investigación, fiscalización, justicia y creación de opinión, se prestan sistemáticamente a proteger los delitos de género y a garantizarle impunidad a favor de los hombres que lo cometen, así como a desproteger a las víctimas abusadas y en riesgo de perder la vida.
La represalia cruel frente a las denuncias y reacciones femeninas que procuran ponerle fin a la tortura “crónica”, se agrega a la permanente acumulación de sufrimientos; silenciados y tolerados, a sabiendas los victimarios de que sus desafueros cuentan con un orden de dominación que está de su lado y los respalda.
La acumulación de impunidad, aun frente a todas las críticas justas y a las valientes advertencias planteadas desde el crecimiento de la conciencia feminista -construida paso a paso y dolor a dolor por verdaderas heroínas y persistentes entidades y movimientos sociales que ha asumido la lucha contra las perversidades del patriarcado- es leída por el prepotente poder machista como licencia eterna para golpear, torturar y matar; lo que, entre otros factores, podría explicar el auge de las represalias violentas y de los femenicidios en esta nueva fase de la confrontación.
La insumisión imprescindible, que apunta hacia la liberación femenina respecto a la opresión patriarcal (junto a otras liberaciones sociales), al incrementar la inseguridad y situar al victimario frente a una rebeldía y una demanda de derechos que antes o no se registraba -o se producía en casos excepcionales-, podría estar aumentando su agresividad y generando más hechos de sangre y más violencia; amén de que antes se podían ocultar con más facilidad.
En casos en que la represalia o venganza machista se ejerce contra mujeres pobres o de familias pobres, menores, negras, mulatas o de origen haitiano… el cuadro de violación de derechos, desprotección e impunidad del crimen, se torna todavía más dramático.
• INDICADORES DE QUE CRECE LA CONTRAPARTIDA FEMENISTA.
Esto podría indicar que estamos entrando en una etapa de confrontación en la cual en el incremento de la criminalidad en la lucha por la equidad de género y por la plenitud de los derechos de las mujeres, tiene que ver no tanto con la fortaleza del dominio patriarcal -que sigue siendo tan brutal como inaceptable- sino probablemente con los albores de su decadencia. No olvidemos que los opresores no ceden voluntariamente sus status privilegiados, sino que lo defienden con garras criminales, ensañándose siempre contra la parte contraria… hasta que puedan.
Presiento no es una medición científica- que en medio de la tragedia descrita, la República Dominicana se encuentre entre los países del Continente que cuenta con un movimiento feminista, que si bien todavía es muy débil orgánicamente y sensiblemente deficitario en la asunción de la lucha antiimperialista y anticapitalista, en la asunción de la lucha por la emancipación social y política de las fuerzas del trabajo y en lo concerniente a otras liberaciones… ha sido muy eficaz en la defensa de los derechos de la mujer y en la creación de una conciencia sobre la cuestión de género, cada vez más colectiva y en constante y promisorio en crecimiento. Actúa como contrapartida promisoria.
Este aporte merece un reconocimiento, porque se trata de una labor heroica que será preciso intensificar, profundizar y complementar para derrotar la criminal ofensiva patriarcal en una fase dura, pero a la vez crucial; frente a un poder en descomposición, cada vez más ilegitimado en sus impugnables vertientes opresivas y mafiosas.
Ese valioso aporte femenino ha forzado al Estado patriarcal a ceder limitadamente en materia de leyes, mecanismos y representaciones formales, las cuales favorecen a la mujer en relación con otros tiempos de controles más absolutos; excluyendo la penalización del aborto terapéutico y otros arcaísmos grotescos impuestos por la curia católica y comparsa.
Estos limitados logros institucionales hay que aprovecharlos, pero siempre teniendo en cuenta que esos cambios son muy formales y cargados de simulaciones publicitarias y poses hipócritas.
En los centros fundamentales de poder y dominación, la cultura machista no solo es hegemónica, sino que se sigue reproduciendo y re-alimentando en grande; por lo que el esfuerzo decisivo consiste en subvertirla sin contemplaciones, junto a todas las modalidades imperantes de explotación, exclusión y opresión. No hay de otra. ( noticiassin.com, tercera semana de noviembre).
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.