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JCE dice 20% acciones de Indra son del gobierno español y advierte que no acepta directrices
SANTO DOMINGO. La defensa asumida por la Embajada de España en el país, de los intereses de la empresa Indra Sistema, que suplió los equipos informáticos a la Junta Central Electoral (JCE), se debe a que el 20% de la parte corporativa de dicha empresa pertenecen al Estado español.
La revelación la hizo el presidente del organismo de elecciones dominicano, Julio César Castaños Guzmán, quien la semana pasada sostuvo una reunión de más de dos horas con el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego y los ejecutivos de la empresa suplidora.
“El hecho de que es una inversión de una compañía española y habiendo un acuerdo firmado en el 1995 entre el Estado Español y la República Dominica es perfectamente viable, posible y natural que la diplomacia española, en función a la defensa a los intereses a una compañía que tiene esas particularidades, intervenga”, enfatizó.
Precisó que los españoles están reclamando una deuda de US$13.9 millones, para lo cual se están acogiendo a los términos del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana, firmado en marzo de 1995. Dicho acuerdo establece que las controversias que surjan entre un inversionista y la parte contratante y no pudieran ser resueltas en un plazo de seis meses irían a un Tribunal de Arbitraje ad-hoc.
Al respecto, Castaños Guzmán aseguró que, de llegar a la justicia, el caso deberá ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana, porque así lo establece el contrato firmado con esa compañía en diciembre del 2015. En consecuencia, descartó un tribunal de arbitraje.
Afirmó que la JCE no está en disposición de hacer el pago correspondiente hasta tanto la Cámara de Cuentas establezca el estatus financiero con Indra.
Dijo que existe la posibilidad de recurrir a algún tipo de indemnización por el pobre desempeño de los equipos suplidos por Indra.
“Esta Junta es absolutamente soberana en las decisiones que va a tomar sobre el particular y, además, es incorruptible e ingobernable y nadie absolutamente nadie puede pretender ponerle directrices a esta institución que es absolutamente soberana”, aseveró.
Asimismo, Castaños Guzmán destacó que el último pago realizado por esa institución a Indra Sistema fue en junio del pasado año 2016, lo que pone en evidencia que la anterior administración de la JCE no pagó; “o sea, tenía algún grado de insatisfacción”.
La Junta notificará a la empresa Indra que en virtud al Código Civil recurrirá a la suspensión del plazo de prescripción de los dos años de la responsabilidad contractual a vencerse el próximo 5 de diciembre.
En un espacio de 1,700 metros, la JCE guarda los más de 42 mil equipos de registro de concurrentes, impresoras y de escrutinios de los votos utilizados en las pasadas elecciones. En el almacén, ubicado a escasos metros de la sede principal, se guardan en cajas y protegidos con lonas, los equipos de tecnología.
En el área sólo funcionan ventiladores, los cuales no dan abasto para refrescar el amplio salón que cuesta a la Junta mensualmente US$15 mil. Conforme al desglose en el lugar hay 16,244 equipos de registros de recurrentes; 16,187 impresoras y 16,134 unidades para el escrutinio de los votos.
diariolibre.com
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.