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Comerciantes esperan llenar expectativas de ventas por impacto del Viernes Negro
¡Llegó el Black Friday! Los compradores se activan en busca de ofertas
SANTO DOMINGO. Las ventas del mes de noviembre, las cuales han estado dominadas por las ofertas del Black Friday o Viernes Negro, cada año vienen aumentando y para esta ocasión se espera que superen las del 2016, las cuales, según las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), alcanzaron los RD$60,426 millones, en lo que respecta a las operaciones gravadas.
Además, de acuerdo con las estadísticas de la DGII, las ventas reportadas por el sector comercio han venido creciendo en el mes de noviembre de los últimos años.
Se puede ver que las ventas reportadas por el comercio en noviembre de 2016 fueron superiores en más de RD$5,406.7 millones con respecto al 2015, cuando se reportaron RD$55,019.3 millones.
Así también las ventas reportadas por este sector en noviembre de 2015 superaron en más de RD$4,857 millones las de 2014 cuando se registraron RD$50,162.1 millones.
Desde hace varios días, los establecimientos comerciales comenzaron a ofertar diversos productos como calentamiento para el tan esperado Black Friday. En un recorrido realizado por Diario Libre, cientos de personas acudieron ayer a los negocios que colocaron grandes descuentos a su clientela antes del 24 de noviembre.
Con descuentos que van desde 10% hasta 70%, los ciudadanos podrán optar por una de las ofertas colocadas por las empresas para este Black Friday o Viernes Negro, actividad comercial que tiene sus orígenes en Estados Unidos.
Hay más calidad, más productos y mejores ofertas, son parte de las declaraciones de los supervisores y directores de tiendas entrevistados por este medio.
“Aquí tú encuentras hasta un 50% de descuento en todos los departamentos. Nosotros abrimos a las seis de la mañana y desde esa hora la tienda está llena de gente. Esto fue un precalentamiento”, expresó uno de los entrevistados por Diario Libre.
La mayoría coincidieron que mañana saben a la hora que van abrir, pero no cuándo “vayamos a cerrar”.
Clientes entrevistados consideran que son buenos los especiales, aunque otros aseguran que no valió la pena esperar porque artículos que antes costaban RD$14,000 hoy están a RD$12,999.
“Yo duré seis meses ahorrando de chin a chin para comprar un televisor plasma y hoy sólo encuentro mil pesos de descuento. Pensé que por lo menos, lo llevarían a diez mil pesos. Esta gente lo que hace es jugar con la mente de nosotros y uno que lo necesita no tiene otra opción que llevárselo”, expresó Miguel Ángel Castillo, quien se gana la vida como peluquero.
Los productos más ofertados son ropas, calzados, electrodomésticos, vehículos, artículos ferreteros. También productos de las empresas telefónicas, supermercados, entidades bancarias, tiendas por departamentos, tiendas de electrodomésticos, muebles, colchonerías, centros de servicio automotriz, dealers, comida rápida, entre otros. El presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), José Luis Magadán, dijo a Diario Libre que este año buscan superar las expectativas que tuvieron el año, por lo que asegura que los comercios están preparados para recibir todos los clientes que busquen adquirir productos hoy viernes.
Ante la guerra de ofertas a la que son sometidos los ciudadanos por todos los establecimientos comerciales en esta época, la mercadóloga, experta en comportamiento del consumidor y coordinadora de la carrera de Mercadeo del INTEC, Sandra Pimentel, dice que los ciudadanos deben hacer todo un proceso de reconocimiento para detectar si van a necesitar el producto que se disponen adquirir.
“Recomiendo a los consumidores no dejarse llevar por el impulso, por el yo quiero, porque a la larga los usuarios tienden a endeudarse más de lo normal y no lo razonan ni lo piensan en ese momento. Hacer un acto y pensar si realmente necesitan eso”, expresó.
“Pro Consumidor te respalda en Black Friday”, es la campaña que desarrolla la Institución del Estado dominicano encargada de la protección y defensa de los derechos de los consumidores para este Viernes Negro, donde hace seis recomendaciones a todas las personas que saldrán a las calles este 24 de noviembre a comprar productos.
Recomienda hacer una lista de lo necesario para evitar las compras compulsivas; solicitar la garantía, plazo de duración, condiciones de instalación y que esté escrita en idioma español; preguntar por la política de cambio, la factura debe ir con el producto que adquirió y pida que lo prueben.
También, Pro Consumidor sugiere verificar que el artículo tenga un manual y que el mismo esté dentro del paquete; comparar precios y, por último, Pro Consumidor exhorta a los clientes a conservar los documentos de su compra para posibles reclamaciones futuras.
Dijo, además, que estarán comprobando la veracidad y exactitud de los comercios que dispongan de las denominadas “ofertas”, “remates” o “liquidaciones”.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.