Nacionales
Una por día…matan cuatro mujeres en un fin de semana
Batista Ogando no había aceptado que Geraldine siguiera su vida y mandó a asesinar a un joven con quien mantenía una relación, en el año 2015.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Durante cuatro días, cada mañana el pueblo dominicano se despertó con la noticia de la muerte de una mujer a manos de su pareja o expareja y justo al conmemorarse el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
Geraldine Sánchez y su homicida, Martín Batista.
El pasado viernes 24, horas antes del mediodía, surgió la noticia de que una joven había sido lanzada al pavimento desde el vehículo de su expareja con quien estaba supuestamente conversando.
Este le realizó un disparo y luego la lanzó del vehículo, a las afueras de su lugar de trabajo. “La había llamado para que saliera porque tenía que entregarle pañales y leche para el hijo de ambos”, según versiones de sus compañeros.
Geraldine Sánchez Baldera de 28 años había concluido la relación con Martín Batista Ogando, de 30, con quien procreó a un hijo de dos años.
Supuestamente Batista Ogando no había aceptado que Geraldine siguiera su vida y mandó a asesinar a un joven con quien mantenía una relación, en el año 2015.
Sábado
Yuleisi Martínez y su agresor, Gabriel Ortíz
El sábado 25 de noviembre fue encontrado ahorcado en las inmediaciones del Faro a Colón el cuerpo del raso Gabriel Ortiz, quien se suicidó tras propinarle 16 puñaladas a su pareja Yuleisi Martínez en el sector Almirante.
Los vecinos establecieron que Ortiz, miembro del Ejercito de la República Dominicana, permaneció por varias horas caminando en los alrededores del monumento histórico y luego fue hallado por tres niños que advirtieron del hecho.
Domingo
Mientras en horas de la noche, una mujer conocida como Ana de León supuestamente compartió de manera normal con su expareja en un negocio del sector Los Tres Brazos y luego fue encontrada muerta junto a él.
Según vecinos, la mujer de 35 años y Luis Gonzalo, de 45, se marcharon a la casa de la víctima quien supuestamente llevaba cuatro meses separada de su victimario.Ana de León junto a su homicida, Luis Gonzalo.
Ana de León junto a su homicida, Luis Gonzalo.
Supuestamente, De León inició una relación con Gonzalo y luego se enteró que este estuvo preso durante nueve años por asesinar a su expareja a principio del 2000.
Los encontraron en horas de la madrugada del domingo 26 de noviembre, encerrados en la casa de De León. Gonzalo le infringió varias puñaladas a su expareja y luego se suicidó utilizando la misma arma blanca con la que cometió el asesinato.
Sus vecinos añadieron que al encontrarse con su victimario en el negocio de los Tres Brazos, le externó que él le “pagaría todo lo que había hecho en su contra”.
Lunes
La mañana del lunes 27 de noviembre se escuchó la noticia que de tempranas horas se había divulgado en páginas de internet informativas del municipio de Boca Chica, otro feminicidio.
Johan Antonio Rodríguez Contreras, alias el “Americano”, ultimó a puñaladas a Ani Mojica Ramírez, frente a los tres hijos de la víctima.
Ani Mojica Ramírez, asesinada por su pareja.
Sus hijos vieron el último suspiro de Mojica, cuando se encontraba tirada en el piso de la cocina de la casa. “Mi mamá, mi hermanita y yo estábamos mirando una película, y ahí llegó mi padrastro borracho, agarró a mi mamá y la mató con dos cuchillos”.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.