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Caso Yuniol Ramírez: Solicitud de arresto internacional contra Argenis Contreras no aparece en Interpol
La información de que fue puesta la alerta sobre Contreras González fue reiterada a Acento este miércoles por la directora de Comunicaciones de la Procuraduría, Julieta Tejada, quien dijo que la petición se hizo “el mismo momento que el MP inició la investigación”
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A pesar de que al iniciar las investigaciones por el homicidio del abogado Yuniol Ramírez, y que la Procuraduría General de la República informó que se había expedido una solicitud de orden de captura por ante la Organización de la Policía Internacional (INTERPOL), en la entidad internacional, el nombre de Argenis Contreras González no aparece.
Al efectuar una exploración a través del buscador “Wanted Persons” de Interpol, disponible su portal web, sobre las personas buscadas por República Dominicana, sólo aparecen dos coincidencias: Milciades de Jesús Santana, de 50 años de edad, buscado por trata de seres humanos y falsificación de documentos de viajes, y Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), de 36 años, buscado por homicidio.
Sólo aparecen dos coincidencias: Milciades de Jesús Santana, de 50 años de edad, buscado por trata de seres humanos y falsificación de documentos de viajes, y Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), de 36 años, buscado por homicidio.
Sólo aparecen dos coincidencias: Milciades de Jesús Santana, de 50 años de edad, buscado por trata de seres humanos y falsificación de documentos de viajes, y Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), de 36 años, buscado por homicidio.
También se buscó el apellido Contreras en el portal, con independencia del país que requiere a personas con dicho nombre, lo que tampoco arrojó coincidencias, algo que sí ocurre al buscar el apellido Castillo.
El pasado 19 de octubre de este año, la Procuraduría “recordó” mediante una nota de prensa que por el caso de la muerte del catedrático y presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (Cona) que fue solicitada la imposición de un año de prisión preventiva en contra del prófugo Argenis Contreras González, y que pesaba en su contra una orden de captura internacional por ante la INTERPOL.
La comunicación Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra tres implicados en muerte abogado Yuniol Ramírez se encuentra colgada en su portal institucional.
La información de que fue puesta la alerta sobre Argenis Contreras González fue reiterada a Acento este miércoles por la directora de Comunicaciones de la Procuraduría, Julieta Tejada, quien dijo que la petición se hizo “el mismo momento que el MP inició la investigación”.
Hace un mes tampoco apareció
No es la primera vez que se busca a Argenis Contreras González en INTERPOL y no apareció.
El pasado 7 de noviembre, el periódico El Nuevo Diario publicó un artículo en el que indicaba que no figuraba una orden de captura o alerta en contra de Contreras González.
El diario se hizo eco de una publicación efectuada por la Organización Internacional, en la que dio a conocer una lista donde aparecen cientos de personas, incluyendo 18 dominicanos – 17 hombres y una mujer –, buscadas por diferentes delitos que se les imputan.
Sin embargo, entre estos no apareció Argenis Contreras González. Tampoco está claro si su nombre está en el sistema interno de ese organismo, en proceso de publicación.
En cambio sí fue publicado en esa lista el nombre Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), una persona de interés para las autoridades dominicanas y cuyo caso se convirtió en viral casi a la vez que el caso de Yuniol Ramírez.
acento.com.do
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.