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Los daños también afectaron terreno, ascensores, vidrios
Santo Domingo.- Múltiples daños de estructura, transmisiones y hasta en el terreno de juego cedieron ante la embestida del incendio que por unas tres horas afectó sensiblemente, el pasado miércoles, el área del palco de prensa y cabina de transmisión en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
Todas las ventanas en cristales ubicadas en la parte frontal justo al lado de donde está ubicado un amplio busto de Marichal, pegado a la pared (no la estatua que esá en el frente) , así como en la parte posterior del parque volaron en su totalidad ante el fuego que inició pasadas las 6:25 de la tarde del miércoles , provocando la suspensión del partido que efectuarían Gigantes frente al Escogido y que detiene las actividades beisboleras, al menos en ese escenario hasta el próximo martes.
Escombros. Gran parte de los escombros que quedaron.
El salón de actos, las cabinas de transmisión, el palco de prensa con su respectiva área, una pequeña cafetería y los baños quedaron hechos trizas por el siniestro que de inmediato altera la realización del Round Robin.
Los ascensores quedaron fuera de servicio ante la destrucción de las computadoras (o cerebros) que permite su manejo, tanto en la parte que conduce al llamado “séptimo cielo”, como al que está ubicado en la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol.
Daños en el terreno
Mientras que el terreno sufrió algunos daños, principalmente en la parte del pentágono donde fue apostado el camión grua que permitió que se echara el agua para sofocar el incendio en la parte posterior. También en la parte derecha cerca de la zona d foul por donde transitaron los camiones de bomberos y otras camionetas que penetraron al estadio.
Según fue enterado Listín Diario unos 800 metros de grama deberán debidamente siendo reacondicionados y los trabajos iniciaron ayer mismo.
Cabina de transmisión
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César Rosario, productor de las transmisiones de radio para los equipos capitalinos, Licey y Escogido, expresó que el siniestro se llevó por completo tres consolas, ocho microfonos Head Set; dos procesadores de audio; dos tarjetas USB; Dos Encouder, que es donde se realiza el enlace IP.
“Todos estos equipos eran de última generación, comprados en Estados Unidos”, señaló Rosario, quien agregó que las pérdidas ascienden a unos 10 mil dólares, que equivale a casi medio millón de pesos.
Personal de ambos equipos informaron que ayudarán a readquirir los equipos, mientras que el productor expresó que se preparan para poder llevar el martes las incidencias de la reanudación de los partidos en el parque Quisqueya.
200 hombres trabajando.
El ingeniero Ramón Pepín, Viceministro de Obras Públicas expresó que una brigada de 300 hombres laborará las 24 horas del día para poner el Quisqueya en óptimas condiciones para seguir jugando.
“Ya el equipo de experto de Obras Públicas realizó las evaluaciones de rigor, la estructura que sostiene el palco de prensa está sana, no sufrió daños”, expresó el profesional durante la conferencia de prensa efectuada ayer en el salón de actos de la Liga de Béisbol.
Aunque Pepín señaló que el llamado “Séptimo Cielo” el área más pintoresca e histórica en el parque será removido en su totalidad para dar paso a la construcción de un nuevo espacio. Se prevee, por el momento, garantizar la seguridad de la fanaticada que asiste al estadio.
En lo adelante, las compañias Claro y Cerveza Presidente cederán parte de sus espacios que tienen en el estadio para ser ocupados por los periodistas. Un total de 52 asientos estarán disponibles para la prensa.
Anunció que tres compañías, Acero Estrellas, Malespin y Pimsa estarán laborando para corregir los daños ocasionados por el fuego a una de las más antiguas estructuras deportivas
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.