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Arranca este sábado la segunda fase del operativo de fin de año
SANTO DOMINGO. Instituciones del Estado, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), inician este sábado, a las 2:00 de la tarde, la segunda fase del operativo “Alegría Navideña por los Valores y tu Seguridad, 2017-2018”.
En la jornada que termina el 1ro de enero a las 6:00 de la tarde, participarán 37,714 personas, pero esta vez habrá un reforzamiento de las medidas de prevención en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y San Cristóbal, que fueron los lugares donde hubo mayores incidentes durante la primera fase.
De acuerdo con el general Juan Manuel Méndez, director del COE, habrá 1,631 puestos de socorro en todas las principales autopistas y carreteras del país, así como 132 ambulancias, tres helicópteros, 90 unidades de respuesta inmediata, 30 grúas, igual cantidad de talleres móviles, 30 autobuses y 9 centros de mandos regionales.
“Esas provincias arrojaron mayor índice de casos con relación a la primera fase y sobre todo en porcentaje… y hacemos un llamado a los padres para que estén pendientes de los niños por el tema de los 26 intoxicados por alcohol”, sostuvo. Méndez dijo que para evitar accidentes e incidentes es necesaria la colaboración ciudadana.
El Instituto Nacional Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inició su operativo de inspección de los autobuses de rutas interurbanas como forma de prevenir accidentes.
La jornada comenz+o en la capital en las terminales de autobuses de las rutas de Higüey y La Romana.
Son verificados los neumáticos de autobuses, la presión de aire, las luces y garantizar que todos los pasajeros viajen sentados. Hasta ayer se había inspeccionado 2,433 vehículos. La directora del INTRANT, Claudia Franchesca de los Santos, dijo que el mismo operativo se realiza en Santiago y otras zonas.
De su lado, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Comisión Militar y Policial empezó ayer el desplazamiento de los vehículos que trabajan en las autopistas y carreteras para prevenir accidentes. Más de 480 vehículos fueron despachados a las principales carreteras y autopistas del país para trabajar bajo la coordinación del COE.
Debido a los espectáculos de fin de año en el Gran Santo Domingo, la Autoridad Metropolitana deTransporte (AMWT) trazó rutas alternas. En el polígono central, los vehículos transitarán, en dirección Norte-Sur, por la Lope de Vega, Max Henríquez Ureña y Manuel de Jesús Troncoso hasta la 27 de Febrero y Sur-Norte desde la 27, Federico Gerardino, Julio Aybar, Agustín Lara, Lope de Vega por el acto Navidad Urbana en el Parque La Lira.
De igual manera se trazarán nuevas rutas en la avenida Venezuela, el Malecón y la avenida España.
Para esta segunda fase se prohibió el tránsito de vehículos pesados por la carreteras, excepto los autorizados, se limitó la velocidad a 80 kilómetros por hora y se prohibió más de dos personas en una motocicleta y en la parte trasera de camionetas.
Cierran oficinas y bancos
Las oficinas publicas en su mayoría trabajaron hasta ayer, los tribunales cerraron al mediodía y retornan el martes 2 de enero. Mientras que los bancos comerciales trabajarán hasta el mediodía de hoy.
La gente sale hacia pueblos
Las terminales de autobuses están repleta de pasajeros.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.