Economía
Las normas antilavado consideran sospechosas operaciones de ONG
Transacciones de cooperativas también están en la mira de las autoridades
SANTO DOMINGO. Las nuevas normas publicadas el viernes pasado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obligan a los registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, a los empresarios de la construcción y agentes inmobiliarios, a los joyeros, armeros y dueños de casas de empeño a reportar como sospechosa cualquier operación en la que participen asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre otras.
Esas estructuras permiten a esas organizaciones, según las nuevas normas del ente tributario, “mantener un perfil bajo y unos cuantiosos recursos aparentemente propios de la actividad y que son consideradas a nivel internacional como de alto riesgo”.
Las normas antilavado colocan a las transacciones de las ONG, fundaciones, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro en la misma categoría de aquellas operaciones por elevados montos de clientes que no tienen perfil económico para hacerlas, o aquellas que lucen irregulares porque el cliente no ofrece soportes sobre el origen de sus fondos o presenta datos falsos o incompletos. En todos esos casos, los sujetos obligados tendrán cinco días hábiles tras la operación para reportarla a la Unidad de Análisis Financiero, que trabaja con los diferentes organismos que participan en la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos, la 155-17.
Además de donaciones, hay asociaciones sin fines de lucro y ONG que cuentan con asignaciones presupuestarias. Este año 1,202 organizaciones de este tipo —algunas vinculadas con organizaciones políticas, de corte comunitario, judicial o religioso, entre otras— recibirán RD$1,788 millones del Presupuesto Nacional del 2018.
Por su parte, en República Dominicana existen más de 1,000 cooperativas con 1.6 millones de socios. Entre todas, calcula el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, engloban capitales por RD$100,000 millones.
Las nuevas normas de la DGII, que complementan las reglas recientemente publicadas para prevenir el lavado de activos en casinos y bancas deportivas y de apuestas, así como al reglamento aprobado en noviembre del año pasado, ya están en vigor.
En términos generales, todas las operaciones en efectivo iguales o superiores a US$15,000 (o su equivalente en pesos) que realicen clientes por medio de registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción y agencias inmobiliarias, joyerías, armerías y casas de empeño deben reportarse a las autoridades.
Las reglas publicadas por la DGII indican las formas en que los sujetos obligados deben realizar la debida diligencia, que no es otra cosa que vigilar —y, en algunos casos, verificar— que los fondos utilizados para una operación de compra-venta de terrenos, viviendas, carros, barcos, aviones, joyas, armas y el uso de dinero en casinos y loterías no escondan el lavado de activos.
Por ejemplo, la norma que rige para los dealers señala que éstos deben profundizar su supervisión sobre aquellos clientes que hagan adquisiciones masivas de vehículos de motor, o los cambien o vendan por valores muy inferiores a los del mercado o hagan un pago total en efectivo y por anticipado en una operación que era en cuotas.
También, todos los sujetos obligados —no sólo los dealers— deben reportar las relaciones de negocios con personas políticamente expuestas, o también si una operación beneficia a una sociedad de carpetas, entre otras situaciones.
El fin del secreto bancarioLa mayor responsabilidad en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo ha estado tradicionalmente sobre las autoridades de supervisión bancaria y en las entidades financieras. La Ley 155-17 amplió el espectro y coloca a las propias empresas de sectores de la construcción e inmobiliarias, casinos y bancas de apuestas, dealers y hasta notarios y abogados con el peso de su cumplimiento. Adicionalmente, la DGII tiene una participación estelar e, incluso, conforme a las nuevas normas, está en capacidad de exigir a los bancos informaciones detalladas de sus clientes cuando lo requiera, sin que se interponga el secreto bancario.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El dólar estadounidense abrió este sábado con una ligera variación en el mercado local, de acuerdo con el más reciente reporte del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
La institución monetaria informó que la divisa se compra a RD$62.94 y se vende a RD$63.56, una diferencia moderada frente al cierre previo.
Comportamiento del mercado cambiario
El euro también reflejó estabilidad al inicio de la jornada, con una tasa de compra situada en RD$71.00. Con estos valores, US$100 equivalen hoy a RD$6,294, mientras que €100 representan RD$7,100.
Plataformas de envío como Western Union (Vimenca) reportan una tasa de RD$63.41 por dólar, ligeramente superior al promedio bancario. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 6341.20 pesos dominicanos.
Por su parte, Caribe Express reporta una tasa de RD$62.60 por dólar, ligeramente superior al promedio bancario. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 63.3102 pesos dominicanos.
Comparación bancaria y datos internacionales
En el caso de Banreservas, el tipo de cambio inicia en RD$61.80 para la compra y RD$63.80 para la venta. Mientras tanto, el Banco Popular Dominicano fija la compra en RD$61.65 y la venta en RD$64.05. Entre los agentes de cambio, los precios se mantienen dentro del rango habitual.
Según Bloomberg, el dólar se posiciona en RD$62.79 en el mercado dominicano. Aunque durante la última semana el valor muestra un pequeño descenso de 0.36%, en una perspectiva de un año presenta un incremento acumulado de 8.01%.
SANTO DOMINGO.- Las principales cadenas de supermercados del país solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, alegando fallas graves en el procedimiento y una situación de “indefensión” para el sector importador.
La solicitud fue presentada por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, quienes denunciaron que el proceso avanza con imprecisiones que impiden evaluar la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Según los importadores, desde el inicio de la investigación la CDC no ha entregado documentos esenciales del expediente, incluidos anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencias que sustentan el supuesto “daño grave” alegado por las empresas solicitantes. Aseguran que, pese a que la Ley 1-02 obliga a proveer el expediente íntegro, esta información no ha sido puesta a disposición de las partes interesadas.
Otro punto señalado es que el plazo para completar los formularios obligatorios vence el 25 de noviembre, pero los documentos indispensables para su llenado, como estados financieros y estudios técnicos, no han sido entregados. Esto, sostienen, bloquea por completo su derecho a la defensa.
Las cadenas advierten que estas fallas no solo afectan a los actores involucrados, sino que ponen en riesgo la legitimidad del procedimiento y la seguridad jurídica del país, al tiempo que podrían generar eventual responsabilidad para el Estado dominicano.
Mientras la CDC analiza la medida provisional solicitada por los fabricantes, que elevaría los aranceles hasta un 87.1 %, aumenta la presión para revisar las condiciones en que avanza la investigación. Para los importadores, el debate trasciende la conveniencia de una salvaguarda y se centra en si el país puede adoptar una decisión de alto impacto social basada en un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado.
Santo Domingo, R.D.-El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (Micm), Víctor Ito Bisonó, precisó que la suspensión de la operaciones de la zona franca Global Cigars Croup, SRL, que opera en Esperanza, Valverde y en Baní, provincia Peravia, se debe a la detección de una plaga altamente dañina, conocida como el escarabajo del tabaco o Lasioderma Serricorne y, según informes de la propia empresa será por 90 días hasta tanto la situación sea controlada.
El ministro Bisonó también aclaró que el cierre temporal de las operaciones solo afecta a 315 trabajadores y no a mil como se publicó.
Dijo que se reunió con ejecutivos de la zona franca de Baní, una comisión de empleados de la empresa y con el diputado Luís Báez, quienes le informaron de la suspensión, no cierre.
Sostuvo que las operaciones hacia Baní serán reanudadas desde que la situación esté normal.
Se trata de una plaga altamente dañina que afecta críticamente la materia prima y los procesos productivos, lo que impide continuar las operaciones bajo los estándares de calidad y sanidad requeridos por las normas, explicó el presidente de Global Cigars Group GGC, SRL, en la carta enviada a la Dirección de Proindustria el 21 de este mes.
Están suspendiendo sus operaciones en Bonao y Baní por la presencia del Escarabajo de Tabaco (Lasioderma Serricorne), plaga que fue certificada por la empresa Fumax y un técnico del Ministerio de Agricultura. Esta suspensión está solicitada al Ministerio de trabajo desde el 20 de noviembre al 23 de febrero del 2026, reiteró el ministro Bisonó al respecto.
Explicó en Baní se han afectado 245 empleos y 70 en Bonao para un total de 315 colaboradores, representando el 15% del total de colaboradores.
Operaciones de ZF en Baní
Actualmente, dijo Bisonó, en el parque de Baní hay aproximadamente 847 empleados en 10 empresas que ocupan 15 naves de un total de 24.
De las 9 restantes hay dos en proceso de firma de contrato para empezar a operar (Abapromango, AAA Clothing), dos de las cuales están ocupadas por el Ministerio de Salud Pública.
También hay 33 solicitudes de industriales que se quieren instalar en este parque.
Con la inauguración de la Circunvalación de Baní este parque toma un atractivo mayúsculo, ya que esta vía conecta al parque de manera más rápida y directa con los principales muelles y regiones del país.