Economía
Las normas antilavado consideran sospechosas operaciones de ONG
Transacciones de cooperativas también están en la mira de las autoridades
SANTO DOMINGO. Las nuevas normas publicadas el viernes pasado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obligan a los registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, a los empresarios de la construcción y agentes inmobiliarios, a los joyeros, armeros y dueños de casas de empeño a reportar como sospechosa cualquier operación en la que participen asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre otras.
Esas estructuras permiten a esas organizaciones, según las nuevas normas del ente tributario, “mantener un perfil bajo y unos cuantiosos recursos aparentemente propios de la actividad y que son consideradas a nivel internacional como de alto riesgo”.
Las normas antilavado colocan a las transacciones de las ONG, fundaciones, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro en la misma categoría de aquellas operaciones por elevados montos de clientes que no tienen perfil económico para hacerlas, o aquellas que lucen irregulares porque el cliente no ofrece soportes sobre el origen de sus fondos o presenta datos falsos o incompletos. En todos esos casos, los sujetos obligados tendrán cinco días hábiles tras la operación para reportarla a la Unidad de Análisis Financiero, que trabaja con los diferentes organismos que participan en la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos, la 155-17.
Además de donaciones, hay asociaciones sin fines de lucro y ONG que cuentan con asignaciones presupuestarias. Este año 1,202 organizaciones de este tipo —algunas vinculadas con organizaciones políticas, de corte comunitario, judicial o religioso, entre otras— recibirán RD$1,788 millones del Presupuesto Nacional del 2018.
Por su parte, en República Dominicana existen más de 1,000 cooperativas con 1.6 millones de socios. Entre todas, calcula el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, engloban capitales por RD$100,000 millones.
Las nuevas normas de la DGII, que complementan las reglas recientemente publicadas para prevenir el lavado de activos en casinos y bancas deportivas y de apuestas, así como al reglamento aprobado en noviembre del año pasado, ya están en vigor.
En términos generales, todas las operaciones en efectivo iguales o superiores a US$15,000 (o su equivalente en pesos) que realicen clientes por medio de registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción y agencias inmobiliarias, joyerías, armerías y casas de empeño deben reportarse a las autoridades.
Las reglas publicadas por la DGII indican las formas en que los sujetos obligados deben realizar la debida diligencia, que no es otra cosa que vigilar —y, en algunos casos, verificar— que los fondos utilizados para una operación de compra-venta de terrenos, viviendas, carros, barcos, aviones, joyas, armas y el uso de dinero en casinos y loterías no escondan el lavado de activos.
Por ejemplo, la norma que rige para los dealers señala que éstos deben profundizar su supervisión sobre aquellos clientes que hagan adquisiciones masivas de vehículos de motor, o los cambien o vendan por valores muy inferiores a los del mercado o hagan un pago total en efectivo y por anticipado en una operación que era en cuotas.
También, todos los sujetos obligados —no sólo los dealers— deben reportar las relaciones de negocios con personas políticamente expuestas, o también si una operación beneficia a una sociedad de carpetas, entre otras situaciones.
El fin del secreto bancarioLa mayor responsabilidad en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo ha estado tradicionalmente sobre las autoridades de supervisión bancaria y en las entidades financieras. La Ley 155-17 amplió el espectro y coloca a las propias empresas de sectores de la construcción e inmobiliarias, casinos y bancas de apuestas, dealers y hasta notarios y abogados con el peso de su cumplimiento. Adicionalmente, la DGII tiene una participación estelar e, incluso, conforme a las nuevas normas, está en capacidad de exigir a los bancos informaciones detalladas de sus clientes cuando lo requiera, sin que se interponga el secreto bancario.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas (Acoprovi); la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras recomiendan a las personas que gestionan comprar viviendas a personas o empresas no reconocidas auxiliarse de un asesor inmobiliario y agotar todos los procesos para asegurar la factibilidad de la adquisición.
Acoprovi dice que se ha enterado de forma mediática sobre casos de estafas inmobiliarias y que ninguno de sus miembros es parte de eso. Mientras la Superintendencia de Bancos explica que solo actúa cuando un caso le ha sido referido por el Ministerio Público, ya que esa no es su competencia. Igual manifiesta que una buena forma de comprar viviendas es a través de fideicomisos y recomienda una serie de pasos para evitar caer en ese tipo de estafa.
Recientemente, varios dominicanos residentes en el exterior se quejaron de haber sido estafados por una empresa que les vendía proyectos de apartamentos en plano.
Este año el Ministerio Público recibió varias denuncias de estafa en el sector inmobiliario a ciudadanos locales y residentes en el exterior, cuyo caso se conoce como la operación Nido.
ACOPROVI
Annerys Meléndez, presidente de la Acoprovi, explicó a Listín Diario que a la fecha no han recibido denuncias de manera directa, “ni en vinculación de ninguno de nuestros asociados”.
Sin embargo, agregó que sí conoce de los casos actuales que han trascendido mediáticamente.
Dijo que en la entidad inició desde 2023 una campaña de concienciación, “desde nuestros espacios a fin de dar orientación y herramientas a la población para evitar ser víctima de estas malas prácticas”.
En la Superintendencia de Bancos se explicó que recientemente una comisión llevó una denuncia ante el departamento jurídico en busca de ayuda, y se les explicó su rol como supervisor del sistema financiero y los mecanismos de apoyo, y que solo pueden actuar en atención a las solicitudes del Ministerio Público cuando los casos están en un proceso judicial.
Explicaron que si hay un caso judicial contribuyen con las investigaciones hasta donde alcanza su competencia.
“Adicionalmente, como institución, aprovechamos el espacio para subrayar la importancia de contar con asesoría legal para la adquisición de inmuebles y solicitar dentro de los servicios a recibir que se realicen labores de investigación o debida diligencia sobre el inmueble y la experiencia de trabajo de la constructora”.
FIDEICOMISOS
Un recurso a ser aprovechado es la figura jurídica de los fideicomisos, creados mediante la Ley 189-11, para aumentar el dinamismo y fortalecer la seguridad jurídica en el mercado hipotecario.
RECOMENDACIONES:
Al adquirir un inmueble, la Acoprovi recomienda agotar nueve datos respecto a las empresas inmobiliarias y sus proyectos:
Experiencia: Recomendamos elegir empresas con experiencia probada y de buena reputación en el mercado.
Legalidad: Recomendamos verificar la legalidad del proyecto, incluyendo los permisos del Ayuntamiento y la Licencia de Construcción del Mivhed y otras instituciones pertinentes.
Derecho de propiedad: Recomendamos verificar el derecho de propiedad de la empresa vendedora sobre el terreno del proyecto, solicitando copias de título de propiedad y asegurándose de su correcta titularidad.
Registro mercantil y autorización: Recomendamos solicitar el registro mercantil o acta que autorice a la empresa a firmar el contrato de manera legal y válida.
Formalidad: Recomendamos constatar si la empresa tiene un domicilio físico, así como sus cuentas.
Factores de éxito: Recomendamos identificar pasados proyectos de la empresa, así como comparar los hitos alcanzados por el proyecto en relación con la competencia y las demandas del mercado.
Respaldo financiero y garantías: Recomendamos comprobar el respaldo financiero del proyecto, validando garantías como fideicomisos, respaldo de instituciones financieras reconocidas y desarrolladores con historial exitoso.
Recomendaciones de terceros: Sugerimos validar el proyecto a través de recomendaciones de personas o empresas con solvencia moral, incluyendo asesores inmobiliarios.
Calidad: Recomendamos evaluar las innovaciones y la calidad del proyecto, incluyendo materiales y prácticas sostenibles.
SEPA MÁS
Desde Acoprovi continuaremos desplegando todos sus recursos y esfuerzos para proporcionar apoyo y orientación a la comunidad, para asegurarnos de que los ciudadanos estén debidamente informados con las herramientas necesarias para tomar decisiones inmobiliarias seguras, afirmó la presidente de la entidad.
Asegura el compromiso con la promoción de estándares éticos y legales en la industria de la construcción y la promoción de viviendas, trabajando incansablemente para asegurar que las prácticas sean íntegras, transparentes y beneficiosas para toda la sociedad dominicana.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.
Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.
En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.
Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.
Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.
Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.
Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.
“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.
La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.
Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.
SANTO DOMINGO.- El dólar estadounidense subió un centavo en República Dominicana y este lunes se cambia a RD$59.36 pesos.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: 59.06
Venta: 59.36.
jt/am