Economía
Las normas antilavado consideran sospechosas operaciones de ONG
Transacciones de cooperativas también están en la mira de las autoridades
SANTO DOMINGO. Las nuevas normas publicadas el viernes pasado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obligan a los registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, a los empresarios de la construcción y agentes inmobiliarios, a los joyeros, armeros y dueños de casas de empeño a reportar como sospechosa cualquier operación en la que participen asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre otras.
Esas estructuras permiten a esas organizaciones, según las nuevas normas del ente tributario, “mantener un perfil bajo y unos cuantiosos recursos aparentemente propios de la actividad y que son consideradas a nivel internacional como de alto riesgo”.
Las normas antilavado colocan a las transacciones de las ONG, fundaciones, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro en la misma categoría de aquellas operaciones por elevados montos de clientes que no tienen perfil económico para hacerlas, o aquellas que lucen irregulares porque el cliente no ofrece soportes sobre el origen de sus fondos o presenta datos falsos o incompletos. En todos esos casos, los sujetos obligados tendrán cinco días hábiles tras la operación para reportarla a la Unidad de Análisis Financiero, que trabaja con los diferentes organismos que participan en la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos, la 155-17.
Además de donaciones, hay asociaciones sin fines de lucro y ONG que cuentan con asignaciones presupuestarias. Este año 1,202 organizaciones de este tipo —algunas vinculadas con organizaciones políticas, de corte comunitario, judicial o religioso, entre otras— recibirán RD$1,788 millones del Presupuesto Nacional del 2018.
Por su parte, en República Dominicana existen más de 1,000 cooperativas con 1.6 millones de socios. Entre todas, calcula el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, engloban capitales por RD$100,000 millones.
Las nuevas normas de la DGII, que complementan las reglas recientemente publicadas para prevenir el lavado de activos en casinos y bancas deportivas y de apuestas, así como al reglamento aprobado en noviembre del año pasado, ya están en vigor.
En términos generales, todas las operaciones en efectivo iguales o superiores a US$15,000 (o su equivalente en pesos) que realicen clientes por medio de registradores, notarios, empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción y agencias inmobiliarias, joyerías, armerías y casas de empeño deben reportarse a las autoridades.
Las reglas publicadas por la DGII indican las formas en que los sujetos obligados deben realizar la debida diligencia, que no es otra cosa que vigilar —y, en algunos casos, verificar— que los fondos utilizados para una operación de compra-venta de terrenos, viviendas, carros, barcos, aviones, joyas, armas y el uso de dinero en casinos y loterías no escondan el lavado de activos.
Por ejemplo, la norma que rige para los dealers señala que éstos deben profundizar su supervisión sobre aquellos clientes que hagan adquisiciones masivas de vehículos de motor, o los cambien o vendan por valores muy inferiores a los del mercado o hagan un pago total en efectivo y por anticipado en una operación que era en cuotas.
También, todos los sujetos obligados —no sólo los dealers— deben reportar las relaciones de negocios con personas políticamente expuestas, o también si una operación beneficia a una sociedad de carpetas, entre otras situaciones.
El fin del secreto bancarioLa mayor responsabilidad en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo ha estado tradicionalmente sobre las autoridades de supervisión bancaria y en las entidades financieras. La Ley 155-17 amplió el espectro y coloca a las propias empresas de sectores de la construcción e inmobiliarias, casinos y bancas de apuestas, dealers y hasta notarios y abogados con el peso de su cumplimiento. Adicionalmente, la DGII tiene una participación estelar e, incluso, conforme a las nuevas normas, está en capacidad de exigir a los bancos informaciones detalladas de sus clientes cuando lo requiera, sin que se interponga el secreto bancario.
diariolibre.com
Santo Domingo. — La tasa del dólar estadounidense ha experimentado una reducción sustancial, y continúa con una tendencia a la baja frente al peso dominicano, de acuerdo con la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para este miércoles 27 de mayo de 2026.
Según informó el organismo monetario, la tasa de compra del dólar se fijó en RD$58.0844 y la de venta en RD$58.8939, ambas por debajo de los RD$60 por unidad.
De acuerdo a economistas este comportamiento evidencia la estabilidad del mercado cambiario nacional y la efectividad de las políticas monetarias y macroeconómicas aplicadas en el país.
Economía dominicana registra crecimiento promedio de 4.0 % en cuatro meses
El desempeño de la moneda estadounidense ocurre en un contexto de dinamismo económico sostenido, impulsado por el crecimiento del turismo, el flujo constante de remesas, el incremento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de las exportaciones. Estos factores han contribuido a una mayor disponibilidad de divisas y a la estabilidad del sistema financiero.
Asimismo, las reservas internacionales del Banco Central superan actualmente los US$15,000 millones.
De acuerdo con estándares internacionales, los países deben mantener reservas suficientes para cubrir al menos tres meses de importaciones. En el caso de la República Dominicana, las reservas internacionales cubren más de seis meses de importaciones y equivalen a más del 12 % del producto interno bruto (PIB), indicadores que respaldan la solidez macroeconómica del país y la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales.
El Banco Popular Dominicano (BPD) participó en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), un encuentro de alcance regional que reúne a especialistas del sector público y privado de América Latina.
En la actividad se abordaron los desafíos actuales en la prevención y detección de fraudes y crímenes financieros.
El SIIDF, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, centró su agenda en estrategias para fortalecer la investigación financiera frente a la complejidad de los ecosistemas digitales y la creciente sofisticación de los delitos.
Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre sectores y el rol de la capacitación especializada y la educación en la prevención temprana, elementos que están presentes en la visión de la gestión de riesgos cibernéticos del Banco Popular.
El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, en un reciente artículo planteó que el banco está convencido de que “la IA es una herramienta para servir mejor a nuestros clientes, mejorar nuestra eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de nuestra infraestructura tecnológica y de nuestros clientes, con lo que consolidamos nuestro liderazgo regional”.
En este contexto, el Banco Popular cuenta con una probada experiencia en el análisis de grandes volúmenes de información para la detección de fraudes.
Con ese objetivo, mantiene una operación de monitoreo continuo a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de vanguardia, el cual posee certificaciones internacionales que respaldan sus estándares en seguridad y protegen la integridad de sus sistemas y la protección de la información de los clientes en un entorno digital cada vez más sofisticado.
“Gracias a esta infraestructura y una labor de monitoreo permanente, en 2025 el banco pudo monitorear en promedio 38,000 eventos por segundo, con picos de hasta 40,000, lo que representó más de 3,283 millones de eventos diarios, evidenciando su enfoque preventivo y su alta capacidad de detección y respuesta ante posibles amenazas”, expresa en un comunicado de prensa.
Colaboración interinstitucional ante las ciberamenazas
Cita que, como parte de su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros, la entidad bancaria continúa incorporando soluciones basadas en IA que apoyan el desarrollo de aplicaciones, la automatización de procesos internos y la mejora de la eficiencia operativa, contribuyendo a una mejor experiencia para colaboradores y clientes.
Además, con respecto a la colaboración con otras instancias, es relevante destacar que en 2024 el Popular se convirtió en el primer banco dominicano en formar parte del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST).
“Sus profesionales de ciberseguridad participan en esta red global que facilita el intercambio de conocimientos y fortalece la respuesta ante amenazas cibernéticas, agrupando a más de 700 equipos de respuesta ante emergencias informáticas en todo el mundo”, indica la declaración de prensa.
Concienciación y educación en ciberseguridad
En el ámbito de la concienciación y capacitación en ciberseguridad, la entidad pone a disposición del público la plataforma “Pistas de Seguridad”, orientada a promover buenas prácticas digitales a través de formatos como artículos, videos y pódcast, entre otros.
El Banco Popular refirió también que cada año celebra en octubre el Mes de la Concientización de la Ciberseguridad, desarrollando diversas acciones dirigidas a clientes, pymes, proveedores, colaboradores y otros grupos de interés.
Resiliencia operativa y confianza digital
Este enfoque preventivo y proactivo para fortalecer la ciberseguridad forma parte de la visión de la organización financiera por garantizar la resiliencia operativa y la confianza digital, un activo esencial para el progreso y la estabilidad del sistema financiero.
Con su participación en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), el Popular subraya su enfoque continuo de fortalecimiento de capacidades en la prevención de delitos financieros y la protección de la información, en línea con las mejores prácticas internacionales y en colaboración con los actores clave del ecosistema financiero regional.
Santo Domingo, R.D.-El sector empresarial advirtió este miércoles que varios puntos contenidos en la propuesta de reforma al Código de Trabajo podrían incrementar los costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultar la creación de empleos formales, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición fue fijada mediante un documento conjunto encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y respaldado por más de 80 organizaciones empresariales y entidades representativas de distintos sectores productivos del país.
En el comunicado, las entidades hicieron un llamado a los legisladores a actuar con “prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica” durante el proceso de discusión del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso Nacional.
Sostuvieron que una legislación laboral moderna debe preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, pero al mismo tiempo contribuir a enfrentar desafíos estructurales como la informalidad, el aumento de la productividad, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad nacional.
“Estos elementos deben analizarse cuidadosamente para asegurar un equilibrio adecuado entre protección laboral, productividad y sostenibilidad”, expresaron las organizaciones en el documento fechado el 20 de mayo de 2026.
El sector privado insistió en la necesidad de continuar el diálogo para lograr una reforma que responda a las nuevas dinámicas del empleo y a las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo.
Entre las entidades firmantes figuran además la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), así como asociaciones vinculadas a las zonas francas, comercio, turismo, construcción, industria y pequeñas empresas.