SANTO DOMINGO. A mediados del año pasado, cuando la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo fue aprobada, los empresarios mostraron temor por sus posibles efectos. Siete meses después y ya con todo el marco de normas en vigor, asumen que la aplicación de la Ley 155-17 ha tenido —y seguirá teniendo— un impacto sobre la actividad de sectores económicos que ahora están obligados a hacer cumplir la ley.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Enrique Fernández, dijo que el año pasado registraron una caída de las ventas por el orden del 15% que estuvo influenciada, no solo por el enfriamiento generalizado de la economía, sino también por la expectativa generada por la aplicación de la ley contra el blanqueo de capitales.

La forma de hacer negocios para ellos registró un viraje importante desde junio del año pasado, cuando la norma general entró en vigor. Para empezar, no pueden aceptar pagos en efectivo por más de RD$500,000 (que ahora equivalen a US$10,250 al tipo de cambio actual) por la venta de un vehículo. Pero si un cliente espera hacer varios pagos para saltarse esa limitación, tampoco tendrá suerte: todos los sectores económicos que participan en el cumplimiento de la Ley 155-17 deben reportar si, al sumarse, varios pagos vinculados a la misma compra-venta, superan los US$15,000 o su equivalente en moneda nacional.

Al presidente ejecutivo de Acofave le resulta difícil cuantificar el impacto económico que la aplicación de las normas contra el lavado de activos tendrá sobre el sector que representa, pero entiende que lo habrá. En cualquier caso, considera que ese esfuerzo del gobierno por reducir el blanqueo de dinero, aunque proviene de presiones externas, es sano. Lo que exige Fernández es que la ley se le aplique a todo el sector automotor por igual: a concesionarios, dealers y hasta al empresario informal que vende un vehículo en la calle, sin oficina. No hacerlo provocará, a juicio del representante de Acofave, un crecimiento descontrolado de los vendedores informales de vehículos, una situación que terminará por hundir al sector formal y organizado.

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, coincidió en el impacto negativo que tendrán las normas antilavado en su sector, específicamente una disminución de la inversión en la construcción. También alertó sobre el riesgo de que la ley destruya la rama formal de la actividad.

“Antes de una aplicación tajante de esa Ley, debe existir un periodo determinado de concienciación, de que se entienda esta Ley, porque todavía el 99% de las pequeñas empresas que vienen aquí desconocen todavía, al día de hoy, la responsabilidad tan fuerte que asumen con esa Ley”, precisó.

Reconoció la importancia de la norma por lo que advirtió que no está en contra de la misma, pero consideró que debe haber un régimen especial con un organismo que dé apoyo a las Pymes en la investigación necesaria a la hora de vender un inmueble. Cristopher expresó que ese organismo debe funcionar para que las Pymes puedan llevar el nombre de un cliente para saber si puede hacer esas negociaciones y que sea esa entidad la que investigue al comprador de un inmueble.

Agregó que las pequeñas empresas de la construcción no cuentan con las estructuras para investigar si los recursos de los clientes vienen de fondos dudosos. “Para poner un ejemplo, a una pequeña empresa viene Juan, Marco o Pedro a comprar un apartamento, ya nosotros tenemos que tener un organismo que investigue de dónde salen esos fondos, ¿y cómo lo hacemos si lo que queremos es vender? Quiere decir que, si por alguna razón nosotros vendemos un apartamento a una persona con fondos dudosos, ya estamos nosotros violando la Ley”, explicó el dirigente empresarial.

Por su parte, la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) analizará las recién publicadas normas que rigen los mecanismos con los que el sector prevendrá el lavado de dinero, por lo que todavía no emitirán una opinión. No obstante, a mediados del año pasado su presidenta, María Gatón, había indicado que la aplicación conllevaría a un aumento de los costos para las empresas porque ahora deben desempeñar roles que antes no estaban definidos en su estructura, como la debida diligencia.