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Psiquiatras sugieren junta de expertos estudie salud mental autor de cuatro crímenes
Profesionales de la salud mental y sicofarmacología exponen sus puntos de vista sobre horroroso hecho
SANTO DOMINGO. El cuádruple asesino Víctor Alexander Portorreal debe ser sometido a estudios psiquiátrico, neuropsicológicos y morfológicos, que incluyan imágenes de sonografía craneal, neuroradiológica y de espectrocospia, para determinar qué lo llevó a matar a su pareja y a los tres hijos de ésta.
Partiendo de sus inferencias, por lo que se ha publicado del caso, los psiquiatras Vicente Vargas, César Mella y Héctor Guerrero Heredia, coinciden en que una junta de expertos en salud mental y neuropsicología deben evaluar a Portorreal, de quien presumen, debe tener una enfermedad psiquiátrica y un trastorno severo de la personalidad que lo condujo a cometer los crímenes.
No obstante, aclaran que, independientemente de que se le diagnostique un trastorno mental, eso no lo exime del castigo que le corresponde por los hechos que cometió y admitió.
Vargas opina que es importante determinar si tiene antecedentes psiquiátricos.
Para Mella, se está frente a un psicópata de alta peligrosidad y parte de la forma en que cometió los asesinatos.
De su lado, Guerrero Heredia dice que el joven asesino tiene un disturbio mental severo, lo que no quiere decir que esté loco, sino que debe tener un fuerte trastorno de la personalidad y la que más se infiere es la antisocial. Considera que su cerebro debe ser estudiado en profundidad.
Opinión de un sociólogoEl sociólogo Celedonio Jiménez opina que el caso de Portorreal es una clara expresión de la inestabilidad extrema que afecta a la sociedad, con una gran acumulación de factores negativos: problemas familiares, desempleo, desigualdad social, violencia. Dijo que la manera en que ocurrió el hecho demuestra esas perturbaciones.
César MellaPrimero es un feminicidio, segundo es un infanticidio múltiple, tercero se produjo un planeamiento macabro, porque los asesinatos fueron cometidos en serie.
Cuarto, el individuo en su comportamiento aparentemente normal, demostró algunas tendencias filosóficas, religiosas o culturales que no son común en la sociedad dominicana y quinto, no ha demostrado signos de arrepentimiento, porque en esos casos se espera que el homicidio se acompañe de un suicidio autojusticia, de modo que, aún cuando estamos frente a un psicópata desarmado, de alta peligrosidad, ni siquiera la psiquiatría puede tener una explicación definitiva de lo que ocurre en el cerebro de esa persona.
Vicente VargasEl acontecimiento es horroroso y a partir de ahí infiere en que el asesino tenga una enfermedad psiquiátrica que no lo exime de la responsabilidad de un hecho como ese, porque siempre la gente parte que si el individuo tiene un diagnóstico psiquiátrico quede libre de la responsabilidad. Ese no debe ser el caso. Por lo que se ve, parece ser una persona que lo que hizo, lo hizo calculado y premeditado.
Héctor Guerrero HerediaDesde que se publicó el hecho, ha estado buscando información y analizando el caso, y lo primero que puede decir es que le gustaría que se formara una comisión de psiquiatras y evalúen a ese paciente desde el punto de vista psiquiátrico, neuropsicológico y morfológico.
Inclusive, entiende que hay que comparar su cerebro con pacientes de otro país, como los Estados Unidos.
Guerrero Heredia viene de una universidad donde se estudian los cerebros y hay un departamento de radiología, donde podrían mandar la imagen, porque cree que no había visto en la historia del país un caso como el horrendo asesinato de una madre y sus tres hijos cometido fríamente por una misma persona.
Los parámetros para identificar los crímenes como los más horrendos tienen que ver con el tiempo, la duración del acto criminal. Hay toda una estructura criminal en ese caso, lo que lo hace concluir que el Portorreal tiene un disturbio mental severo, lo que no quiere decir que esté loco, sino que debe tener un severo trastorno de la personalidad y la que más se infiere es la antisocial, pero en este caso, cree que se debe buscar el componente Cluster A , como son las personalidad esquizoide, paranoide y esquizotípica. Aparentemente, en él se ha incubado esa personalidad y debe haber un desencadenante social y en este caso pudo haber sido socioeconómico, como que pudo sentirse presionado por la mujer, por alguna razón.
Explica que cuando habla de personalidad, en ese tipo de hombres, una relación de pareja, los niños son un estorbo. Y ese tipo de personas son incapaces de desarrollar empatía por los demás, por lo tanto, veía a esos niños como objetos frente a su relación.
Puede ser un hombre enamorado con una patología severa de la personalidad y culmina en el crimen.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.