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Primera esposa lo dejó por amenaza de muerte
DESDE SU ADOLESCENCIA SE INTERESÓ POR LOS RITOS SATÁNICOS
Santo Domingo.- Desde su adolescencia, Víctor Alexander Portorreal Mendoza (El Metálico o Chamán), se interesó por los ritos satánicos, el sabor de la sangre y el uso de cráneos y otros huesos humanos, cuenta la gente de su barrio, La Puya, Arroyo Hondo.
Lo describieron como callado, misterioso y no compartía con nadie desde que llegó a los nueve años de edad, pero que cuando cumplió los 14 años, conoció a unos amigos heavy metal que lo llevaron a ese mundo. Sin embargo, al cabo de un tiempo estos se salieron “y él siguió con su brujería”, contó uno de ellos.
“A él le gustaba tomar sangre y hacer rituales, además jodía con brujería. Él tenía el diablo adentro desde niño. Guardaba cráneos y otros huesos humanos debajo de su cama. Siempre tenía una estrella diabólica en su habitación, pero a sus padres no le gustaba ese comportamiento y por eso se ganó muchos golpes”, contó.
De hecho la gente dijo a LISTÍN DIARIO que por el comportamiento que mantuvo El Metálico, los padres se mudaron a otra vivienda y lo dejaron solo.
Comentó que para él y el resto de los jóvenes del barrio, aunque el comportamiento de El Chamán era realmente raro, lo veían como algo normal, de un muchacho que solo quería ser famoso en el mundo de la música metálica.
Otros jóvenes precisaron que en la medida en que los años fueron pasando, el comportamiento de El Chamán fue cambiando poco a poco y “se puso violento con su esposa”, a la que le pegaba fuerte.
“Él tenía una mujer aquí que era metálica como él, pero los padres no querían esa relación. Ella al final tuvo que dejarlo, porque la amenazó con matarla”, narró otro residente.
Destacó que Greña y esa esposa que lo dejó eran una pareja particular en el barrio, porque se vestían de vampiros, usaban lápiz labial negro, se ponían túnicas negras, prendas con carabelas, se pintaban el rostro y no les importaba alimentarse todo un día con dos masitas y un vaso de jugo.
Otro vecino del barrio, quien vio crecer a Portorreal Mendoza, dijo que una semana antes de que cometiera los asesinatos de Reyna Isabel y de sus tres hijos, lo vio en horas de la mañana caminando por una calle del sector consumiendo sangre en una copa.
Detalló que junto a otros jóvenes, El Metálico acostumbraba a profanar tumbas en los cementerios para sustraer los cráneos, porque siempre tenía sus huesos a mano.
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PIDE QUE SE APLIQUE TODO EL PESO DE LA LEY
PROCURADOR DIJO QUE HIZO SU TRABAJO
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, tras calificar de penoso el hecho en que Víctor Alexander Portorreal Mendoza (Greña o Chamán), dio muerte a su pareja y a sus tres hijastros, dijo esperar que se le aplique todo el peso de la ley al confeso asesino. Dijo que el ministerio público está haciendo su trabajo al solicitar y lograr que el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera un año de prisión preventiva en contra del imputado.
“Este es un caso más que penoso y por lo tanto esperamos que se le aplique todo el peso de la ley a ese y a cualquier otra persona que infrinja la ley”, acotó Rodríguez. El Procurador habló al asistir a una misa de acción de gracias por el noveno aniversario de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en cuya eucarística estuvo presente su titular, el procurador adjunto Francisco Polanco, así como diferentes personalidades y representantes del sector energético del país.
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.