Opinión
La euforia del loco “Sólo duró un par de meses”
Por Olga Capellán
UNIÓN EUROPEA. Abdalah, palabra árabe que significa servirle a Dios y precisamente con ese nombre fue bautizado un abogado, político y cantante ecuatoriano que se convirtió en una especie del “MECÌA” del país o mejor dicho la esperanza nacional en momento que esa nación pasaba por difíciles momentos, sobre todo en el aspecto económico y hasta político si se puede decir.
Abdalah Bucaram, (El Loco) como le conocen en su país, proveniente de una familia de 12 hermanos de descendencia árabe-libanesa, cuando fue bautizado con ese nombre nunca se imaginó que iba a lograr conseguir la más alta magistratura del Ecuador, a pesar de que muchos de sus parientes han tenido posiciones de altos relieves en esa nación sudamericana; desde alcaldes, congresistas y otras de no menor importancia.
Cuando Bucaram se propuso alcanzar la presidencia de la república tenía todos los índices a su favor, ya que era muy conocido como joven profesional y cantante integrante de una agrupación musical muy popular de su país, fue por ello que no tuvo que hacer muchos esfuerzos para lograrlo y lo logró, cuando un día 10 de Agosto de 1996 se invistió como el primer mandatario ecuatoriano, ese día vio su gran sueño realizado.
Abdalah Bucaram, como había prometido, de inmediato comenzó a tomar medidas, medidas éstas que fueron consideradas por su gobierno como necesarias para la estabilización económica del país, sin embargo esto no fue visto de tal forma por la clase oligarca y otros sectores y fue así como de inmediato comenzaron sus problemas de estabilidad como presidente.
Bucaram o El Loco como le hace llamar, anunció un sin números de medidas de privatización de empresas y territorios, lo que creó malestar entre los empresarios y terratenientes del país y estos no se hicieron esperar.
El día 6 de Febrero de 1997 el Congreso Nacional compuesto por 82 diputados y de forma arbitraria con una votación de 45 miembros lo expulsaron del poder, alegando incapacidad mental para gobernar los destinos del país, que a pesar de que le llaman el loco, él estaba muy bien de sus cabales y así en tan solo unos meses se le acabó la euforia con la que el pueblo lo llevó al poder.
Esto fue una especie de “Golpe de Estado”, algo parecido como lo que hicieron con José Manuel Zelaya en Honduras o Fernando Lugo en Paraguay en el pasado reciente, recuerdo a pesar de mis pocos años como sucedió el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chille en el año 1973, cuando este último anunció la privatización de la industria del cobre y otras medidas populares tendentes a las que toman los regímenes socialistas.
El gobierno se Allende fue el primer gobierno de carácter marxista elegido por el voto popular en el occidente, pero solo tuvo una duración de tres años desde el 4 de Noviembre de 1970 al 11 de Septiembre de 1973 cuando fue derrocado por las garras militares encabezadas por Augusto Pinochet, luego de que el Congreso Nacional, que de hecho se encontraba en mano de la oposición el día 10 de Agosto de 1973 lo acusara de tomar medidas temerarias, cuando este trató de establecer un sistema de carácter socialista para Chile. Pero no sólo esto hizo acabar con el gobierno de Allende, algo importante en este capítulo también lo fue la huelga general de los camioneros entre otros factores de no menos relevancias.
Desde su derrocamiento, Abdalah Bucaram, está siendo perseguido como prófugo de la justicia de su país, actualmente vive en exilio en Panamá, es decir la euforia del pueblo ecuatoriano sólo tuvo una duración tanto así como lo que dura una cucaracha en un gallinero hambriento, aunque se dice que su derrocamiento fue muy arbitrario y contrario al apego de las leyes electorales y propulsado por los sectores más recalcitrantes de su historia, aunque la República del Ecuador hoy vive con un sistema político relativamente estable en manos de su actual presidente Rafael Correa.
Estos no son malos augurios, pero de verdad debemos echarle un vistazo a la historia, ya que El Loco, comenzó de buena fe y queriendo dar lo mejor de él a su amado pueblo, pero no llego a completar ni siquiera los seis meses de prueba que se le debe dar a todos los nuevos gobernantes y su sueño fue truncado por lo que quiso hacer, servir a su país como su nombre lo dice “servidor de Dios”.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.