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Opinión

La euforia del loco “Sólo duró un par de meses”

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Por Olga Capellán

UNIÓN EUROPEA. Abdalah, palabra árabe que significa servirle a Dios y precisamente con ese nombre fue bautizado un abogado, político y cantante ecuatoriano que se convirtió  en una especie del “MECÌA” del país o mejor dicho la esperanza nacional en momento que esa nación pasaba por difíciles momentos, sobre todo en el aspecto económico y hasta político si se puede decir.

Abdalah Bucaram, (El Loco) como le conocen en su país, proveniente de una familia de 12 hermanos de descendencia árabe-libanesa, cuando fue bautizado con ese nombre nunca se imaginó que iba a lograr conseguir la más alta magistratura del Ecuador, a pesar de que muchos de sus parientes han tenido posiciones de altos relieves en esa nación sudamericana; desde alcaldes, congresistas y otras de no menor importancia.

Cuando Bucaram se propuso alcanzar la presidencia de la república tenía todos los índices a su favor, ya que era muy conocido como joven profesional y cantante integrante de una agrupación musical muy popular de su país, fue por ello que no tuvo que hacer muchos esfuerzos para lograrlo y lo logró, cuando  un día 10 de Agosto de 1996 se invistió como el primer mandatario ecuatoriano, ese día vio su gran sueño realizado.

Abdalah Bucaram, como había prometido, de inmediato comenzó a tomar medidas, medidas éstas que fueron consideradas por su gobierno como necesarias para la estabilización económica del país, sin embargo esto no fue visto de tal forma por la clase oligarca y otros sectores y fue así como de inmediato comenzaron sus problemas de estabilidad como presidente.

Bucaram o El Loco como le hace llamar, anunció un sin números de medidas de privatización de empresas y territorios, lo que creó malestar entre los empresarios y terratenientes del país y estos no se hicieron esperar.

El día 6 de Febrero de 1997 el Congreso Nacional compuesto por 82 diputados y de forma arbitraria con una votación de 45 miembros lo expulsaron del poder, alegando incapacidad mental para gobernar los destinos del país, que a pesar de que le llaman el loco, él estaba muy bien de sus cabales y así en tan solo unos meses se le acabó la euforia con la que el pueblo lo llevó al poder.

Esto fue una especie de “Golpe de Estado”, algo parecido como lo que hicieron con José Manuel Zelaya en Honduras o Fernando Lugo en Paraguay en el pasado reciente, recuerdo a pesar de mis pocos años como sucedió el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chille en el año 1973, cuando este último anunció la privatización de la industria del cobre y otras medidas populares tendentes a las que toman los  regímenes socialistas.

El gobierno se Allende fue el primer gobierno de carácter marxista elegido por el voto popular en el occidente, pero solo tuvo una duración de tres años desde el 4 de Noviembre de 1970 al  11 de Septiembre de 1973 cuando fue derrocado por las garras militares encabezadas por Augusto Pinochet, luego de que el Congreso Nacional, que de hecho se encontraba en mano de la oposición  el día 10 de Agosto de 1973 lo acusara de tomar medidas  temerarias, cuando este trató de establecer un sistema de carácter socialista para Chile. Pero no sólo esto hizo acabar con el gobierno de Allende, algo importante en este capítulo también lo fue la huelga general de los camioneros entre otros factores de no menos relevancias.

Desde su derrocamiento, Abdalah Bucaram, está siendo  perseguido como prófugo de la justicia de su país, actualmente vive en exilio en Panamá, es decir la euforia del pueblo ecuatoriano sólo tuvo una duración tanto así como lo que dura una cucaracha en un gallinero hambriento, aunque se dice que su derrocamiento fue muy arbitrario y contrario al apego de las leyes electorales y propulsado por los sectores más recalcitrantes de su historia, aunque la República del Ecuador hoy vive con un sistema político relativamente estable en manos de su actual presidente Rafael Correa.

Estos no son malos augurios, pero de verdad debemos echarle un vistazo a la historia, ya que El Loco, comenzó de buena fe y queriendo dar lo mejor de él a su amado pueblo, pero no llego a completar ni siquiera los seis meses de prueba que se le debe dar a todos  los nuevos gobernantes y su sueño fue truncado por lo que quiso hacer, servir a su país como su nombre lo dice “servidor de Dios”.

 

 

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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