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Los diputados que menos asistieron a las sesiones legislativas
Entre los legisladores que menos asisten a las sesiones de la Cámara de Diputados figuran miembros de los partidos PLD, PRM, PRD, MODA y otros
SANTO DOMINGO. El Congreso Nacional tiene la facultad de legislar y fiscalizar la administración pública en representación del pueblo, que le elige mediante voto popular, por lo que sus miembros tienen la obligación por mandato de la Constitución de asistir a las sesiones para velar que esto se cumpla. Sin embargo, no todos asisten con la frecuencia que deberían.
Al respecto la Constitución dominicana es clara y específica en su artículo 88 que “las y los legisladores deben asistir a las sesiones de las legislaturas”, así como someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de ocupaciones que les impide ejercer cualquier otra función pública o privada que no fuese la docencia.
Además, establece que “quienes incumplan lo anterior perderán su investidura, previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta Constitución y los reglamentos (del Congreso) y no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional dentro de los diez años siguientes a su destitución”.
“Durante las legislaturas ordinarias los diputados deben registrar una asistencia no menor del setenta por ciento de las sesiones efectuadas”
En el caso de la Cámara de Diputados, compuesta por 190 representantes de distintas demarcaciones del país y de la diáspora, su reglamento interno refiere en su artículo 25 que los legisladores deben “asistir puntualmente a la hora fijada para las sesiones y permanecer en ellas hasta su término”.
“Durante las legislaturas ordinarias los diputados deben registrar una asistencia no menor del setenta por ciento de las sesiones efectuadas”, instruye el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Dicho reglamento da facultades a su Consejo de Disciplina a iniciar el proceso que indica el artículo 83 de la Constitución, en su numeral 1, de acusar ante el Senado a aquellos funcionarios “por la comisión de faltas graves”.
El mismo reglamento tiene algunas excepciones para otorgar una “excusa legítima”, como es el caso de fallecimiento de un familiar, indisposición por enfermedad, licencia concedida por la Cámara de Diputados, realización de trabajos encargados en las comisiones o para las gestiones oficiales en representación de la Cámara.
De acuerdo al registro de asistencia de la Cámara de Diputados que abarca desde el 16 de agosto del año 2016 al 15 de agosto del 2017, estos son los diez legisladores que más ausencias registraron desde el día 16 de agosto de 2016 al 12 de enero de 2018:
Bernardo Alemán RodríguezBernardo Alemán Rodríguez, diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), faltó a 73 de 84 sesiones (desde el 16/08/2016 al 15/08/2017) de las que en 50 ocasiones no presentó ninguna excusa para un promedio de 40% de asistencia.
En el último período (del 16/082017 al 12/01/2018) Alemán Rodríguez registró una inasistencia de 33 ocasiones, de las cuales 19 no tuvieron ninguna excusa para un 47 por ciento.
Elvin Antonio FulgencioElvin Fulgencio, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tiene un registro de 52 ausencias en 84 sesiones (desde el 16/08/2016 al 15/08/2017), de las cuales en 27 ocasiones no presentó ninguna excusa y tuvo un promedio asistencial de 68%.
El legislador peledeísta faltó sin presentar excusas en 24 ocasiones (del 16/082017 al 12/01/2018) con apenas 12 asistencias en 36 sesiones ordinarias para un promedio de asistencia de un 33%.
Rubén Darío Luna MartínezRubén Darío Luna Martínez, diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), faltó a 74 de 84 sesiones (del 16/082017 al 12/01/2018) en las cuales presentó excusas. Ha asistido apenas a diez sesiones aunque su promedio es de un 100 por ciento.
Martínez es diputado de ultramar y en el último período (del 16/082017 al 12/01/2018) sólo asistió a 7 sesiones, mientras se excusó en 29 de las 36 sesiones.
Héctor Ramón Peguero MaldonadoHéctor Ramón Peguero Maldonado, del Movimiento Democrático Alternativo (MODA), tuvo 42 ausencias (del 16/082017 al 12/01/2018) con 35 excusas y un total de 42 asistencias con un promedio de 92 por ciento.
En el último período, Peguero Maldonado, faltó en las 36 ocasiones por las cuales se excusó a su vez, por lo que pese a no asistir mantuvo un porcentaje de asistencia de un 100%.
Jacqueline MonteroJacqueline Montero, diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo un total de 41 ausencias (del 16/082017 al 12/01/2018), 37 de estas con excusas y cuatro sin excusar. Mantiene un récord de asistencias de un 95%.
Aciris Milciades Medina BáezAciris Milciades Medina Báez, diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se ausentó un total de 39 veces del 16/082017 al 12/01/2018), 32 de ellas con excusas y un promedio de 92 % de asistencia.
Miguel Ángel Peguero MéndezMiguel Ángel Peguero Méndez, Partido Popular Cristiano (PPC), estuvo ausente en 42 ocasiones (del 16/082017 al 12/01/2018), seis de ellas sin excusas. Pese a tener registro de 42 asistencias a las sesiones legislativas, mantuvo un 93 % de asistencias.
Rafaela Alburquerque de GonzálezRafaela Alburquerque de González, diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), estuvo ausente durante 31 sesiones (del 16/082017 al 12/01/2018), de las cuales presentó excusas en 18 ocasiones. Sus 53 asistencias efectivas le valieron un porcentaje de 85% del registro asistencial.
Eduard Jorge GómezEduard Jorge Gómez del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo un total de 36 ausencias (del 16/082017 al 12/01/2018). Aunque solo asistió en 48 ocasiones de las 84 sesiones celebradas, mantuvo un porcentaje asistencial de 92%.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.