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Consejos sobre primeros auxilios para esta Semana Santa
SANTO DOMINGO. El asueto de Semana Santa resulta para muchos ideal para desplazarse hacia las diferentes provincias del país, en especial las zonas costeras y montañosas. Durante este período, debido al incremento sustancial de personas en las carreteras y balnearios, también es notable el aumento de accidentes.
Diario Libre conversó con la doctora Miguelina Tactuk, directora de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), quien ofreció algunas pautas a seguir para estar listos al momento de que surja un imprevisto en la carretera o en el agua.
Según Tactuk, la persona que va a prestar ayuda al momento que ocurre una situación de emergencia, tiene que asegurar la escena antes de intervenir. Esta debe revisar que no haya escombros producto del accidente (vidrios, objetos punzantes, etc.).
“Si la persona no posee conocimientos para ofrecer primeros auxilios, debe limitarse a contactar con el 911 y ofrecer los detalles del hecho. Con decir cuántos heridos, sexo y tipo de accidente ocurrido, es suficiente ayuda al momento de informar sobre un accidente de tránsito y puede salvar la vida del o los involucrados en el hecho”.
Para abordar a una persona accidentada es imprescindible usar protección, para así evitar fluidos que puedan afectar tanto al paciente como al que realiza la labor de socorrista.Lo que no debe
Lo que no debe faltar en tu botiquín
1. Manual de primeros auxilios
2. Gasa estéril
3. Cinta adhesiva
4. Vendas adhesivas
5. Toallitas antisépticas
6. Jabón
7. Crema de hidrocortisona al 1%
8. Acetaminofén [Tylenol, por ejemplo] e ibuprofeno [puede ser Advil]
9. Antialérgicos
10. Antiácido
11. Tijeras
12. Alcohol
13. Repelente
14. Loción de calamina
15. Linterna con pilas de repuesto
16. Guantes de plástico
17. Termómetro
18. Alguna pomada para quemaduras
Sobre los cursos de primeros auxiliosLa Escuela Nacional de Gestión de Riesgos ofrece los cursos de primeros auxilios en modalidad semipresencial de manera gratuita. Los interesados en instruirse en esta área solo deben llamar a la institución al teléfono 809-475-4125 o vía el portal web www.aulavirtual.defensacivil.gob.do.
La doctora cita entre los casos más comunes en accidentes de tránsitos, las fracturas. Dice que este tipo de lesiones es importante tratarlas de la siguiente manera: si el paciente está consiente, se procede a preguntarle sobre el lugar de la molestia. En el caso de que la víctima esté inconsciente, es recomendable palpar con las yemas de los dedos las zonas vulnerables hasta dar con la fisura. Luego se procederá a inmovilizar con algunas maderas, cartones, la rama de algún árbol, los cordones, soga, correa o cualquier objeto que pueda servir.
‘’En estos casos es de vital importancia que la persona revise su entorno con un ojo crítico, analizando las herramientas que el entorno donde se encuentra le puede ofrecer para ayudar a la víctima. Hasta una gorra puede servir para inmovilizar el cuello en caso de ser necesario, en los primeros auxilios se utiliza todo, esto dependerá de la creatividad del socorrista”, detalla la especialista.
En el caso del que el paciente presente una fractura abierta con hemorragia, es imprescindible detener el sangrado, cubriendo la herida con un paño limpio o una venda, para luego proceder a inmovilizar la fractura.
Al momento de sacar a una persona del agua ante una situación de ahogamiento, las primeras medidas a tomar son: colocar al paciente en posición horizontal y revisar si tiene pulso y frecuencia pulmonar.
Si el paciente no presenta pulso ni respira, se procederá de manera inmediata a aplicar la maniobra de resucitación cardio pulmonar, que consiste en aplicar dos profundas inspiraciones a la víctima y dar 30 masajes o compresiones cardiacas, en la zona del tórax, donde termina el hueso del esternón, justo debajo del pezón izquierdo.
Esta acción se repetirá en cinco ocasiones. Si luego de concluido el ciclo, el paciente presenta pulso pero no respira, se deberán suspender las compresiones y seguir con las inspiraciones hasta que llegue un equipo médico.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.