Nacionales
La JCE hará hoy prueba regional del voto automatizado en 27 municipios del país
- 116,392 electores están convocados a prueba
- El horario será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Se desarrollará en 57 recintos electorales
La Junta Central Electoral (JCE) convocó para este miércoles 7 de agosto a 116,392 electores de 27 municipios para llevar a cabo una prueba regional de los equipos de voto automatizado que se utilizaría en las primarias que serán celebradas el próximo día 6 de octubre en los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Moderno (PRM).
Los municipios en los que serán habilitados los recintos electorales son Azua, Bajos de Haina, Barahona, Bayaguana, Cabrera, Cayetano Germosén, El Valle, Esperanza, Hato Mayor, Jarabacoa, Juan de Herrera, La Vega, Las Charcas, Las Guáranas, Mao, Moca, Monte Plata, Nagua, Neyba, Paraíso, Puñal, San Cristóbal, Pimentel, San Juan de la Maguana, Santiago de los Caballeros, Tamayo y Villa González.
A través de un comunicado, la Junta informó que habilitará 57 recintos electorales con una distribución de una a nueve mesas de votación por cada recinto, para un total de 100 mesas. Se trata de una “prueba regional” sobre el alcance de los equipos que compró la JCE a la empresa Digiworld SRL a un precio de 19.9 millones de dólares por un total de 55,000 equipos. La entidad recordó a los electores que deben acudir con su cédula de identidad y electoral en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde a fin de participar en dicha prueba.
Núñez explicó igualmente que esta distribución de espacios requiere, a su vez, de un personal capacitado el cual estará compuesto de cinco miembros por cada mesa de votación.
Además de la presencia de un personal de soporte técnico. También indicó: “Ya estamos en el proceso de capacitación y captación de los técnicos, así como del personal que tendrá a su cargo la seguridad de los recintos”.
Resaltó también que los delegados que estarán presentes en las mesas por los dos partidos recibirán una capacitación.
Se informó que el 100% de los equipos ya se encuentran en territorio dominicano y que “muy pronto todos estarán en el almacén de la JCE”.
Los lugares específicos donde se realizarán las pruebas este miércoles son los siguientes: en Bajos de Haina, el Centro de Excelencia Melba Báez de Erazo; en Quita Sueño, el Liceo Martín López; en Hatillo, el Centro Educativo Hatillo; en Las Charcas, la escuela John F. Kennedy; en Juan Herrera, la Escuela Profesor Leónidas del Carmen Sánchez; en Pedro Corto, la Escuela Primaria Profesora Adriana María Guillú; en Paraíso, la Escuela Primaria Mencía y en El Valle, la Escuela Benito González.
También funcionarán para esta prueba en Bayaguana, la Escuela Primaria 27 de Febrero; en Jarabacoa, el Liceo Luis Ernesto Gómez Uribe; en Las Guáranas, la Escuela Darío Antonio; en Puñal, la Escuela Profesora María Miranda; en Villa González, la Escuela Fernando Valerio; en Santiago Oeste, la Escuela Rafaela Jiminián Cruz; en Esperanza, la Escuela Pedro Henríquez Ureña; en Cabrera, la Escuela Primaria Arístides Fiallo Cabral; en Tamayo, el Liceo María Antonia Gómez y en Cayetano Germosén, la Escuela Isabel La Católica.
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Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.