Internacionales
Duque agota su primer año al frente de Colombia sin un rumbo claro
La imagen del joven presidente, ambiguo frente al acuerdo de paz que firmó su antecesor, enfrenta un prematuro desgaste
Iván Duque, de 43 años, fue elegido el presidente más joven en la historia reciente de Colombia con una cifra inédita: más de diez millones de votos, un resultado que enviaba un mensaje de renovación. El mandatario, que este miércoles cumple un año en el poder, se propuso desde la propia campaña superar el clima de polarización en que el país sudamericano se encuentra atrapado desde la negociación del acuerdo de paz con las FARC, en tiempos de su predecesor, Juan Manuel Santos. De momento, no lo ha conseguido. Su agenda, además, se ha visto empantanada en sus propios reparos al sistema de justicia transicional y el índice de aprobación del mandatario no ha llegado a recuperarse del todo desde que se desplomaron en los primeros meses. La encuestadora Invamer ubica la aprobación del presidente en el 37%, mientras Datexco le otorga un 32%.
La tensa relación con el Congreso
La revista colombiana Semana lo califica como un “año de aprendizaje”, mientras que el influyente semanario británico The Economist valora que la “tensa e improductiva” relación de Duque con el Congreso ha derivado en una presidencia menos productiva en el terreno legislativo que las de sus antecesores –tanto Santos como su mentor político, el hoy senador Álvaro Uribe–.
Dos de los pesos pesados de su Gobierno, los ministros de Defensa y Hacienda, han sobrevivido a sendos intentos de mociones de censura. Pero su Ejecutivo ha acusado el desgaste. Al final solo ha habido una baja, en la cartera de Justicia. Gloria María Borrero dimitió en mayo, en plena crisis institucional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó liberar al líder de las FARC Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos y al que Duque en repetidas ocasiones ha tildado de “mafioso”. Su renuncia se produjo un día después de la del fiscal, Néstor Humberto Martínez, para el que Duque aún debe proponer una terna para reemplazarlo. Santrich, cuyo caso ha tensado tanto la implementación de la paz como la separación de poderes, desapareció poco después y ya es formalmente un prófugo de la justicia.
La agenda mínima de paz
A Duque le ha correspondido implementar un acuerdo de paz del que fue un crítico férreo. El ambicioso pacto, además del desarme de las FARC, hoy convertidas en partido político, aspiraba a transformar los territorios más golpeados por la guerra y cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad. En medio de restricciones presupuestarias, el presidente, elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos, ha optado en su lugar por la “agenda más mínima de paz”, que responde a la reincorporación y algunos programas de desarrollo, apunta María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Las seis objeciones presidenciales a la ley que reglamenta la JEP, presentadas en marzo y rechazadas en el Congreso, se saldaron con una estruendosa derrota. “Duque se metió en una sin salida, eso lo desgastó tremendamente y polarizó”, en abierto contraste con su narrativa de unir a los colombianos, valora Llorente.
Al panorama de seguridad se suma el asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país –cerca de 500 desde 2016–, así como el de excombatientes que firmaron la paz –más de un centenar–. Esos crímenes, que el propio Gobierno considera una prioridad, han sido un recordatorio de que diversos actores armados continúan activos en Colombia, entre herederos de los grupos paramilitares, disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que el Gobierno rompió cualquier amago de negociación después del sangriento atentado con coche bomba contra una escuela de policía a comienzos de año.
Escándalos militares
Las nuevas directrices el Ejército que pedían incrementar las bajas en combate volvieron a agitar el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”, y provocaron cuestionamientos tanto a la cúpula militar nombrada por Duque como a su ministro de Defensa, Guillermo Botero. Las erráticas declaraciones del ministro sobre el asesinato de un exguerrillero a manos de un cabo de las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una moción para forzar su salida. Sin embargo, a diferencia del episodio de las objeciones a la JEP, el Ejecutivo consiguió que el Congreso cerrase filas alrededor del cuestionado Botero y de los propios uniformados.
Entre Washington y Caracas
En el terreno internacional, Duque reclamó desde el primer momento -desde la campaña electoral misma- una actitud mucho más clara frente a la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, el vecino con el que comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. Retiró a Colombia de Unasur, denunció al régimen chavista ante la Corte Penal Internacional, reconoció -junto a medio centenar de países- al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y apostó decididamente por un “cerco diplomático”. Sin embargo, esa estrategia ha perdido impulso. “La posición colombiana quedó diluida”, apunta la analista Sandra Borda, autora de ¿Por qué somos tan parroquiales?, una breve historia internacional del país andino. Hoy lo que está sobre la mesa es una salida negociada.
El Gobierno de Duque ha elevado ante los grandes foros internacionales la crisis generada por el éxodo venezolano. Colombia es por mucho el principal receptor de esa diáspora, con más de 1,4 millones de nacionales del país vecino residiendo en su territorio, y ha establecido una política migratoria de puertas abiertas. “Es el tema en que más consistencia ha habido a lo largo del tiempo, pero no es el tema guía de la política exterior. Básicamente, estamos reaccionando frente a una crisis”, señala Borda, que traza un paralelismo entre el Ejecutivo de Duque a un “caminante sin brújula”. El presidente ha pedido de manera reiterada un mayor acompañamiento de la comunidad internacional.
El mandatario ha puesto el eje de su política exterior en Washington, un socio en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas desde finales de los noventa –como ya lo hizo su mentor, el expresidente Uribe–. Pero las relaciones se han tensado por el nivel récord de cultivos de coca. Trump, incluso, ha amenazado con descertificar a Colombia en septiembre. El país sudamericano cerró 2018 con 169.000 hectáreas dedicadas a la planta -base de la cocaína-, una reducción anual muy leve -de 2.000 hectáreas- que, sin embargo, le ha servido a Duque para esgrimir que consiguió romper la tendencia de crecimiento exponencial. El Ejecutivo se ha mostrado decidido a regresar a las fumigaciones con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno promovido por Washington, una medida que cuenta con la resistencia de opositores, académicos y ambientalistas.
EL DESEMPLEO ENCIENDE LAS ALARMAS
Duque tiene el emprendimiento como bandera y promueve la llamada economía naranja, que se sustenta en las industrias creativas. Pero con un crecimiento del PIB de 2,7 % el año pasado, y una cifra proyectada cercana a 3% para 2019, la economía colombiana ha batallado para generar puestos de trabajo. El desempleo ha aumentado para volver a ubicarse entorno a la cifra simbólica de dos dígitos, y ha pasado a ser la principal preocupación de los colombianos en las encuestas. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya ha enfrentado dos intentos de moción de censura, dijo recientemente que aún no sabe que está empujando el desempleo ni cómo corregirlo.
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Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.
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La jueza sudafricana Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz; bromea con compartirlo con Trump
Agencia AFP
Defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda
a sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está «bajo ataque».
Navanethem «Navi» Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).
Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).
Este es uno de los motivos por los que el Nobel de la Paz de este año posiblemente escueza al presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha reiterado una y otra vez lo mucho que le gustaría que se lo dieran.
«Quizá comparta el premio con Trump»
En el caso de Pillay, la primera reacción al conocer el galardón fue pensar que era una broma: «Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo», afirmó.
La jurista mencionó su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU.
«Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio», afirmó.
«Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?», añadió ella.
En 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.
Washington considera que es una institución «politizada», y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, el presidente Trump pidió a todos los países miembros «retirarse oficial e inmediatamente».
El Comité Nobel marca distancias sin embargo con las conclusiones del informe sobre Gaza.
«No somos un tribunal»
«No somos un tribunal. Se trata de su informe, del informe de la comisión, y por supuesto tenemos una gran confianza en su profesionalismo y su integridad», dijo su presidente Jørgen Watne Frydnes, a la AFP.
El Comité Nobel Noruego dice haber otorgado el prestigioso premio a la sudafricana por «promover la paz y el derecho internacional».
«Ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos», afirmó el jurado, que alabó su «brújula moral».
En una época marcada por muchas guerras y conflictos el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad. «Es una necesidad absoluta», afirma el comité Nobel.
La justicia internacional «está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque», recalcó.
En la actualidad Navi Pillay es magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que se acusa a Birmania de genocidio.
El Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay da fe «de la necesidad y el valor» de los derechos humanos, destacó la ONU inmediatamente después del anuncio.
Para la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, el galardón reviste «una importancia especial» en un momento de «grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho».
El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.
Se entregará en una ceremonia oficial en Oslo el 10 de diciembre, cuando se conmemora el aniversario de la muerte, en 1896, del creador de los premios, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.