Internacionales
Duque agota su primer año al frente de Colombia sin un rumbo claro
La imagen del joven presidente, ambiguo frente al acuerdo de paz que firmó su antecesor, enfrenta un prematuro desgaste
Iván Duque, de 43 años, fue elegido el presidente más joven en la historia reciente de Colombia con una cifra inédita: más de diez millones de votos, un resultado que enviaba un mensaje de renovación. El mandatario, que este miércoles cumple un año en el poder, se propuso desde la propia campaña superar el clima de polarización en que el país sudamericano se encuentra atrapado desde la negociación del acuerdo de paz con las FARC, en tiempos de su predecesor, Juan Manuel Santos. De momento, no lo ha conseguido. Su agenda, además, se ha visto empantanada en sus propios reparos al sistema de justicia transicional y el índice de aprobación del mandatario no ha llegado a recuperarse del todo desde que se desplomaron en los primeros meses. La encuestadora Invamer ubica la aprobación del presidente en el 37%, mientras Datexco le otorga un 32%.
La tensa relación con el Congreso
La revista colombiana Semana lo califica como un “año de aprendizaje”, mientras que el influyente semanario británico The Economist valora que la “tensa e improductiva” relación de Duque con el Congreso ha derivado en una presidencia menos productiva en el terreno legislativo que las de sus antecesores –tanto Santos como su mentor político, el hoy senador Álvaro Uribe–.
Dos de los pesos pesados de su Gobierno, los ministros de Defensa y Hacienda, han sobrevivido a sendos intentos de mociones de censura. Pero su Ejecutivo ha acusado el desgaste. Al final solo ha habido una baja, en la cartera de Justicia. Gloria María Borrero dimitió en mayo, en plena crisis institucional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó liberar al líder de las FARC Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos y al que Duque en repetidas ocasiones ha tildado de “mafioso”. Su renuncia se produjo un día después de la del fiscal, Néstor Humberto Martínez, para el que Duque aún debe proponer una terna para reemplazarlo. Santrich, cuyo caso ha tensado tanto la implementación de la paz como la separación de poderes, desapareció poco después y ya es formalmente un prófugo de la justicia.
La agenda mínima de paz
A Duque le ha correspondido implementar un acuerdo de paz del que fue un crítico férreo. El ambicioso pacto, además del desarme de las FARC, hoy convertidas en partido político, aspiraba a transformar los territorios más golpeados por la guerra y cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad. En medio de restricciones presupuestarias, el presidente, elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos, ha optado en su lugar por la “agenda más mínima de paz”, que responde a la reincorporación y algunos programas de desarrollo, apunta María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Las seis objeciones presidenciales a la ley que reglamenta la JEP, presentadas en marzo y rechazadas en el Congreso, se saldaron con una estruendosa derrota. “Duque se metió en una sin salida, eso lo desgastó tremendamente y polarizó”, en abierto contraste con su narrativa de unir a los colombianos, valora Llorente.
Al panorama de seguridad se suma el asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país –cerca de 500 desde 2016–, así como el de excombatientes que firmaron la paz –más de un centenar–. Esos crímenes, que el propio Gobierno considera una prioridad, han sido un recordatorio de que diversos actores armados continúan activos en Colombia, entre herederos de los grupos paramilitares, disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que el Gobierno rompió cualquier amago de negociación después del sangriento atentado con coche bomba contra una escuela de policía a comienzos de año.
Escándalos militares
Las nuevas directrices el Ejército que pedían incrementar las bajas en combate volvieron a agitar el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”, y provocaron cuestionamientos tanto a la cúpula militar nombrada por Duque como a su ministro de Defensa, Guillermo Botero. Las erráticas declaraciones del ministro sobre el asesinato de un exguerrillero a manos de un cabo de las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una moción para forzar su salida. Sin embargo, a diferencia del episodio de las objeciones a la JEP, el Ejecutivo consiguió que el Congreso cerrase filas alrededor del cuestionado Botero y de los propios uniformados.
Entre Washington y Caracas
En el terreno internacional, Duque reclamó desde el primer momento -desde la campaña electoral misma- una actitud mucho más clara frente a la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, el vecino con el que comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. Retiró a Colombia de Unasur, denunció al régimen chavista ante la Corte Penal Internacional, reconoció -junto a medio centenar de países- al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y apostó decididamente por un “cerco diplomático”. Sin embargo, esa estrategia ha perdido impulso. “La posición colombiana quedó diluida”, apunta la analista Sandra Borda, autora de ¿Por qué somos tan parroquiales?, una breve historia internacional del país andino. Hoy lo que está sobre la mesa es una salida negociada.
El Gobierno de Duque ha elevado ante los grandes foros internacionales la crisis generada por el éxodo venezolano. Colombia es por mucho el principal receptor de esa diáspora, con más de 1,4 millones de nacionales del país vecino residiendo en su territorio, y ha establecido una política migratoria de puertas abiertas. “Es el tema en que más consistencia ha habido a lo largo del tiempo, pero no es el tema guía de la política exterior. Básicamente, estamos reaccionando frente a una crisis”, señala Borda, que traza un paralelismo entre el Ejecutivo de Duque a un “caminante sin brújula”. El presidente ha pedido de manera reiterada un mayor acompañamiento de la comunidad internacional.
El mandatario ha puesto el eje de su política exterior en Washington, un socio en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas desde finales de los noventa –como ya lo hizo su mentor, el expresidente Uribe–. Pero las relaciones se han tensado por el nivel récord de cultivos de coca. Trump, incluso, ha amenazado con descertificar a Colombia en septiembre. El país sudamericano cerró 2018 con 169.000 hectáreas dedicadas a la planta -base de la cocaína-, una reducción anual muy leve -de 2.000 hectáreas- que, sin embargo, le ha servido a Duque para esgrimir que consiguió romper la tendencia de crecimiento exponencial. El Ejecutivo se ha mostrado decidido a regresar a las fumigaciones con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno promovido por Washington, una medida que cuenta con la resistencia de opositores, académicos y ambientalistas.
EL DESEMPLEO ENCIENDE LAS ALARMAS
Duque tiene el emprendimiento como bandera y promueve la llamada economía naranja, que se sustenta en las industrias creativas. Pero con un crecimiento del PIB de 2,7 % el año pasado, y una cifra proyectada cercana a 3% para 2019, la economía colombiana ha batallado para generar puestos de trabajo. El desempleo ha aumentado para volver a ubicarse entorno a la cifra simbólica de dos dígitos, y ha pasado a ser la principal preocupación de los colombianos en las encuestas. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya ha enfrentado dos intentos de moción de censura, dijo recientemente que aún no sabe que está empujando el desempleo ni cómo corregirlo.
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Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.
Internacionales
Putin ordena suspender tres días los ataques a Kiev tras la llegada de los emisarios de EE.UU.
Efe
Berlín.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado cesar durante tres días los ataques contra la capital ucraniana debido al viaje a Moscú y Kiev de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó hoy el Kremlin.
«El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev. Esto está relacionado con los preparativos de los contactos de los (enviados) estadounidenses en Kiev», explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a las agencias locales.
Peskov también confirmó que Kiev había informado a Moscú de la decisión del presidente ucraniano, Volodími Zelenski, de suspender los ataques a Rusia durante la presencia en ambos países de Witkoff y Kushner.
Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev
Washington había exigido a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, tras lo que el Kremlin negó en un primer momento el viernes un posible acuerdo al respecto con Ucrania.
’Rusia debe hacer lo mismo (…) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible», comentó Zelenski anoche en su tradicional alocución a la nación.
Zelenski había amenazado esta semana a Rusia con hacer «imposibles» las comunicaciones aéreas en su territorio, por lo que llamó a las cancillerías occidentales y a las aerolíneas extranjeras a reaccionar en consecuencia.
Putin recibirá hoy a ambos mediadores
A su vez, el portavoz ruso confirmó que Putin recibirá hoy a ambos mediadores, que no viajaban a Moscú desde enero pasado. «Efectivamente, habrá reunión. Por regla general, hasta ahora han sido bastante prolongadas», dijo.
Con todo, llamó también a no precipitarse acerca de los posibles resultados de la reunión, ya que -recordó- «el propio presidente (de EE.UU., Donald) Trump dijo ayer que no se trataba de nuevas ideas» para el arreglo del conflicto.
En cuanto al motivo de que, por primera vez, Witkoff y Kushner también viajen a Kiev, instó a los reporteros a hacerles esa misma pregunta a los enviados estadounidenses.
Trump confirma que sus enviados viajan a Rusia y Ucrania para reavivar las negociaciones
El avión especial de EE.UU. con ambos emisarios entró en el espacio aéreo ruso desde Finlandia menos de dos semanas después de que visitara Moscú por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania el director de la CIA, John Ratcliffe.
Trump reconoció anoche que sus enviados «llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras».
Putin se mostró esta semana dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento tanto un alto el fuego prolongado como una posible cumbre tripartita con EE.UU. y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.
Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.
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Veinticinco años después del 11 de septeimbre, el «cerebro» del atentado aún espera juicio para 2028
Efe
Washington, EEUU.-Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el presunto cerebro y otros tres acusados siguen a la espera de un juicio, que se prevé comience el próximo 5 de junio de 2028 después de pasar más de una década estancado en su fase preliminar.
El complejo caso conjunto contra Jalid Sheij Mohamed, quien habría propuesto la idea a Osama bin Laden y luego supervisado la operación, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, se tramita ante las comisiones militares creadas en la base naval de Guantánamo.
En su enclave militar al este de Cuba, EE.UU. llegó a retener a unos 780 hombres, de los que hoy quedan 15 prisioneros considerados de alto riesgo o en un limbo legal. La prisión continúa en funcionamiento a pesar de los intentos del expresidente demócrata Barack Obama por clausurarla.
Prisioneros de alto perfil
Sheij Mohamed, su sobrino Al Baluchi (conocido también como Ali Abdul Aziz Ali), Bin Attash y Al Hawsawi permanecen recluidos en instalaciones de máxima seguridad en Guantánamo, tras años en cárceles clandestinas de la CIA y después de ser sometidos a técnicas de interrogatorio consideradas tortura, como el ahogamiento simulado («waterboarding», en inglés).
El prisionero de mayor valor en la base naval y sus cómplices se enfrentan a la pena de muerte por el asesinato de 2.977 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, en los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos.
En julio de 2024, Sheij Mohammed y otros dos acusados llegaron a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales militares a cambio de evitar la pena de muerte por condenas de cadena perpetua, un intento por cerrar el expediente que luego fracasó.
Años de retraso
Los cargos contra los acusados fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en 2008, tras lo cual el procedimiento se suspendió por varios años y fue reformulado bajo nuevas normas en 2012.
Además de las acusaciones contra el supuesto ideólogo del 11S, Bin Attash está señalado por dirigir la selección y el entrenamiento de varios de los atacantes, mientras que Al Baluchi y Al Hawsawi supuestamente enviaron ayuda monetaria y se encargaron de varios preparativos en la operación.
En 2023, un juez militar separó a un quinto acusado, Ramzi bin al Shibh, del caso original por incapacidad mental.
Desde su reinicio, el proceso ha estado plagado de demoras logísticas debido a la lejanía de Guantánamo del territorio estadounidense, denuncias por escuchas a la defensa, junto a debates para esclarecer si las confesiones de los acusados están «manchadas» por las torturas de la CIA y pueden ser usadas en una corte.
También ha habido retrasos por imprevistos técnicos y los cuidadosos procedimientos para evitar revelar identidades e información delicada en un caso donde todavía muchas de las evidencias permanecen selladas al público e incluso a varios miembros de la defensa.
Una fecha para el juicio
Estos años de estancamiento han provocado la frustración de los supervivientes y los familiares de las víctimas, que exigen que se haga justicia y denuncian la lentitud de un proceso que, según afirmaron varios de ellos a EFE, debía haberse celebrado en tribunales de Nueva York o Washington.
Sin embargo, a fines de agosto pasado, el juez militar Michael Schrama determinó que el juicio contra Sheij Mohamed y sus cómplices comenzaría el próximo 5 de junio de 2028 con la selección del jurado en las salas de las comisiones militares en Guantánamo, casi 27 años después de los atentados.
Inicialmente la Fiscalía había solicitado que el juicio comenzara en enero de 2027, pero Schrama -el quinto magistrado asignado al caso desde 2012- consideró que esta no era una fecha realista.
A pesar de tener ya plazo previsto, el proceso debe aún resolver numerosas cuestiones previas y depende del cumplimiento de plazos fijados por el tribunal, por lo que expertos no descartan nuevas demoras en el calendario del caso, visto a menudo como un claro ejemplo de la lentitud de la justicia militar estadounidense.