Nacionales
Pre-candidatos Danilistas se Enfrentan por Escogencia.
Por Cristina Rodríguez
Los ocho aspirantes presidenciales de la corriente de Danilo Medina tendrán que batirse ahora en dos frentes de batalla, que los colocan por igual en un terreno de confrontación y debilidad interna, para enfrentar con éxito las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández.
El llamado “Grupo de los Seis”, integrado por Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret, Temístocles Montás, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Radhamés Segura, se ha apertrechado tras la inesperada salida al ruedo del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, provocando una verdadera rebelión.
El descontento se evidenció desde antes de la reunión del Comité Central del pasado sábado cuando se elegieron los once precandidatos presidenciales que se enfrentarán en las primarias abiertas del 6 de octubre próximo.
Guerra declarada
Sin embargo, las contradicciones se evidenciaron de manera frontal inmediatamente después de la selección oficial de los precandidatos.
El presidente del Senado y secretario general del PLD, Pared Pérez, aseguró de manera expresa en una entrevista que solo ellos seis suscribieron un acuerdo, que el presidente Medina conoce, donde se comprometieron a exponerse a un estudio de mercado con tres empresas encuestadoras, y quien resulte favorecido por lo menos en dos de las encuestas, en septiembre próximo, será el precandidato para enfrentar al expresidente Fernández en las primarias.
“Gonzalo y los demás no forman parte de ese acuerdo”, aseguró Pared Pérez. Y a la pregunta de que si apoyaría a Gonzalo si gana, respondió: “Bueno es que él no forma parte del acuerdo”.
Ayer Gonzalo Castillo reaccionó dando una evidente respuesta a Pared Pérez, luego de participar en un acto proselitista en el club Los Cachorros, de Cristo Rey. “Mi deseo sería que pudiéramos trabajar unidos, que el danilismo sumara todas sus fuerzas en torno a un solo candidato. Confío en que eso ocurrirá. Sin embargo, si no fuera posible, estoy decidido a ir hasta el final con mi candidatura y estoy seguro de que obtendré la victoria contundente en las primarias del PLD”.
El año pasado el presidente Medina exhortó a todos los dirigentes que aspiraran a la candidatura presidencial por el PLD a impulsar sus proyectos.
Desde entonces Pared Pérez, Amarante Baret, Montás, Domínguez Brito, Navarro y Segura realizan recorridos por todo el país. El mandatario volvió a reunirse con los seis inmediatamente pronunció el discurso del 22 de julio pasado, anunció al país que no propiciaría una reforma constitucional para su repostulación en las elecciones de 2020. Además de estos precandidatos el PLD escogió a Manuel Crespo, Maritza Hernández y Melanio Paredes, en la reunión del Comité Central el pasado sábado.
Reinaldo Pared Pérez es presidente del Senado y secretario general del PLD. El 25 del mes pasado 23 senadores ofrecieron el apoyo a su candidatura presidencial.
Domínguez Brito renunció como ministro de Medio Ambiente para buscar la candidatura el 26 de abril de 2018. Y Amarante Baret el 28 de mayo de ese año como ministro de Interior y Policía, con esos mismos fines.
Montás renunció de Industria y Comercio el 29 de mayo de 2017, tras ser apresado por el caso Odebrecht, del cual fue excluido luego. Mientras Navarro renunció como ministro de Educación el 17 de febrero pasado y presentó su proyecto.Gonzalo Castillo renunció como ministro de Obras Públicas el 31 de julio con efectividad el 5 de este mes para buscar la candidatura y anunció a Rubén Bichara como su jefe de campaña.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.