Santo Domingo, RD.- Los aprestos para reelegir mañana al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, volverán a poner a prueba el pacto de 15 puntos de Juan Dolio y el de “Alternabilidad” aprobados en 2015 por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).Nacionales
El pacto de Juan Dolio ante su última prueba
Santo Domingo, RD.- Los aprestos para reelegir mañana al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, volverán a poner a prueba el pacto de 15 puntos de Juan Dolio y el de “Alternabilidad” aprobados en 2015 por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).Esos acuerdos permitieron mitigar la crisis interna desatada ese año por el enfrentamiento entre los seguidores del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, luego de la reforma constitucional que permitió la reelección del mandatario.
La decisión del Comité Pólitico del PLD, de aprobar la alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados, estableció que los representantes del “danilismo” y del “leonelismo” ocuparían la presidencia de la Cámara de Diputados durante el período 2016-2020.
Se dispuso así que Lucía Medina, hermana del jefe de Estado, dirigiese la Cámara de Diputados de 2016 a 2017; Rubén Maldonado, seguidor de Fernández, de agosto de 2017 al 2018; Radhamés Camacho, identificado como danilista, en 2018 a 2019,y a Demóstenes Martínez, del 2019 a 2020. En el caso del Senado se acordó también que Reinaldo Pared Pérez seguirá como presidente.
El acuerdo fue ratificado por el Comité Político en julio de 2016, así como en julio de 2017 cuando se precisó apostillar a Maldonado ante los aprestos para reelegir a Lucía Medina en la presidencia de la Cámara de Diputados.
Ahora la historia se repite, pero la diferencia es que el Comité Político no se reúne desde el 17 de junio cuando trató las reservas del 20 por ciento de las candidaturas y el no cobro de cuotas a los aspirantes a cargos de elección popular. Entonces el PLD no ha podido definir la elección de los bufetes directivos, ni del Congreso Nacional ni de las alcaldías para este 16 de agosto.
Ayer, el presidente del partido, Leonel Fernández, reveló que desde el pasado sábado, luego de la reunion del Comité Central, pidió se convocara al Comité Político de esa organización.
Dijo que la petición de convocatoria la hizo al secretario general, Reinaldo Pared Pérez, quien habría hecho esfuerzos para reunir al organismo. “Pero me explicó que varios miembros del Comité Político presentaron sus excusas. Por este motivo no se ha realizado dicha reunión”, escribió en su cuenta de la red social Twitter el expresidente Fernández.
Esas declaraciones fueron confirmadas por Pared Pérez en la misma red social. “Es totalmente cierto lo que dice el Pdte. del @PLDenlinea en cuanto a la posible convocatoria del Comité Político y los esfuerzos que hicimos para dicha reunión, lo que no fue posible”.
Las alarmas se activaron aún más cuando ayer el precandidato presidencial y miembro del Comité Político, Temístocles Montás, anunció que la presidencia de los diputados seguirá en manos de Camacho, debido a la crisis interna que ha afectado al partido de gobierno en los últimos años.
Tanto Pared Pérez como legisladores y la miembro del Comité Político, Alejandrina Germán, han manifestado que los acuerdos son para ser respetados.
Todo parece indicar que la indisciplina en el PLD impide el cabal funcionamiento de los organismos de dirección, y que quienes imponen las reglas de juego son los grupos danilistas y leonelistas.
Comité Central. El pasado sábado el Comité Central del PLD se reunió y seleccionó a once precandidatos presidenciales para las próximas primarias abiertas, pautadas para el 6 de octubre.
El partido gobernante se encuentra inmerso en un proceso de precampaña de los aspirantes presidenciales, congresionales y municipales.
El 22 de este mes vence el plazo para inscribir las precandidaturas en la Junta Central Electoral.
listindiario
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.