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El PLD es un mar de incertidumbre por presidencia de Cámara
Reinaldo Pared Pérez reiteró que se acoge a lo acordado por el Comité Político sobre la Presidencia de la Cámara
El cumplimiento o no hoy del acuerdo de alternabilidad en la Cámara de Diputados que hizo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que daría la presidencia de ese órgano a Demóstenes Martínez para el periodo 2019-2020 definirá una nueva crisis en el partido oficial que podría agravarse a partir del tono que tome la campaña interna por la candidatura presidencial.
El secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, expresó la tarde de ayer que se acoge a lo que aprobó el Comité Político sobre la alternabilidad en las cámaras legislativas.
Hasta anoche, se daba como un hecho que el actual presidente de la Cámara, Radhamés Camacho se mantendría en el cargo luego debido a que el Comité Político no se reunió a pesar de la convocatoria que hizo el presidente de la organización, Leonel Fernández, para ratificar el acuerdo y definir la presidencia del Senado, las vocerías en ambas cámaras y otros temas relativos al Congreso. Tradicionalmente, la cúpula del PLD se reúne para decidir la directiva de las cámaras, pero en esta ocasión no ocurrió, probablemente producto de la división que afecta la organización.
El acuerdo sobre la alternabilidad en las cámaras se hizo en el 2016 y hasta ahora se ha cumplido año tras año. El impacto de romper ese acuerdo se podrá medir cuando transcurran los días en la forma de votación de la bancada peledeísta si lo hace unificada o dividida en proyectos como los préstamos que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) siempre rechaza.
El PRM también tiene en agenda la interpelación de varios funcionarios del gobierno por lo que habría que observar cómo se comporta la matrícula leonelista para esos casos. Luego de que se descartó la reelección del presidente Medina, el discursos agrio del leonelismo ha cesado y hablan de unidad, por tanto habría que ver que si en caso de que no se cumpla el acuerdo en la Cámara de Diputados, retomarán la confrontación.
Los demás partidos políticos como el PRM y Los Partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) habrían optado por no presentar ninguna propuesta y dejar en libertad a los legisladores a la hora de votar. Hasta ayer, los seguidores de Fernández tenían en agenda presentar la candidatura a la Presidencia de la Cámara de Demóstenes Martínez en cumplimiento a lo acordado por el Comité Político por no haber variado su decisión.
Tradicionalmente el Comité Político designa una comisión para encabezar la elección de los bufetes directivos en el Congreso. En el 2018 la integraron Radhamés Jiménez y César Pina Toribio.
Romper acuerdo afecta imagen PLD
Bautista Rojas Gómez, miembro del Comité Político y coordinador de campaña de Leonel Fernández, está confiado en que se respetará el acuerdo de alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados.
“Si no se respeta ese acuerdo, y mañana (hoy) Demóstenes Martínez no asume la presidencia de ese hemiciclo, el Comité Político, al que yo pertenezco va a quedar cuestionado”, expresó. Rojas Gómez recordó que la escogencia del presidente de la Cámara de Diputados es una competencia del Comité Político establecida en los en los estatutos de la organización. “No creo que la presidencia de la Cámara de Diputado esté en discusión.
Se inscribe en el acuerdo de alternabilidad y forma parte de los 15 puntos acordado en el 2015 y que fue refrendado por el Comité Central, el Congreso del Partido y una sentencia del Tribunal Superior Electoral”, subrayó.
Agregó que finalmente le pusieron nombre y apellido en el Comité Político, “primero fue presidenta Lucía Medina, luego Rubén Maldonado presidente, Radhamés Camacho, el actual y el próximo que le corresponderá a Demóstenes Martínez”. Explicó que como el Comité Político no se reunió previamente para tratar el tema de la elección de los bufetes directivos, el presidente del PLD Leonel Fernández y el secretario general Reinaldo Pared Pérez consultarán al presidente de la República.
Aclaró que existe una comisión designada por el Comité Político que normalmente se reúne con los bloques, y escoge al vicepresidente, al secretario y al vocero. “El presidente del partido y el secretario general normalmente se comunican con los comisionados históricos que hemos tenido para completar los bufetes y el vocero”, apuntó.
La incertidumbre
Ayer los seguidores de Fernández en el PLD estaban inmersos en la incertidumbre, porque no se había ratificado el acuerdo y debido a que están en minoría en la Cámara de Diputados es poco probable que puedan lograr la Presidencia del órgano en caso de que el sector del presidente Medina no cumpla lo acordado sobre la alternabilidad.
Radhamés Camacho presentó el pasado viernes sus memorias de un año de gestión al frente del hemiciclo.
Acuerdo
Ya me expresé sobre eso hace dos semanas y me acojo a lo que decidió el Comité Político”. Pared Pérez sobre la presidencia de la Cámara Baja.
División
El PLD está dividido y Radhamés Camacho seguirá al frente de la Cámara de Diputados”. Temístocles Montás partidario de romper el acuerdo.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.