Internacionales
Un gasoducto enfrenta a México, Estados Unidos y Canadá
El Gobierno de López Obrador entra en una disputa con las empresas que construyeron el ducto marino que va de Texas a Veracruz
La península de Yucatán se oscureció por lo menos una vez en los meses de marzo, abril y junio de este año. Los mexicanos del sureste padecieron los tres masivos cortes de electricidad en los días cálidos de primavera en los que el termómetro llegó a alcanzar los 40 grados. La demanda de luz en esos días fue altísima, debido principalmente al intenso uso del aire acondicionado, pero el suministro eléctrico no fue suficiente. La región sufre desde hace varios años una importante escasez de gas natural para generar la energía eléctrica que eche a andar no solo los sistemas de aire acondicionado, sino también a la industria. “No hay luz porque no hay suficiente gas en la península de Yucatán”, resume Gonzalo Monroy, consultor en energía y director de GMEC.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal encargada del suministro eléctrico, debía emitir una constancia en la que aceptaba la obra terminada y en la que ponía una fecha de inicio de operaciones. Esto aún no ha sucedido. Su director, Manuel Bartlett —un veterano político con poca experiencia en el sector energético— planteó entonces una renegociación de los contratos firmados en 2016 con TCEnergy e IEnova. “El propósito del Gobierno es renegociar los contratos, buscar contratos equitativos”, dijo el director de la CFE, entonces. Las firmas se negaron y ambas partes amenazaron con comenzar una pelea en tribunales internacionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado las condiciones de los contratos como «excesivos y leoninos». Su Gobierno buscaba con la renegociación dos objetivos: conservar el monto de una carta de crédito dado como garantía por las empresas y modificar la responsabilidad de las partes en eventos de fuerza mayor (como desastres naturales, accidentes, o movimientos sociales). Monroy, de GMEC, explica que los términos del contrato original entre las empresas y la CFE están dentro de los estándares internacionales y que no son abusivos, como ha argumentado Bartlett. “CFE va a perder porque el contrato está así y no lo pueden negar y cuando pierda le van a salir carísimo al Gobierno mexicano, van a tener que pagar hasta los taxis de los abogados”, comenta Monroy. López Obrador ha organizado en las últimas semanas mesas de negociación entre la CFE y las empresas involucradas, sin que hasta el momento hayan llegado a un acuerdo. López Obrador ha asegurado que la disputa podría terminar esta misma semana.
La tensión por el gasoducto ya ha escalado internacionalmente. El primero en manifestar su descontento fue el embajador de Canadá en México, Pierre Alaire: “Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la CFE y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos”, escribió en junio, en su cuenta de Twitter. El mensaje del diplomático dio visibilidad al conflicto que comenzó a llamar la atención en Ottawa. “El Gobierno canadiense está preocupado por las acciones de la Comisión Federal de Electricidad, que exige la eliminación de ciertas cláusulas contractuales estándar, como es la cláusula de fuerza mayor”, expresó a EL PAÍS Sylvain Leclerc, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. “Nos parece un incumplimiento de contratos escritos y emitidos por el Gobierno mexicano, a través de la CFE. Estamos en conversaciones con el Gobierno mexicano para enfatizar la importancia de respetar los contratos debidamente firmados”, agregó.
Un mes más tarde, el 25 de julio, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al presidente López Obrador para pedir que las negociaciones den paso al funcionamiento del gasoducto. “México y Texas se beneficiarían”, escribió Abbott. Aunque ni EE UU ni Canadá han manifestado abiertamente que el gasoducto puede afectar la relación comercial entre los tres países, el Gobernador texano ha dejado deslizar uno de los grandes temores en México: la ratificación del Tratado de Libre Comercio. “Las dudas sobre los retrasos y los contratos de larga duración y negocios entre México, Estados Unidos y Canadá pueden impactar negativamente a nuestras economías en los siguientes años. Como usted sabe, el Tratado Estados Unidos, México, Canadá (TMEC) todavía tiene que ser ratificado por los tres países. Las violaciones al Tratado de Libre Comercio o el incumplimiento de los contratos podrían poner en peligro al TMEC”, apuntó Abbott.
El asunto también ha estado a debate dentro del Gobierno de López Obrador. Carlos Urzúa, quien fungió como secretario de Hacienda hasta hace un mes, reconoció en una entrevista a la revista Proceso que una de las razones de su dimisión fue la disputa por el ducto. Urzúa no estaba de acuerdo en renegociar el contrato de 2016. “Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”, dijo. El exministro acusó a Bartlett de no tener los conocimientos suficientes sobre el tema y de generar un problema donde era necesaria una solución. “El pleito va a durar años y es muy probable que México lo pierda, además de que no podremos usar ese gasoducto por un buen rato. Es es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven en la península de Yucatán, donde ya hay apagones severos porque no hay gas”, remató Urzúa.
LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LÓPEZ OBRADOR
SONIA CORONA
Cuando Andrés Manuel López Obrador comenzó su Gobierno, en diciembre de 2018, prometió que retomaría la industria energética de México desde una perspectiva estatal. Históricamente el mandatario ha estado en contra de la apertura del sector a la iniciativa privada y ha protestado contra la reforma energética implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto, pero ha prometido no anularla. En los últimos meses, el Gobierno de López Obrador ha cancelado las subastas en petróleo y electricidad por lo que el proceso por el que los inversionistas privados participaban del mercado energético se detuvo. Además, el presidente ha anunciado la construcción de una refinería en Dos Bocas (Estado de Tabasco) para disminuir la importación de combustibles desde EE UU.
La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido la más favorecida con millonarios recursos para paliar su altísimo endeudamiento. “La otra prioridad es el rescate de Pemex, del sector energético. Vamos a seguir invirtiendo en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, porque son empresas fundamentales de la nación. Había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas, ahora las vamos a apuntalar, a consolidar a las dos empresas; es decir, se va a producir más petróleo, se va extraer más petróleo, más gasolinas y se va a generar más electricidad”, ha explicado el presidente.
elpais.com
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.
Internacionales
La jueza sudafricana Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz; bromea con compartirlo con Trump
Agencia AFP
Defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda
a sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está «bajo ataque».
Navanethem «Navi» Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).
Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).
Este es uno de los motivos por los que el Nobel de la Paz de este año posiblemente escueza al presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha reiterado una y otra vez lo mucho que le gustaría que se lo dieran.
«Quizá comparta el premio con Trump»
En el caso de Pillay, la primera reacción al conocer el galardón fue pensar que era una broma: «Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo», afirmó.
La jurista mencionó su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU.
«Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio», afirmó.
«Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?», añadió ella.
En 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.
Washington considera que es una institución «politizada», y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, el presidente Trump pidió a todos los países miembros «retirarse oficial e inmediatamente».
El Comité Nobel marca distancias sin embargo con las conclusiones del informe sobre Gaza.
«No somos un tribunal»
«No somos un tribunal. Se trata de su informe, del informe de la comisión, y por supuesto tenemos una gran confianza en su profesionalismo y su integridad», dijo su presidente Jørgen Watne Frydnes, a la AFP.
El Comité Nobel Noruego dice haber otorgado el prestigioso premio a la sudafricana por «promover la paz y el derecho internacional».
«Ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos», afirmó el jurado, que alabó su «brújula moral».
En una época marcada por muchas guerras y conflictos el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad. «Es una necesidad absoluta», afirma el comité Nobel.
La justicia internacional «está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque», recalcó.
En la actualidad Navi Pillay es magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que se acusa a Birmania de genocidio.
El Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay da fe «de la necesidad y el valor» de los derechos humanos, destacó la ONU inmediatamente después del anuncio.
Para la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, el galardón reviste «una importancia especial» en un momento de «grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho».
El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.
Se entregará en una ceremonia oficial en Oslo el 10 de diciembre, cuando se conmemora el aniversario de la muerte, en 1896, del creador de los premios, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.