Internacionales
Un gasoducto enfrenta a México, Estados Unidos y Canadá
El Gobierno de López Obrador entra en una disputa con las empresas que construyeron el ducto marino que va de Texas a Veracruz
La península de Yucatán se oscureció por lo menos una vez en los meses de marzo, abril y junio de este año. Los mexicanos del sureste padecieron los tres masivos cortes de electricidad en los días cálidos de primavera en los que el termómetro llegó a alcanzar los 40 grados. La demanda de luz en esos días fue altísima, debido principalmente al intenso uso del aire acondicionado, pero el suministro eléctrico no fue suficiente. La región sufre desde hace varios años una importante escasez de gas natural para generar la energía eléctrica que eche a andar no solo los sistemas de aire acondicionado, sino también a la industria. “No hay luz porque no hay suficiente gas en la península de Yucatán”, resume Gonzalo Monroy, consultor en energía y director de GMEC.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal encargada del suministro eléctrico, debía emitir una constancia en la que aceptaba la obra terminada y en la que ponía una fecha de inicio de operaciones. Esto aún no ha sucedido. Su director, Manuel Bartlett —un veterano político con poca experiencia en el sector energético— planteó entonces una renegociación de los contratos firmados en 2016 con TCEnergy e IEnova. “El propósito del Gobierno es renegociar los contratos, buscar contratos equitativos”, dijo el director de la CFE, entonces. Las firmas se negaron y ambas partes amenazaron con comenzar una pelea en tribunales internacionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado las condiciones de los contratos como «excesivos y leoninos». Su Gobierno buscaba con la renegociación dos objetivos: conservar el monto de una carta de crédito dado como garantía por las empresas y modificar la responsabilidad de las partes en eventos de fuerza mayor (como desastres naturales, accidentes, o movimientos sociales). Monroy, de GMEC, explica que los términos del contrato original entre las empresas y la CFE están dentro de los estándares internacionales y que no son abusivos, como ha argumentado Bartlett. “CFE va a perder porque el contrato está así y no lo pueden negar y cuando pierda le van a salir carísimo al Gobierno mexicano, van a tener que pagar hasta los taxis de los abogados”, comenta Monroy. López Obrador ha organizado en las últimas semanas mesas de negociación entre la CFE y las empresas involucradas, sin que hasta el momento hayan llegado a un acuerdo. López Obrador ha asegurado que la disputa podría terminar esta misma semana.
La tensión por el gasoducto ya ha escalado internacionalmente. El primero en manifestar su descontento fue el embajador de Canadá en México, Pierre Alaire: “Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la CFE y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos”, escribió en junio, en su cuenta de Twitter. El mensaje del diplomático dio visibilidad al conflicto que comenzó a llamar la atención en Ottawa. “El Gobierno canadiense está preocupado por las acciones de la Comisión Federal de Electricidad, que exige la eliminación de ciertas cláusulas contractuales estándar, como es la cláusula de fuerza mayor”, expresó a EL PAÍS Sylvain Leclerc, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. “Nos parece un incumplimiento de contratos escritos y emitidos por el Gobierno mexicano, a través de la CFE. Estamos en conversaciones con el Gobierno mexicano para enfatizar la importancia de respetar los contratos debidamente firmados”, agregó.
Un mes más tarde, el 25 de julio, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al presidente López Obrador para pedir que las negociaciones den paso al funcionamiento del gasoducto. “México y Texas se beneficiarían”, escribió Abbott. Aunque ni EE UU ni Canadá han manifestado abiertamente que el gasoducto puede afectar la relación comercial entre los tres países, el Gobernador texano ha dejado deslizar uno de los grandes temores en México: la ratificación del Tratado de Libre Comercio. “Las dudas sobre los retrasos y los contratos de larga duración y negocios entre México, Estados Unidos y Canadá pueden impactar negativamente a nuestras economías en los siguientes años. Como usted sabe, el Tratado Estados Unidos, México, Canadá (TMEC) todavía tiene que ser ratificado por los tres países. Las violaciones al Tratado de Libre Comercio o el incumplimiento de los contratos podrían poner en peligro al TMEC”, apuntó Abbott.
El asunto también ha estado a debate dentro del Gobierno de López Obrador. Carlos Urzúa, quien fungió como secretario de Hacienda hasta hace un mes, reconoció en una entrevista a la revista Proceso que una de las razones de su dimisión fue la disputa por el ducto. Urzúa no estaba de acuerdo en renegociar el contrato de 2016. “Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”, dijo. El exministro acusó a Bartlett de no tener los conocimientos suficientes sobre el tema y de generar un problema donde era necesaria una solución. “El pleito va a durar años y es muy probable que México lo pierda, además de que no podremos usar ese gasoducto por un buen rato. Es es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven en la península de Yucatán, donde ya hay apagones severos porque no hay gas”, remató Urzúa.
LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LÓPEZ OBRADOR
SONIA CORONA
Cuando Andrés Manuel López Obrador comenzó su Gobierno, en diciembre de 2018, prometió que retomaría la industria energética de México desde una perspectiva estatal. Históricamente el mandatario ha estado en contra de la apertura del sector a la iniciativa privada y ha protestado contra la reforma energética implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto, pero ha prometido no anularla. En los últimos meses, el Gobierno de López Obrador ha cancelado las subastas en petróleo y electricidad por lo que el proceso por el que los inversionistas privados participaban del mercado energético se detuvo. Además, el presidente ha anunciado la construcción de una refinería en Dos Bocas (Estado de Tabasco) para disminuir la importación de combustibles desde EE UU.
La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido la más favorecida con millonarios recursos para paliar su altísimo endeudamiento. “La otra prioridad es el rescate de Pemex, del sector energético. Vamos a seguir invirtiendo en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, porque son empresas fundamentales de la nación. Había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas, ahora las vamos a apuntalar, a consolidar a las dos empresas; es decir, se va a producir más petróleo, se va extraer más petróleo, más gasolinas y se va a generar más electricidad”, ha explicado el presidente.
elpais.com
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.