Internacionales
Un gasoducto enfrenta a México, Estados Unidos y Canadá
El Gobierno de López Obrador entra en una disputa con las empresas que construyeron el ducto marino que va de Texas a Veracruz
La península de Yucatán se oscureció por lo menos una vez en los meses de marzo, abril y junio de este año. Los mexicanos del sureste padecieron los tres masivos cortes de electricidad en los días cálidos de primavera en los que el termómetro llegó a alcanzar los 40 grados. La demanda de luz en esos días fue altísima, debido principalmente al intenso uso del aire acondicionado, pero el suministro eléctrico no fue suficiente. La región sufre desde hace varios años una importante escasez de gas natural para generar la energía eléctrica que eche a andar no solo los sistemas de aire acondicionado, sino también a la industria. “No hay luz porque no hay suficiente gas en la península de Yucatán”, resume Gonzalo Monroy, consultor en energía y director de GMEC.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal encargada del suministro eléctrico, debía emitir una constancia en la que aceptaba la obra terminada y en la que ponía una fecha de inicio de operaciones. Esto aún no ha sucedido. Su director, Manuel Bartlett —un veterano político con poca experiencia en el sector energético— planteó entonces una renegociación de los contratos firmados en 2016 con TCEnergy e IEnova. “El propósito del Gobierno es renegociar los contratos, buscar contratos equitativos”, dijo el director de la CFE, entonces. Las firmas se negaron y ambas partes amenazaron con comenzar una pelea en tribunales internacionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado las condiciones de los contratos como «excesivos y leoninos». Su Gobierno buscaba con la renegociación dos objetivos: conservar el monto de una carta de crédito dado como garantía por las empresas y modificar la responsabilidad de las partes en eventos de fuerza mayor (como desastres naturales, accidentes, o movimientos sociales). Monroy, de GMEC, explica que los términos del contrato original entre las empresas y la CFE están dentro de los estándares internacionales y que no son abusivos, como ha argumentado Bartlett. “CFE va a perder porque el contrato está así y no lo pueden negar y cuando pierda le van a salir carísimo al Gobierno mexicano, van a tener que pagar hasta los taxis de los abogados”, comenta Monroy. López Obrador ha organizado en las últimas semanas mesas de negociación entre la CFE y las empresas involucradas, sin que hasta el momento hayan llegado a un acuerdo. López Obrador ha asegurado que la disputa podría terminar esta misma semana.
La tensión por el gasoducto ya ha escalado internacionalmente. El primero en manifestar su descontento fue el embajador de Canadá en México, Pierre Alaire: “Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la CFE y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos”, escribió en junio, en su cuenta de Twitter. El mensaje del diplomático dio visibilidad al conflicto que comenzó a llamar la atención en Ottawa. “El Gobierno canadiense está preocupado por las acciones de la Comisión Federal de Electricidad, que exige la eliminación de ciertas cláusulas contractuales estándar, como es la cláusula de fuerza mayor”, expresó a EL PAÍS Sylvain Leclerc, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. “Nos parece un incumplimiento de contratos escritos y emitidos por el Gobierno mexicano, a través de la CFE. Estamos en conversaciones con el Gobierno mexicano para enfatizar la importancia de respetar los contratos debidamente firmados”, agregó.
Un mes más tarde, el 25 de julio, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al presidente López Obrador para pedir que las negociaciones den paso al funcionamiento del gasoducto. “México y Texas se beneficiarían”, escribió Abbott. Aunque ni EE UU ni Canadá han manifestado abiertamente que el gasoducto puede afectar la relación comercial entre los tres países, el Gobernador texano ha dejado deslizar uno de los grandes temores en México: la ratificación del Tratado de Libre Comercio. “Las dudas sobre los retrasos y los contratos de larga duración y negocios entre México, Estados Unidos y Canadá pueden impactar negativamente a nuestras economías en los siguientes años. Como usted sabe, el Tratado Estados Unidos, México, Canadá (TMEC) todavía tiene que ser ratificado por los tres países. Las violaciones al Tratado de Libre Comercio o el incumplimiento de los contratos podrían poner en peligro al TMEC”, apuntó Abbott.
El asunto también ha estado a debate dentro del Gobierno de López Obrador. Carlos Urzúa, quien fungió como secretario de Hacienda hasta hace un mes, reconoció en una entrevista a la revista Proceso que una de las razones de su dimisión fue la disputa por el ducto. Urzúa no estaba de acuerdo en renegociar el contrato de 2016. “Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”, dijo. El exministro acusó a Bartlett de no tener los conocimientos suficientes sobre el tema y de generar un problema donde era necesaria una solución. “El pleito va a durar años y es muy probable que México lo pierda, además de que no podremos usar ese gasoducto por un buen rato. Es es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven en la península de Yucatán, donde ya hay apagones severos porque no hay gas”, remató Urzúa.
LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LÓPEZ OBRADOR
SONIA CORONA
Cuando Andrés Manuel López Obrador comenzó su Gobierno, en diciembre de 2018, prometió que retomaría la industria energética de México desde una perspectiva estatal. Históricamente el mandatario ha estado en contra de la apertura del sector a la iniciativa privada y ha protestado contra la reforma energética implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto, pero ha prometido no anularla. En los últimos meses, el Gobierno de López Obrador ha cancelado las subastas en petróleo y electricidad por lo que el proceso por el que los inversionistas privados participaban del mercado energético se detuvo. Además, el presidente ha anunciado la construcción de una refinería en Dos Bocas (Estado de Tabasco) para disminuir la importación de combustibles desde EE UU.
La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido la más favorecida con millonarios recursos para paliar su altísimo endeudamiento. “La otra prioridad es el rescate de Pemex, del sector energético. Vamos a seguir invirtiendo en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, porque son empresas fundamentales de la nación. Había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas, ahora las vamos a apuntalar, a consolidar a las dos empresas; es decir, se va a producir más petróleo, se va extraer más petróleo, más gasolinas y se va a generar más electricidad”, ha explicado el presidente.
elpais.com
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.
Washington, Estados Unidos.-La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso», una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.
Los nuevos aranceles, anunciados por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretenden sustituir el arancel global temporal del 10 % impuesto por Trump, que expira este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.
En América Latina, la medida afecta a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen del 12,5 %.
Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10 % para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5 % para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.
A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10 %.
China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.
La medida deriva de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.
La política arancelaria de Trump, uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior.
Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.