Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República reveló supuestas intervenciones telefónicas realizadas al expelotero Octavio Dotel, uno de los acusados de presunto lavado de activos dentro de la red de narcotráfico de César Peralta “César El Abusador”, en las que presuntamente dijo la siguiente frase: “Yo quiero poner un negocito, de los negocito, de lo negocito de lo que nosotros hacemos”.Nacionales
Octavio Dotel: “Yo quiero poner un negocito… de los negocito, de lo negocito de lo que nosotros hacemos”
Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República reveló supuestas intervenciones telefónicas realizadas al expelotero Octavio Dotel, uno de los acusados de presunto lavado de activos dentro de la red de narcotráfico de César Peralta “César El Abusador”, en las que presuntamente dijo la siguiente frase: “Yo quiero poner un negocito, de los negocito, de lo negocito de lo que nosotros hacemos”.En las grabaciones mediante la cual se solicita la medida de coerción, el ex-pelotero sostenia esta conversación con Ambiorix Silverio Polanco, conocido como “Mascota”, a quien incluyen como miembro de la red de narcotráfico más importante de los últimos tiempos.
En el diálogo telefónico también se utilizan los términos “firmar la vaina”, “buscar una llave” y “realizar una reunión”.
Dotel presuntamente pidió “un local” para proponer “montar un negocio de los que ellos saben”.
Las autoridades a pesar de que no hay más detalles de la llamada telefónica, sostienen que se trata de abrir un negocio que serviría para lavado de dinero.
Dotel es acusado de ser uno de los colaboradores “principales en el aspecto del lavado de activos”, debido a su condición de exbeisbolista que le permitía mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas, detalla el documento.
El beisbolista ha negado su participación en la red delictiva que supuestamente lideraba César Peralta, «El Abusador», y ha indicado que todo el dinero que tiene se lo ha ganado honestamente con su trabajo en el beisbol organizado de los Estados Unidos.
Dotel ganó la suma de 41 millones de dólares norteamericanos en su carrera en las Grandes Ligas.
El Ministerio Público depositó ante el juzgado de atención permanente un CD que contiene las conversaciones que le fueron grabadas a Dotel, así como un pliego con las transcripciones de lo conversado.
Las autoridades han identificado bajo su nombre múltiples propiedades inmobiliarias, vehículos y participación en la capital de varias sociedades comerciales que supuestamente forman parte del esquema de lavado de activos.
El pasado martes la Procuraduría General de la República informó el desmantelamiento de la red de narcotráfico más grande de la historia del país, liderada por César El Abusador, a quien allanaron diversas propiedades en diferentes partes del país.
Octavio Eduardo Dotel, quien nació en ciudad de Santo Domingo, hace 45 años, es un exlanzador dominicano que jugó en las Grandes Ligas y que posee el récord como el beisbolista que ha jugado con más equipos en la MLB.
Este jueves se le conocería medida de coerción al expelotero y a los implicados Roberto José Cáceres, José Bernabé Quiterio y Obispo Feliz Lorenzo; sin embargo el juez José Alejandro Vargas aplazó para el lunes a las 10:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción.
Los arrestados por el momento son Baltazar Mesa (Baltazar o El Maestro), José Jesús Tapia Pérez (Bola Negra, Bola, Boludo o Juan Carlos López), y Sergio Gómez Díaz (Sergio René Gómez Díaz). El procurador Jean Alain Rodríguez dijo que a esta red también están vinculadas otras 18 personas entre ellas el expelotero Luis Castillo, quien ya informó que vendrá al país a enfrentar la acusación.
Igualmente, figuran Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Natanael Castro Cordero, Edward Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Roberto José Cáceres José, Yadher Rafael Jáquez Araujo, Heriberto De La Cruz Pérez, José Bernabé Quiterio, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then, Manuel Sánchez Pérez y Obispo Féliz Lorenzo.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.