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La oposición no puede contar con que el PLD se va a dividir: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Juan Bolívar Díaz
El haber permitido que parte de sus legisladores incursionaran en la disputa interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, fue un error táctico del Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque alienta la reforma constitucional para que Danilo Medina puede volver por la presidencia en el 2024.
Apostar al predominio del mandatario en la lucha interna del PLD sería un error estratégico porque él tiene más posibilidad de reunificar su partido si logra imponer un delfín como candidato presidencial derrotando a Leonel Fernández con todo el poder del Estado que después volcaría también contra la oposición externa.
Un mensaje equivocado
La decisión del PRM de dejar a sus diputados en libertad de incursionar en la disputa interna del PLD al elegir el presidente de la Cámara de Diputados ha sido objeto de amplio rechazo en las redes sociales y los cenáculos políticos, porque al favorecer la posición del presidente Medina alienta a quienes buscan otra reforma constitucional para que él pueda volver a ser candidato presidencial a partir del 2024. Sin el voto de 24 perremeistas no variaba el resultado. Predomina el criterio de que lo que corresponde a la oposición es dejar que los peledeístas se consuman en su feroz confrontación sin tomar parte por ninguna de sus facciones.
Pero la peor inversión sería apostar en favor del presidente Danilo Medina porque, como se advierte, para liquidar a Leonel Fernández, imponiendo un delfín de candidato presidencial del PLD, tendría que utilizar el poder del Estado que luego volcaría contra la oposición externa para predominar en los comicios del año próximo. Las posibilidades de reunificar el partido gobernante serían mayores si quien predomina es el usufructuario del poder.
Los danilistas estarían buscando apoyo entre sectores del PRM para rehabilitar al presidente, y el solo aliento de esa posibilidad le mejora las perspectivas de lograr que uno de los suyos supere a Fernández en las primarias del 6 de octubre, lo que luce difícil por el arraigo de quien fuera presidente de la nación en tres períodos, con muy amplias lealtades y gratitudes dentro y fuera del partido, como lo han reflejado todas las encuestas de los últimos años.
Adicción del PLD al poder
Podría ser un grave error la apuesta a que el PLD se va a dividir con la elección del candidato presidencial pero, si ha de ocurrir, la oposición tiene que dejar que lo determinen ellos. Aún se imponga Leonel Fernández en la elección primaria, sobrarían tiempo y esfuerzos por buscar una transacción con “garantías de impunidad” y consideraciones para Medina, que partirían hasta de cuadros importantes del mandatario que pudieran temer ser perseguidos por los leonelistas y mucho más por un gobierno de otro partido. Ya muchas de las miles de bocinas del PLD empiezan a privilegiar la unidad para salvar sus negocios.
Más allá de las rivalidades y resentimientos entre los dos mayores líderes del PLD, están los intereses de 300 a 400 mil peledeístas empleados en el gobierno, muchos con altísimos niveles salariales, de decenas de miles que han creado empresas para suplir y contratar con el Estado, y de los que tienen cuentas pendientes por los escándalos de corrupción de todo género.
Podría ser iluso creer que el presidente Medina hará que Leonel pierda si resulta el candidato presidencial, cuando la gran mayoría de su partido le agradece su prosperidad. Lo más que podrían lograr los opositores es que el mandatario modere la incursión del Estado en la campaña electoral, pero aun así muchos funcionarios utilizarían recursos públicos para favorecer a sus candidatos. Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior y dirigente del Comité Político, dijo el miércoles que “el PLD no puede darse el lujo de dividirse», en tanto el senador Charles Mariotti advirtió que “serán sorprendidos los que apuestan a la división” del partido.
Otro transitorio al revés
La rehabilitación de Danilo Medina para que pueda volver a optar por la presidencia, propuesta por los dirigentes reformistas Quique Antún y Rogelio Genao, y apoyada por el precandidato perremista Hipólito Mejía, parece un mayúsculo absurdo político, comenzando porque no incluye cambiar la fórmula constitucional de los dos períodos presidenciales y nunca más. Pero como Medina concluye ya sus dos períodos conllevaría otro artículo transitorio, pero ahora al revés del vigente que le prohíbe postularse en el 2020, para que a él exclusivamente se le exonere del límite en el 2024. Y la pregunta generalizada es a cambio de qué.
Para que eso sea posible, tendrán que mediar más de una veintena de votos de legisladores del PRM, lo que implicaría tensiones y confrontaciones internas que lo debilitarían. Nadie entiende cómo podrían mantener su demanda de cambio, sus denuncias de corrupción e impunidad, de ineficiencia, de rechazo a la dominación de todos los poderes del Estado y de la sociedad por parte del PLD, si ahora premian al presidente de los últimos ocho años, continuador de las desproporciones de los 12 años de Leonel Fernández. Eso no tendría precedente en la historia política contemporánea aún a nivel universal. En otras palabras que la oposición se inmolaría con una reforma constitucional con nombre y apellido y desperdiciaría la posibilidad de alternancia, a cambio de una ayuda difícil de materializarse después de la rehabilitación.
Debe asumirse que la negociación sería en caso de que Leonel Fernández resulte el candidato presidencial del PLD, porque sería el colmo que Danilo fuera a imponer un delfín en la primaria para después venderlo a la oposición. Por más vuelta que se le dé a ese proyecto, no hay manera de entenderlo en términos políticos.
Reunificar las elecciones
La reforma constitucional que rehabilitaría a Danilo Medina se está vendiendo a los legisladores opositores la “generosa preocupación” de que si las elecciones municipales van primero, en febrero, los alcaldes electos ya no se moverían para la presidencial y congresual de mayo. El planteamiento es engañoso, porque si los opositores salen bien de la primera, con mayor razón se empeñarían en ganar las segundas, y si pierden menos podrán ayudar a los candidatos al Congreso.
A quien más perjudica la elección municipal adelantada es al PLD, porque la confrontación en el territorio es casi personal e insuperable a corto plazo. Lo que sí podrían lograr los legisladores de la oposición que aspiran a reelegirse es “facilidades y ayudas” para que compitan, pero parten de la presunción de que de otra forma no ganarían, y si ellos no ganan, menos su candidato presidencial, lo que implica que de antemano no creen en la posibilidad de victoria y estarían vendiéndolo.
Pero la reunificación de las elecciones abona el presidencialismo y la concentración del poder, que hace depender el poder municipal y el legislativo, del arrastre presidencial. Implicaría que la oposición revierta por completo la reforma constitucional de 1994 que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, mutilada en parte en la Constitución peledeísta del 2010.
Un absurdo desperdicio
Si el PRM colabora en la rehabilitación de Danilo Medina perderá la calidad de opositor y desperdiciará la oportunidad de encarnar el sentimiento que reclama un cambio político, especialmente de la clase media donde el hastío por la corrupción y la impunidad, la inseguridad ciudadana, el auge del narcotráfico, el camino a la insostenibilidad fiscal y la manipulación de todas las instituciones estatales, se percibe en todos los medios y ambientes.
El hartazgo del peledeísmo quedó manifiesto en el movimiento de la marcha verde, que espera una expresión en las urnas y se expresa en las encuestas, con una progresiva decepción de los partidos políticos y anhelos de cambios. En la última encuesta Gallup-HOY, de mayo pasado, el 58% expresó su deseo de que gobierne otro partido, con 46% pidiendo “un cambio radical” y otro 32% “un gran cambio”. Un mes antes la encuesta Mark Penn-SIN registró un 59% que no tenía preferencias partidistas.
Las posibilidades de alternancia en el poder parecen radicar en la rebelión de las clases medias, con gran poder de influencia en las redes sociales, y sobre los sectores populares, a través de los trabajadores y trabajadoras domésticas, de los empleados informales, de las pequeñas y medianas empresas y la amplia gama de los servicios. El PLD conserva más poder de manipulación de los sectores bajos, especialmente del 38% de la población que recibe transferencias monetarias mensuales por medio del empleo público y los programas sociales. Son casi 4 millones de personas, como acaba de documentar un estudio del economista Miguel Collado di Franco, investigador del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.
Abona que no hay oposición
El regalo de la reforma para que Danilo Medina pueda buscar de nuevo la presidencia, ratificaría el histórico continuismo, el caudillismo y las dificultades de renovación del liderazgo nacional, y reforzaría el predicamento de que el PLD no tiene oposición, de que es invencible y de que todos los opositores se venden o carecen de capacidad política para derrotarlo.
Para el PRM en particular, como mayor partido de oposición, implicaría una reducción de sus posibilidades, liquidaría la coalición político-social que se ha venido debatiendo en los últimos meses y estaría habilitando un fuerte competidor para el 2024. El absurdo fortalecería el predicamento de Leonel Fernández de que el PLD debe gobernar el país hasta el bicentenario de la República, en el 2044, No se ha olvidado que los perredeístas y peledeístas, compitiendo por el favor del ya decadente caudillo Joaquín Balaguer, incurrieron en la aberración histórica de declararlo “padre de la democracia dominicana”.-
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.