Análisis Noticiosos
La oposición no puede contar con que el PLD se va a dividir: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Juan Bolívar Díaz
El haber permitido que parte de sus legisladores incursionaran en la disputa interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, fue un error táctico del Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque alienta la reforma constitucional para que Danilo Medina puede volver por la presidencia en el 2024.
Apostar al predominio del mandatario en la lucha interna del PLD sería un error estratégico porque él tiene más posibilidad de reunificar su partido si logra imponer un delfín como candidato presidencial derrotando a Leonel Fernández con todo el poder del Estado que después volcaría también contra la oposición externa.
Un mensaje equivocado
La decisión del PRM de dejar a sus diputados en libertad de incursionar en la disputa interna del PLD al elegir el presidente de la Cámara de Diputados ha sido objeto de amplio rechazo en las redes sociales y los cenáculos políticos, porque al favorecer la posición del presidente Medina alienta a quienes buscan otra reforma constitucional para que él pueda volver a ser candidato presidencial a partir del 2024. Sin el voto de 24 perremeistas no variaba el resultado. Predomina el criterio de que lo que corresponde a la oposición es dejar que los peledeístas se consuman en su feroz confrontación sin tomar parte por ninguna de sus facciones.
Pero la peor inversión sería apostar en favor del presidente Danilo Medina porque, como se advierte, para liquidar a Leonel Fernández, imponiendo un delfín de candidato presidencial del PLD, tendría que utilizar el poder del Estado que luego volcaría contra la oposición externa para predominar en los comicios del año próximo. Las posibilidades de reunificar el partido gobernante serían mayores si quien predomina es el usufructuario del poder.
Los danilistas estarían buscando apoyo entre sectores del PRM para rehabilitar al presidente, y el solo aliento de esa posibilidad le mejora las perspectivas de lograr que uno de los suyos supere a Fernández en las primarias del 6 de octubre, lo que luce difícil por el arraigo de quien fuera presidente de la nación en tres períodos, con muy amplias lealtades y gratitudes dentro y fuera del partido, como lo han reflejado todas las encuestas de los últimos años.
Adicción del PLD al poder
Podría ser un grave error la apuesta a que el PLD se va a dividir con la elección del candidato presidencial pero, si ha de ocurrir, la oposición tiene que dejar que lo determinen ellos. Aún se imponga Leonel Fernández en la elección primaria, sobrarían tiempo y esfuerzos por buscar una transacción con “garantías de impunidad” y consideraciones para Medina, que partirían hasta de cuadros importantes del mandatario que pudieran temer ser perseguidos por los leonelistas y mucho más por un gobierno de otro partido. Ya muchas de las miles de bocinas del PLD empiezan a privilegiar la unidad para salvar sus negocios.
Más allá de las rivalidades y resentimientos entre los dos mayores líderes del PLD, están los intereses de 300 a 400 mil peledeístas empleados en el gobierno, muchos con altísimos niveles salariales, de decenas de miles que han creado empresas para suplir y contratar con el Estado, y de los que tienen cuentas pendientes por los escándalos de corrupción de todo género.
Podría ser iluso creer que el presidente Medina hará que Leonel pierda si resulta el candidato presidencial, cuando la gran mayoría de su partido le agradece su prosperidad. Lo más que podrían lograr los opositores es que el mandatario modere la incursión del Estado en la campaña electoral, pero aun así muchos funcionarios utilizarían recursos públicos para favorecer a sus candidatos. Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior y dirigente del Comité Político, dijo el miércoles que “el PLD no puede darse el lujo de dividirse», en tanto el senador Charles Mariotti advirtió que “serán sorprendidos los que apuestan a la división” del partido.
Otro transitorio al revés
La rehabilitación de Danilo Medina para que pueda volver a optar por la presidencia, propuesta por los dirigentes reformistas Quique Antún y Rogelio Genao, y apoyada por el precandidato perremista Hipólito Mejía, parece un mayúsculo absurdo político, comenzando porque no incluye cambiar la fórmula constitucional de los dos períodos presidenciales y nunca más. Pero como Medina concluye ya sus dos períodos conllevaría otro artículo transitorio, pero ahora al revés del vigente que le prohíbe postularse en el 2020, para que a él exclusivamente se le exonere del límite en el 2024. Y la pregunta generalizada es a cambio de qué.
Para que eso sea posible, tendrán que mediar más de una veintena de votos de legisladores del PRM, lo que implicaría tensiones y confrontaciones internas que lo debilitarían. Nadie entiende cómo podrían mantener su demanda de cambio, sus denuncias de corrupción e impunidad, de ineficiencia, de rechazo a la dominación de todos los poderes del Estado y de la sociedad por parte del PLD, si ahora premian al presidente de los últimos ocho años, continuador de las desproporciones de los 12 años de Leonel Fernández. Eso no tendría precedente en la historia política contemporánea aún a nivel universal. En otras palabras que la oposición se inmolaría con una reforma constitucional con nombre y apellido y desperdiciaría la posibilidad de alternancia, a cambio de una ayuda difícil de materializarse después de la rehabilitación.
Debe asumirse que la negociación sería en caso de que Leonel Fernández resulte el candidato presidencial del PLD, porque sería el colmo que Danilo fuera a imponer un delfín en la primaria para después venderlo a la oposición. Por más vuelta que se le dé a ese proyecto, no hay manera de entenderlo en términos políticos.
Reunificar las elecciones
La reforma constitucional que rehabilitaría a Danilo Medina se está vendiendo a los legisladores opositores la “generosa preocupación” de que si las elecciones municipales van primero, en febrero, los alcaldes electos ya no se moverían para la presidencial y congresual de mayo. El planteamiento es engañoso, porque si los opositores salen bien de la primera, con mayor razón se empeñarían en ganar las segundas, y si pierden menos podrán ayudar a los candidatos al Congreso.
A quien más perjudica la elección municipal adelantada es al PLD, porque la confrontación en el territorio es casi personal e insuperable a corto plazo. Lo que sí podrían lograr los legisladores de la oposición que aspiran a reelegirse es “facilidades y ayudas” para que compitan, pero parten de la presunción de que de otra forma no ganarían, y si ellos no ganan, menos su candidato presidencial, lo que implica que de antemano no creen en la posibilidad de victoria y estarían vendiéndolo.
Pero la reunificación de las elecciones abona el presidencialismo y la concentración del poder, que hace depender el poder municipal y el legislativo, del arrastre presidencial. Implicaría que la oposición revierta por completo la reforma constitucional de 1994 que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, mutilada en parte en la Constitución peledeísta del 2010.
Un absurdo desperdicio
Si el PRM colabora en la rehabilitación de Danilo Medina perderá la calidad de opositor y desperdiciará la oportunidad de encarnar el sentimiento que reclama un cambio político, especialmente de la clase media donde el hastío por la corrupción y la impunidad, la inseguridad ciudadana, el auge del narcotráfico, el camino a la insostenibilidad fiscal y la manipulación de todas las instituciones estatales, se percibe en todos los medios y ambientes.
El hartazgo del peledeísmo quedó manifiesto en el movimiento de la marcha verde, que espera una expresión en las urnas y se expresa en las encuestas, con una progresiva decepción de los partidos políticos y anhelos de cambios. En la última encuesta Gallup-HOY, de mayo pasado, el 58% expresó su deseo de que gobierne otro partido, con 46% pidiendo “un cambio radical” y otro 32% “un gran cambio”. Un mes antes la encuesta Mark Penn-SIN registró un 59% que no tenía preferencias partidistas.
Las posibilidades de alternancia en el poder parecen radicar en la rebelión de las clases medias, con gran poder de influencia en las redes sociales, y sobre los sectores populares, a través de los trabajadores y trabajadoras domésticas, de los empleados informales, de las pequeñas y medianas empresas y la amplia gama de los servicios. El PLD conserva más poder de manipulación de los sectores bajos, especialmente del 38% de la población que recibe transferencias monetarias mensuales por medio del empleo público y los programas sociales. Son casi 4 millones de personas, como acaba de documentar un estudio del economista Miguel Collado di Franco, investigador del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.
Abona que no hay oposición
El regalo de la reforma para que Danilo Medina pueda buscar de nuevo la presidencia, ratificaría el histórico continuismo, el caudillismo y las dificultades de renovación del liderazgo nacional, y reforzaría el predicamento de que el PLD no tiene oposición, de que es invencible y de que todos los opositores se venden o carecen de capacidad política para derrotarlo.
Para el PRM en particular, como mayor partido de oposición, implicaría una reducción de sus posibilidades, liquidaría la coalición político-social que se ha venido debatiendo en los últimos meses y estaría habilitando un fuerte competidor para el 2024. El absurdo fortalecería el predicamento de Leonel Fernández de que el PLD debe gobernar el país hasta el bicentenario de la República, en el 2044, No se ha olvidado que los perredeístas y peledeístas, compitiendo por el favor del ya decadente caudillo Joaquín Balaguer, incurrieron en la aberración histórica de declararlo “padre de la democracia dominicana”.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.