Análisis Noticiosos
La oposición no puede contar con que el PLD se va a dividir: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Juan Bolívar Díaz
El haber permitido que parte de sus legisladores incursionaran en la disputa interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, fue un error táctico del Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque alienta la reforma constitucional para que Danilo Medina puede volver por la presidencia en el 2024.
Apostar al predominio del mandatario en la lucha interna del PLD sería un error estratégico porque él tiene más posibilidad de reunificar su partido si logra imponer un delfín como candidato presidencial derrotando a Leonel Fernández con todo el poder del Estado que después volcaría también contra la oposición externa.
Un mensaje equivocado
La decisión del PRM de dejar a sus diputados en libertad de incursionar en la disputa interna del PLD al elegir el presidente de la Cámara de Diputados ha sido objeto de amplio rechazo en las redes sociales y los cenáculos políticos, porque al favorecer la posición del presidente Medina alienta a quienes buscan otra reforma constitucional para que él pueda volver a ser candidato presidencial a partir del 2024. Sin el voto de 24 perremeistas no variaba el resultado. Predomina el criterio de que lo que corresponde a la oposición es dejar que los peledeístas se consuman en su feroz confrontación sin tomar parte por ninguna de sus facciones.
Pero la peor inversión sería apostar en favor del presidente Danilo Medina porque, como se advierte, para liquidar a Leonel Fernández, imponiendo un delfín de candidato presidencial del PLD, tendría que utilizar el poder del Estado que luego volcaría contra la oposición externa para predominar en los comicios del año próximo. Las posibilidades de reunificar el partido gobernante serían mayores si quien predomina es el usufructuario del poder.
Los danilistas estarían buscando apoyo entre sectores del PRM para rehabilitar al presidente, y el solo aliento de esa posibilidad le mejora las perspectivas de lograr que uno de los suyos supere a Fernández en las primarias del 6 de octubre, lo que luce difícil por el arraigo de quien fuera presidente de la nación en tres períodos, con muy amplias lealtades y gratitudes dentro y fuera del partido, como lo han reflejado todas las encuestas de los últimos años.
Adicción del PLD al poder
Podría ser un grave error la apuesta a que el PLD se va a dividir con la elección del candidato presidencial pero, si ha de ocurrir, la oposición tiene que dejar que lo determinen ellos. Aún se imponga Leonel Fernández en la elección primaria, sobrarían tiempo y esfuerzos por buscar una transacción con “garantías de impunidad” y consideraciones para Medina, que partirían hasta de cuadros importantes del mandatario que pudieran temer ser perseguidos por los leonelistas y mucho más por un gobierno de otro partido. Ya muchas de las miles de bocinas del PLD empiezan a privilegiar la unidad para salvar sus negocios.
Más allá de las rivalidades y resentimientos entre los dos mayores líderes del PLD, están los intereses de 300 a 400 mil peledeístas empleados en el gobierno, muchos con altísimos niveles salariales, de decenas de miles que han creado empresas para suplir y contratar con el Estado, y de los que tienen cuentas pendientes por los escándalos de corrupción de todo género.
Podría ser iluso creer que el presidente Medina hará que Leonel pierda si resulta el candidato presidencial, cuando la gran mayoría de su partido le agradece su prosperidad. Lo más que podrían lograr los opositores es que el mandatario modere la incursión del Estado en la campaña electoral, pero aun así muchos funcionarios utilizarían recursos públicos para favorecer a sus candidatos. Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior y dirigente del Comité Político, dijo el miércoles que “el PLD no puede darse el lujo de dividirse», en tanto el senador Charles Mariotti advirtió que “serán sorprendidos los que apuestan a la división” del partido.
Otro transitorio al revés
La rehabilitación de Danilo Medina para que pueda volver a optar por la presidencia, propuesta por los dirigentes reformistas Quique Antún y Rogelio Genao, y apoyada por el precandidato perremista Hipólito Mejía, parece un mayúsculo absurdo político, comenzando porque no incluye cambiar la fórmula constitucional de los dos períodos presidenciales y nunca más. Pero como Medina concluye ya sus dos períodos conllevaría otro artículo transitorio, pero ahora al revés del vigente que le prohíbe postularse en el 2020, para que a él exclusivamente se le exonere del límite en el 2024. Y la pregunta generalizada es a cambio de qué.
Para que eso sea posible, tendrán que mediar más de una veintena de votos de legisladores del PRM, lo que implicaría tensiones y confrontaciones internas que lo debilitarían. Nadie entiende cómo podrían mantener su demanda de cambio, sus denuncias de corrupción e impunidad, de ineficiencia, de rechazo a la dominación de todos los poderes del Estado y de la sociedad por parte del PLD, si ahora premian al presidente de los últimos ocho años, continuador de las desproporciones de los 12 años de Leonel Fernández. Eso no tendría precedente en la historia política contemporánea aún a nivel universal. En otras palabras que la oposición se inmolaría con una reforma constitucional con nombre y apellido y desperdiciaría la posibilidad de alternancia, a cambio de una ayuda difícil de materializarse después de la rehabilitación.
Debe asumirse que la negociación sería en caso de que Leonel Fernández resulte el candidato presidencial del PLD, porque sería el colmo que Danilo fuera a imponer un delfín en la primaria para después venderlo a la oposición. Por más vuelta que se le dé a ese proyecto, no hay manera de entenderlo en términos políticos.
Reunificar las elecciones
La reforma constitucional que rehabilitaría a Danilo Medina se está vendiendo a los legisladores opositores la “generosa preocupación” de que si las elecciones municipales van primero, en febrero, los alcaldes electos ya no se moverían para la presidencial y congresual de mayo. El planteamiento es engañoso, porque si los opositores salen bien de la primera, con mayor razón se empeñarían en ganar las segundas, y si pierden menos podrán ayudar a los candidatos al Congreso.
A quien más perjudica la elección municipal adelantada es al PLD, porque la confrontación en el territorio es casi personal e insuperable a corto plazo. Lo que sí podrían lograr los legisladores de la oposición que aspiran a reelegirse es “facilidades y ayudas” para que compitan, pero parten de la presunción de que de otra forma no ganarían, y si ellos no ganan, menos su candidato presidencial, lo que implica que de antemano no creen en la posibilidad de victoria y estarían vendiéndolo.
Pero la reunificación de las elecciones abona el presidencialismo y la concentración del poder, que hace depender el poder municipal y el legislativo, del arrastre presidencial. Implicaría que la oposición revierta por completo la reforma constitucional de 1994 que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, mutilada en parte en la Constitución peledeísta del 2010.
Un absurdo desperdicio
Si el PRM colabora en la rehabilitación de Danilo Medina perderá la calidad de opositor y desperdiciará la oportunidad de encarnar el sentimiento que reclama un cambio político, especialmente de la clase media donde el hastío por la corrupción y la impunidad, la inseguridad ciudadana, el auge del narcotráfico, el camino a la insostenibilidad fiscal y la manipulación de todas las instituciones estatales, se percibe en todos los medios y ambientes.
El hartazgo del peledeísmo quedó manifiesto en el movimiento de la marcha verde, que espera una expresión en las urnas y se expresa en las encuestas, con una progresiva decepción de los partidos políticos y anhelos de cambios. En la última encuesta Gallup-HOY, de mayo pasado, el 58% expresó su deseo de que gobierne otro partido, con 46% pidiendo “un cambio radical” y otro 32% “un gran cambio”. Un mes antes la encuesta Mark Penn-SIN registró un 59% que no tenía preferencias partidistas.
Las posibilidades de alternancia en el poder parecen radicar en la rebelión de las clases medias, con gran poder de influencia en las redes sociales, y sobre los sectores populares, a través de los trabajadores y trabajadoras domésticas, de los empleados informales, de las pequeñas y medianas empresas y la amplia gama de los servicios. El PLD conserva más poder de manipulación de los sectores bajos, especialmente del 38% de la población que recibe transferencias monetarias mensuales por medio del empleo público y los programas sociales. Son casi 4 millones de personas, como acaba de documentar un estudio del economista Miguel Collado di Franco, investigador del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.
Abona que no hay oposición
El regalo de la reforma para que Danilo Medina pueda buscar de nuevo la presidencia, ratificaría el histórico continuismo, el caudillismo y las dificultades de renovación del liderazgo nacional, y reforzaría el predicamento de que el PLD no tiene oposición, de que es invencible y de que todos los opositores se venden o carecen de capacidad política para derrotarlo.
Para el PRM en particular, como mayor partido de oposición, implicaría una reducción de sus posibilidades, liquidaría la coalición político-social que se ha venido debatiendo en los últimos meses y estaría habilitando un fuerte competidor para el 2024. El absurdo fortalecería el predicamento de Leonel Fernández de que el PLD debe gobernar el país hasta el bicentenario de la República, en el 2044, No se ha olvidado que los perredeístas y peledeístas, compitiendo por el favor del ya decadente caudillo Joaquín Balaguer, incurrieron en la aberración histórica de declararlo “padre de la democracia dominicana”.-
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.