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Dorian gira al norte y se alejará de RD, pero diez provincias están en alerta
Los efectos de la tormenta Dorian se sentirán en la región Este de República Dominicana hoy en la noche, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que ubicó anoche el fenómeno natural cerca de la latitud 16.0 norte, longitud 63.0 oeste, moviéndose hacia el noroeste a aproximadamente 20 kilómetros por hora.
De acuerdo con el boletín emitido a las 11:00 de la noche del martes, se pronostica que Dorian se movería a través del noreste mar Caribe y pase sobre o cerca de Puerto Rico hoy para luego seguir cerca o justo al este de La Española el miércoles por la noche.
Los vientos máximos sostenidos de Dorian son de 85 kilómetros por hora, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hacia afuera hasta 75 km del centro.
Se pronostica un fortalecimiento lento durante el día de hoy cuando esté cerca de Puerto Rico, pero se pronostica su debilitamiento cuando se mueva a través del terreno más alto de la vecina isla.
Luego seguirá hacia el este de la isla Turcos y Caicos y el sureste de Bahamas el jueves por la noche, y después al este del centro de Bahamas el viernes. En este trayecto se espera su fortalecimiento gradual.
Para Haití y República Dominicana se esperan acumulaciones de lluvia de hasta cuatro pulgadas.
Pasadas las 11:00 pm, la Oficina Nacional de Meteorología degradó el aviso de tormenta tropical por alerta de condiciones tropical. Esto significa que en un periodo de 48 horas o menos, uno o dos de los efectos de Dorian podrían afectar las zonas de alerta, como son: mareas anormales, lluvias fuertes y vientos tormentosos.
En lo que va de la temporada de huracanes, que comenzó en junio pasado, además de Dorian se han registrado otras tres tormentas tropicales, Chantal, Andrea y Barry, que se convirtió en huracán en julio poco antes de tocar tierra en Luisiana (EEUU), donde dejó cuantiosas pérdidas materiales, pero ninguna víctima mortal directa.
10 provincias en alerta
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la noche de este martes a 10 las provincias en alerta, debido al paso de la tormenta Dorian.
Las provincias en alerta amarilla son San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo y Samaná. En tanto, en alerta verde se encuentran Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.
Informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido la tarde de este martes por la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), la tormenta Dorian se localiza a unos 780 km al sureste de la isla Saona, con vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 20 kilónetros por hora.
El organismo pronostica para mañana miércoles el ingreso de campos nubosos en la tarde y noche hacia la porción oriental, noroeste, sureste y paulatinamente el resto del territorio dominicano, debido al ciclón tropical Dorian.
De acuerdo con el boletín se prevé que las lluvias empiecen a incidir al final de la tarde y entrada noche con campos nubosos asociados a la tormenta Dorían, empezando en la zona oriental, noreste, sureste extendiéndose paulatinamente acompañados de lluvias significativas, oleaje anormal y vientos de moderados a fuertes, a medida que el sistema se mueva hacia el oeste/noroeste.
Mientras que para mañana, jueves, desde muy tempranas horas seguirán las lluvias con mayor intensidad y frecuencia, las cuales se extenderán en gran parte del país.
En función de lo anterior, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene el nivel de la alerta amarilla para la franja costera del territorio nacional desde la isla Saona hasta Samaná, además mantiene el nivel de alerta verde para la franja costera desde Punta Palenque, en San Cristóbal, hasta la Isla Saona y desde Samaná hasta Puerto Plata.
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, reafirmó ayer que la isla está preparada para afrontar un evento como la tormenta tropical Dorian y que la situación es mejor que antes de María, el huracán que arrasó el territorio caribeño en septiembre de 2017. Las clases y las labores en oficinas públicas están suspendidas.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.