El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha proyectado la idea de que está preocupado por las decisiones que se toman en el ámbito jurisdiccional, las cuales en su mayoría amenazan el estado de derecho.
Las reflexiones del presidente del más alto tribunal del país fueron hechas en el curso de la juramentación de un amplio grupo de nuevos abogados en la Suprema Corte de Justicia.
Molina, pese a que proviene de una decisión muy cuestionada del Consejo Nacional de la Magistratura, ya que él era o es, sin lugar a dudas, un cuadro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), envía señales de estar preocupado por la desaparición en el sistema de justicia del estado de derecho.
Sentencias irresponsables o más bien que claramente que responden a una cadena de complicidad que ha lesionado gravemente la credibilidad de los jueces, muchos de los cuales se prestan a cualquier bajeza sin importarles las consecuencias, pero más que eso olvidándose de que dañan irreparablemente a la sociedad de la que forman parte conjuntamente con su familia.
La gente que no ha tenido que ir a un tribunal no se imagina el manejo dado por muchos jueces a los casos, en cuyas audiencias no solo evacuan sentencias medalaganarias, sino que también cometen graves violaciones de derechos y de hechos.
Hay sentencias que nadie podría entender que las mismas provienen de un magistrado que ha sido entrenado para administrar justicia, porque se cometen todo tipo de violaciones que ponen en peligro el derecho a la defensa a través de un juicio que no reúne las condiciones del debido proceso, elemento consignado constitucionalmente.
No hay palabras para definir lo que ocurre en la justicia dominicana, cuyo presidente de la Suprema Corte debía poner su atención en lo que pasa muy especialmente en el Distrito Judicial de Santiago, donde jueces, alguaciles, fiscales y otros miembros de la judicatura están prácticamente vandalizados.
Es recomendable que se haga algo al respecto, porque aunque entendemos que el Ministerio Público está bajo el control de la Procuraduría General de la República, cuyo impacto de la politiquería es muy grande, pero podría hacerse una alianza para enfrentar los problemas en el ámbito de ambas jurisdicciones.
Que se tenga claro que en la República Dominicana estamos amenazados, los buenos y los malos, porque en el ámbito de la justicia se puede ver que victimas y victimarios tienen igual tratamiento, pero tal vez cabe decir que los delinquen son mejor tratados y con mucha mayor consideración que aquel que ha sido el agraviado.
Señores es un asunto, repetimos, mucho más grave de lo que se puede imaginar, porque no debe haber dudas de que murió el estado de derecho y que hay que hacer lo imposible por darle una nueva vida.