Editorial
Un Esfuerzo Ponderable
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha proyectado la idea de que está preocupado por las decisiones que se toman en el ámbito jurisdiccional, las cuales en su mayoría amenazan el estado de derecho.
Las reflexiones del presidente del más alto tribunal del país fueron hechas en el curso de la juramentación de un amplio grupo de nuevos abogados en la Suprema Corte de Justicia.
Molina, pese a que proviene de una decisión muy cuestionada del Consejo Nacional de la Magistratura, ya que él era o es, sin lugar a dudas, un cuadro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), envía señales de estar preocupado por la desaparición en el sistema de justicia del estado de derecho.
Sentencias irresponsables o más bien que claramente que responden a una cadena de complicidad que ha lesionado gravemente la credibilidad de los jueces, muchos de los cuales se prestan a cualquier bajeza sin importarles las consecuencias, pero más que eso olvidándose de que dañan irreparablemente a la sociedad de la que forman parte conjuntamente con su familia.
La gente que no ha tenido que ir a un tribunal no se imagina el manejo dado por muchos jueces a los casos, en cuyas audiencias no solo evacuan sentencias medalaganarias, sino que también cometen graves violaciones de derechos y de hechos.
Hay sentencias que nadie podría entender que las mismas provienen de un magistrado que ha sido entrenado para administrar justicia, porque se cometen todo tipo de violaciones que ponen en peligro el derecho a la defensa a través de un juicio que no reúne las condiciones del debido proceso, elemento consignado constitucionalmente.
No hay palabras para definir lo que ocurre en la justicia dominicana, cuyo presidente de la Suprema Corte debía poner su atención en lo que pasa muy especialmente en el Distrito Judicial de Santiago, donde jueces, alguaciles, fiscales y otros miembros de la judicatura están prácticamente vandalizados.
Es recomendable que se haga algo al respecto, porque aunque entendemos que el Ministerio Público está bajo el control de la Procuraduría General de la República, cuyo impacto de la politiquería es muy grande, pero podría hacerse una alianza para enfrentar los problemas en el ámbito de ambas jurisdicciones.
Que se tenga claro que en la República Dominicana estamos amenazados, los buenos y los malos, porque en el ámbito de la justicia se puede ver que victimas y victimarios tienen igual tratamiento, pero tal vez cabe decir que los delinquen son mejor tratados y con mucha mayor consideración que aquel que ha sido el agraviado.
Señores es un asunto, repetimos, mucho más grave de lo que se puede imaginar, porque no debe haber dudas de que murió el estado de derecho y que hay que hacer lo imposible por darle una nueva vida.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.