Editorial
La contaminación de la justicia.
Si se analiza el comportamiento de algunos jueces, siempre desde la perspectiva de la crisis en que está inmersa la justicia y sin dudas que tiene alcance nacional, cualquiera se llena de miedo y de impotencia.
Este periódico mantiene una campaña para que se intervenga el Distrito Judicial de Santiago, por los niveles de ineptitud, negligencia y complicidad de jueces, fiscales, alguaciles y de muchos otros empleados del sistema.
El pasado lunes 26 de agosto de este año 2019 se celebró una audiencia que tiene que ver con un recurso de objeción a un archivo definitivo en violación de la normativa procesal y frente a la ceguera que exhiben los fiscales y jueces de los ilícitos penales.
En esa audiencia, que tuvo lugar en la Primera Sala de un Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de Santiago el manejo de la misma se pareció más a una verdadera comedia, como la que monto por muchos años el famoso comediante cubano José Candelario, Tres Patines.
Ello así porque la magistrada que condujo la audiencia le entrego la dirección de la misma a un abogado muy conocido por los medios de comunicación, quien evidentemente no conocía muy bien el expediente que fue a defender y se dedicó a incidental el proceso con alegatos que quedaban desmentidos en el mismo instante que los hacía.
Ese abogado, que en todo momento buscó impresionar al tribunal, se dio el lujo no sólo de decidir quién hablaba o no hablaba en la audiencia, sino hasta de tomar la palabra en nombre de algunos de los imputados que no eran sus defendidos y para colmo entró a defender cuestiones que son de fondo cuando él sabe que esa audiencia era sólo para discutir aquellas posibles violaciones al Código Procesal Penal, a la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público y los acuerdos internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, la magistrada se lo permitió, lo cual genera serias suspicacias en torno a lo que podría ser la sentencia al respecto que será dada a conocer el próximo 23 de septiembre.
En este proceso desde la presentación de una demanda de inscripción en falsedad incidental algunos de los imputados nunca se han presentado a una vista de todas las convocadas por Ministerio Público y no ha habido forma de que el fiscal encargado de investigar el caso se acoja a lo consignado en el artículo 225 del Código Procesal Penal, el cual manda a la emisión de una orden de arresto del que se niega a acudir a una cita de la autoridad competente.
Pero las violaciones son mucho más contundentes, ya que la magistrada fiscal que archivo definitivamente el expediente violento los artículos 282 y 283 del Código Procesal Penal, cuyos mandatos consisten a seguir un procedimiento que dispone que cuando se pretende recurrir al archivo definitivo se debe llamar a la víctima para informarle de tal propósito.
Pero la magistrada fiscal violadora del derecho procesal lo que hizo fue archivar y notificárselo a la víctima sin haberle convocado previamente a fin de que esta introdujera sus argumentos sobre su intención, pero peor aún porque las violaciones van mucho más allá cuando se revisa la responsabilidad que tiene el Ministerio Público de desarrollar una investigación sobre los hechos imputados.
No es que se quiera que la actitud de la jueza de Instrucción sea en favor de la víctima, sino que su focalización debía ser revisar la decisión tomada por el Ministerio Público sin ir al fondo del proceso, para entonces emitir una sentencia que sea una garantía de respeto del artículo 69 de la Constitución de la República sobre la tutela judicial y en consecuencia del estado de derecho.
Las circunstancias y el manejo dado en un tribunal a un proceso cualquiera podría ser una evidencia de que está contaminado con la corrupción, la ineptitud, la negligencia y la complicidad que hoy caracteriza el sistema de justicia de la República Dominicana, cuya expresión en el Distrito Judicial de Santiago es tan contundente que cualquiera se llena de miedo y espanto, sobre todo por la no existencia de un régimen de consecuencia.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.