Editorial
La contaminación de la justicia.
Si se analiza el comportamiento de algunos jueces, siempre desde la perspectiva de la crisis en que está inmersa la justicia y sin dudas que tiene alcance nacional, cualquiera se llena de miedo y de impotencia.
Este periódico mantiene una campaña para que se intervenga el Distrito Judicial de Santiago, por los niveles de ineptitud, negligencia y complicidad de jueces, fiscales, alguaciles y de muchos otros empleados del sistema.
El pasado lunes 26 de agosto de este año 2019 se celebró una audiencia que tiene que ver con un recurso de objeción a un archivo definitivo en violación de la normativa procesal y frente a la ceguera que exhiben los fiscales y jueces de los ilícitos penales.
En esa audiencia, que tuvo lugar en la Primera Sala de un Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de Santiago el manejo de la misma se pareció más a una verdadera comedia, como la que monto por muchos años el famoso comediante cubano José Candelario, Tres Patines.
Ello así porque la magistrada que condujo la audiencia le entrego la dirección de la misma a un abogado muy conocido por los medios de comunicación, quien evidentemente no conocía muy bien el expediente que fue a defender y se dedicó a incidental el proceso con alegatos que quedaban desmentidos en el mismo instante que los hacía.
Ese abogado, que en todo momento buscó impresionar al tribunal, se dio el lujo no sólo de decidir quién hablaba o no hablaba en la audiencia, sino hasta de tomar la palabra en nombre de algunos de los imputados que no eran sus defendidos y para colmo entró a defender cuestiones que son de fondo cuando él sabe que esa audiencia era sólo para discutir aquellas posibles violaciones al Código Procesal Penal, a la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público y los acuerdos internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, la magistrada se lo permitió, lo cual genera serias suspicacias en torno a lo que podría ser la sentencia al respecto que será dada a conocer el próximo 23 de septiembre.
En este proceso desde la presentación de una demanda de inscripción en falsedad incidental algunos de los imputados nunca se han presentado a una vista de todas las convocadas por Ministerio Público y no ha habido forma de que el fiscal encargado de investigar el caso se acoja a lo consignado en el artículo 225 del Código Procesal Penal, el cual manda a la emisión de una orden de arresto del que se niega a acudir a una cita de la autoridad competente.
Pero las violaciones son mucho más contundentes, ya que la magistrada fiscal que archivo definitivamente el expediente violento los artículos 282 y 283 del Código Procesal Penal, cuyos mandatos consisten a seguir un procedimiento que dispone que cuando se pretende recurrir al archivo definitivo se debe llamar a la víctima para informarle de tal propósito.
Pero la magistrada fiscal violadora del derecho procesal lo que hizo fue archivar y notificárselo a la víctima sin haberle convocado previamente a fin de que esta introdujera sus argumentos sobre su intención, pero peor aún porque las violaciones van mucho más allá cuando se revisa la responsabilidad que tiene el Ministerio Público de desarrollar una investigación sobre los hechos imputados.
No es que se quiera que la actitud de la jueza de Instrucción sea en favor de la víctima, sino que su focalización debía ser revisar la decisión tomada por el Ministerio Público sin ir al fondo del proceso, para entonces emitir una sentencia que sea una garantía de respeto del artículo 69 de la Constitución de la República sobre la tutela judicial y en consecuencia del estado de derecho.
Las circunstancias y el manejo dado en un tribunal a un proceso cualquiera podría ser una evidencia de que está contaminado con la corrupción, la ineptitud, la negligencia y la complicidad que hoy caracteriza el sistema de justicia de la República Dominicana, cuya expresión en el Distrito Judicial de Santiago es tan contundente que cualquiera se llena de miedo y espanto, sobre todo por la no existencia de un régimen de consecuencia.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.