Editorial
La contaminación de la justicia.
Si se analiza el comportamiento de algunos jueces, siempre desde la perspectiva de la crisis en que está inmersa la justicia y sin dudas que tiene alcance nacional, cualquiera se llena de miedo y de impotencia.
Este periódico mantiene una campaña para que se intervenga el Distrito Judicial de Santiago, por los niveles de ineptitud, negligencia y complicidad de jueces, fiscales, alguaciles y de muchos otros empleados del sistema.
El pasado lunes 26 de agosto de este año 2019 se celebró una audiencia que tiene que ver con un recurso de objeción a un archivo definitivo en violación de la normativa procesal y frente a la ceguera que exhiben los fiscales y jueces de los ilícitos penales.
En esa audiencia, que tuvo lugar en la Primera Sala de un Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de Santiago el manejo de la misma se pareció más a una verdadera comedia, como la que monto por muchos años el famoso comediante cubano José Candelario, Tres Patines.
Ello así porque la magistrada que condujo la audiencia le entrego la dirección de la misma a un abogado muy conocido por los medios de comunicación, quien evidentemente no conocía muy bien el expediente que fue a defender y se dedicó a incidental el proceso con alegatos que quedaban desmentidos en el mismo instante que los hacía.
Ese abogado, que en todo momento buscó impresionar al tribunal, se dio el lujo no sólo de decidir quién hablaba o no hablaba en la audiencia, sino hasta de tomar la palabra en nombre de algunos de los imputados que no eran sus defendidos y para colmo entró a defender cuestiones que son de fondo cuando él sabe que esa audiencia era sólo para discutir aquellas posibles violaciones al Código Procesal Penal, a la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público y los acuerdos internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, la magistrada se lo permitió, lo cual genera serias suspicacias en torno a lo que podría ser la sentencia al respecto que será dada a conocer el próximo 23 de septiembre.
En este proceso desde la presentación de una demanda de inscripción en falsedad incidental algunos de los imputados nunca se han presentado a una vista de todas las convocadas por Ministerio Público y no ha habido forma de que el fiscal encargado de investigar el caso se acoja a lo consignado en el artículo 225 del Código Procesal Penal, el cual manda a la emisión de una orden de arresto del que se niega a acudir a una cita de la autoridad competente.
Pero las violaciones son mucho más contundentes, ya que la magistrada fiscal que archivo definitivamente el expediente violento los artículos 282 y 283 del Código Procesal Penal, cuyos mandatos consisten a seguir un procedimiento que dispone que cuando se pretende recurrir al archivo definitivo se debe llamar a la víctima para informarle de tal propósito.
Pero la magistrada fiscal violadora del derecho procesal lo que hizo fue archivar y notificárselo a la víctima sin haberle convocado previamente a fin de que esta introdujera sus argumentos sobre su intención, pero peor aún porque las violaciones van mucho más allá cuando se revisa la responsabilidad que tiene el Ministerio Público de desarrollar una investigación sobre los hechos imputados.
No es que se quiera que la actitud de la jueza de Instrucción sea en favor de la víctima, sino que su focalización debía ser revisar la decisión tomada por el Ministerio Público sin ir al fondo del proceso, para entonces emitir una sentencia que sea una garantía de respeto del artículo 69 de la Constitución de la República sobre la tutela judicial y en consecuencia del estado de derecho.
Las circunstancias y el manejo dado en un tribunal a un proceso cualquiera podría ser una evidencia de que está contaminado con la corrupción, la ineptitud, la negligencia y la complicidad que hoy caracteriza el sistema de justicia de la República Dominicana, cuya expresión en el Distrito Judicial de Santiago es tan contundente que cualquiera se llena de miedo y espanto, sobre todo por la no existencia de un régimen de consecuencia.
Las elecciones celebradas este domingo dejan un mensaje agridulce a los dominicanos, porque los comicios no son un instrumento de fortalecimiento de la democracia, sino de una reconfirmación de una serie de antivalores cívicos y democráticos.
La peligrosidad de la crisis social, económica, de seguridad pública y ciudadana, así como de fenómenos como la exclusión social y la corrupción generalizada, toma cuerpo en la sociedad dominicana, ya que el que no ve la vida desde esa perspectiva es un loco o desquiciado.
Por esa razón aparece gente en el proceso electoral que se concentra en un centro de votación y sólo acude a depositar su voto cuando aparece el mejor postor para comprarle ese derecho cívico tan sagrado.
Es decir, que se trata de un problema de fondo, muy delicado y como ha dicho este periódico en otras ocasiones, de que se trata de un mal con raíces profundamente culturales.
Y no importan las advertencias de la Procuraduría de Asuntos Electorales, porque esta instancia adolece del mismo problema, dado que se trata de una cuestión integral y transversal a todas las instancias públicas y privadas de la sociedad dominicana.
Sin embargo, el ciudadano dominicano se ha encargado de enviar el mensaje de que no está conforme con la conducta de los gobiernos que se suceden en el país, lo cual no es asimilado por los partidos políticos que cuando tienen el control del Estado se creen que el patrimonio público es de su propiedad.
La abstención y más que ésta el propio voto en blanco, que aparece por primera vez en unas votaciones nacionales, es una herramienta para buscar mejorar la democracia nacional y decirles no a los politiqueros que no creen en otra cosa que no sea en sus propios intereses personales o individuales.
Este nuevo triunfo del PRM a nivel municipal y nacional no sirve más que para que estos funcionarios en un segundo periodo gubernamental se crean que el patrimonio público les pertenece por ser parte de una herencia que les dejaron sus abuelos.
Lo preocupante de todo esto que aun aquellos que tenían una actitud crítica con los que se dedican a la politiquería hoy se sumen a los que no tienen otro propósito que causar la ruina de las riquezas nacionales.
Sólo falta esperar para tener todos los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales, en las que parece que la nueva figura que hace presencia en la política partidarista nacional es la falta de legitimidad de sus autoridades, lo cual podría representar un serio problema de gobernanza y gobernabilidad.
«Lo mismo de ayer», es una expresión que sirve para definir un proceso electoral caracterizado por el clientelismo y los delitos penales electorales sin ninguna consecuencia.
Es una verdadera tragedia para la democracia, más que una fiesta como la definen algunos, en la que no existe la más mínima posibilidad de mejorar la imagen del sistema político nacional.
Es una jornada que le sale muy cara al pueblo dominicano, pero la inexistencia de amor hacia su gente hace que el proceso electoral sea un espejo para medir lo mal que estamos.
Si en las elecciones del domingo ocurriera algo parecido a lo acontecido en las elecciones municipales, debemos prepararnos para esperar la muerte de la llamada democracia representativa, la cual no es otra cosa que la legitimación de lo mal hecho.
Ya lo dijimos que es una práctica muy difícil de erradicar en razón de que la misma es parte de una cultura, que de perdurar representa la ruina nacional.
Pero no se trata de cualquier ruina, sino del colapso del Estado, porque a los principales actores de la vida política nacional nada les sirve de escarmiento.
Si este domingo 19 la abstención es muy significativa como se espera, habría muerto la legitimidad de los triunfadores, de aquellos que tienen la misma andanza de los que están en la oposición y que sólo buscan quitar a los que están arriba para ir a cometer los mismos delitos de los desplazados.
Es decir, que en las elecciones del domingo no sólo está en juego la legitimidad de los escogidos, sino también de todo el sistema democrático.
De ser así, habría que ver cuál sería el destino de la nación, porque a partir de esa realidad no habrá percepción que valga para maquillar la realidad.
De manera, que todos los dominicanos están frente a un gran reto, con toda seguridad para mal o quien sabe si probablemente para bien.
Editorial
El voto en blanco, un instrumento ideal para la renovación política nacional y evitar caer en un régimen de fuerza.
A propósito de lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado 19 de febrero de este año 2024, se ha esgrimido la necesidad de corregir una serie de debilidades en el sistema electoral mediante la implementación del voto en blanco.
Y ciertamente el momento es oportuno para buscar fórmulas que mejoren la democracia dominicana, porque parece no estar lejos el día en que todo el andamiaje institucional colapse en el país.
Si esto ocurriera el país podría estar expuesto a cualquier ensayo dictatorial, tanto es así que en la presente contienda vemos aspiraciones presidenciales que provienen de un pasado tenebroso.
Esto lo advertimos porque el Partido de la Esperanza Nacional (PED) nace en una familia de una triste y trágica recordación para todos los dominicanos, incluidos aquellos que no vivieron esa época.
Ese partido es sólo una pequeña muestra de lo que le podría venir a la República Dominicana, cuyo candidato presidencial de ahora Roque Espaillat sostiene que no le importa el pasado, sino el presente, lo cual resulta un contrasentido en razón de que nadie podría explicar y manejar el presente si no conoce el pasado.
Naturalmente, resulta preocupante lo poco pensante de muchas personas que han decidido apoyar abiertamente esta opción, incluyendo aquellos que fueron víctimas de una neo-dictadura como la encabezada por Joaquín Balaguer, cuyo principal ejemplo lo es cantautor Ramón Leonardo.
Y hay que decirlo con toda responsabilidad, principalmente porque la República Dominicana tiene un sistema presidencialista, donde cualquier insensato puede instaurar con cierta facilidad una dictadura tan férrea como la que encabezó el abuelo del dueño del partido que lleva como candidato a Roque Espaillat.
Hay que necesariamente preguntarse que podría ocurrir en un país donde las dictaduras han gravitado con mucha fuerza en su historia política nacional, pero donde además hay una herencia histórico-cultural fundamentada en el machismo, el patriarcado, el jefismo, el caudilllismo, entre otros antivalores.
Pero aun cuando su candidato Roque Espaillat tiene un movimiento que lleva como nombre “Rescate Democrático”, pero que se apoya en un partido creado e ideado por un miembro de la familia trujillista, cuyos méritos nadie conoce, a menos que no sea el apellido que simboliza el crimen, el robo del patrimonio público y una violencia en contra de los derechos a la disensión, lo que resulta ser una contradicción que revela que se quiere llegar a cualquier precio, sin importar cualquier vulgar manipulación.
Por esta y por muchas otras razones tiene que promoverse en el país el voto en blanco para evitar que el ciudadano se equivoque y ante el desastre que vive la nación como consecuencia de la distorsión y la corrupción generalizada soportada y promovida por los partidos políticos, la nación caiga en manos de una dictadura.
Tanto es así, que Ramfis Domínguez Trujillo e incluso los candidatos presidencial y vicepresidencial de su partido, Roque Espaillat y Ernesto Fadul, así como el mismo nieto del dictador, han querido repostar la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) con el argumento de que el órgano comicial no quiere saber de su líder, pero ello deja claro que no son capaces de leer o buscar un abogado con la suficiente formación para que entiendan las condicionantes que pone la Constitución de la República en sus artículos 18,79 y 82 para los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero y naturalizados en el país que quieran ser presidentes, senadores y diputados de la nación.
Esa sola muestra de intolerancia y del irrespeto a la ley de leyes de la República Dominicana por parte del nieto de Trujillo, proyecta una idea de cómo se manejaría desde el poder un hombre que lo único que puede exhibir en el país es su condición de ser miembro de la familia dictatorial, cuyas víctimas de ese régimen se encuentran por doquier.
Se impone promover el voto en blanco como una herramienta de mejorar la democracia, el cual podría servir también para erradicar los proyectos políticos personalistas e individualistas y preconizar en el sistema político-electoral aquellas propuestas manejadas desde una perspectiva colegiada y de ese modo defender y consolidar los intereses colectivos mediante la legitimación de candidaturas que provengan de un espíritu profundamente democrático.