Santo Domingo, RD.-Se entregó en el día de ayer otro de los implicados en la red de narcotrífico de «Cesar el Abusador».Nacionales
Con la entrega de otro Suman 17 implicados en red El Abusador
Santo Domingo, RD.-Se entregó en el día de ayer otro de los implicados en la red de narcotrífico de «Cesar el Abusador».Rodolfo Cedeño Ureña se entregó acompañado de sus abogados, en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Es señalado por el Ministerio Público como el dueño del negocio “Casa de Cambio Cedeño”, que servía según las autoridades para los negocios ilícitos de César El Abusador.
Al entregarse a las autoridades, Cedeño expresó que es inocente y se estaba preparando con sus abogados para ponerse a disposición de la justicia.
Ayer, tras siete horas de debates, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió recesar para el próximo lunes el conocimiento de las medidas de coerción de cuatro de los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos liderada por César “El Abusador”.
La audiencia fue recesada para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana. El juez solo llegó a conocer las solicitudes de medidas de coerción de la pareja de Peralta, Marisol Franco, y del administrador de la discoteca Vip Room, Rafael Reyes.
Sin embargo, se detuvo mientras era conocida la medida del dueño de la casa de cambio Alan Dólar, Alan Gilberto Bueno Alcéquiez. El lunes se leería en su totalidad la solicitud de Edward Montero “Zapatazo”, quien ha sido vinculado al caso.
Entretanto, Sergio Gómez Díaz, quien ayer negó que pertenezca a la red de narcotráfico de César Emilio Peralta (El Abusador), como le atribuye el ministerio público, permanecerá recluido en la cárcel Najayo Hombres, de San Cristóbal, hasta que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia decida sobre la solicitud de su extradición a Estados Unidos, cuyo conocimiento fue fijado para el primero de octubre.
“A mí desde el principio me están relacionando con esa supuesta red y yo en mi vida nunca he hablado con ese señor y que el mismo procurador (Jean Alain Rodríguez) puso un cintillo diciendo que yo pertenezco a esa red, yo no sé de dónde sacan esa información porque yo nunca he hablado con esa persona”, señaló Gómez Díaz mientras esperaba el fallo de los jueces.
El abogado de Reyes, José López Hilario, expresó que se había violado el límite de las 48 horas entre el arresto y el depósito de la solicitud de medida de coerción. Sin embargo, el Ministerio Público demostró ante el juez que depositaron la misma una hora antes de que se cumpliera el plazo.
Empleados de los centros de diversión “Praga” y “Niño Súper Fría” reclamaron hoy frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la puesta en libertad del propietario José Bernabé Quiterio, vinculado por el Minsiterio Público en el caso de César el Abusador.
Con pancartas y eslogan “Niño libre” y “Niño es inocente”, pedían que Quiterio sea dejado en libertad.
Alegan que perdieron sus empleos y que nunca vieron un comportamiento “ilegal”.El abogado de Reyes, José López Hilario, expresó que se había violado el límite de las 48 horas entre el arresto y el depósito de la solicitud de medida de coerción. El Ministerio Público demostró que depositó a tiempo.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.