Economía
Graves sequías elevan los precios de los alimentos y amenazan bienestar de los pobres
Entre junio y julio, los valores del maíz y del trigo se incrementaron en 25% cada uno
WASHINGTON. Los precios mundiales de los alimentos aumentaron un 10% en julio respecto del mes anterior y el maíz y la soja se encumbran a niveles históricos debido a un verano seco y altas temperaturas sin precedentes tanto en EE. UU. como en Europa oriental, según la última edición del informe Alerta sobre precios de los alimentos del Grupo del Banco Mundial (GBM).
Entre junio y julio, los valores del maíz y del trigo se incrementaron en 25% cada uno, los frijoles de soja en 17% y solo el arroz se redujo en 4%. En general, el Índice de precios de los alimentos del Banco, que registra los valores de los productos alimenticios básicos en el mercado internacional, fue un 6% más alto que en julio de 2011 y un 1% superior al punto máximo alcanzado en febrero de ese mismo año.
«Los precios de los alimentos volvieron a subir bruscamente y amenazan la salud y el bienestar de millones de personas», dijo el presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim. «Los habitantes de África y Oriente Medio son especialmente vulnerables, pero esta situación afecta asimismo a otros países donde los cereales aumentaron de forma abrupta».
Entre abril y julio, se mantuvo la tendencia inestable los de los precios de los alimentos observada durante los 12 meses previos, lo cual frenó las alzas sostenidas entre mediados de febrero de 2010 y el mismo mes de 2011. Los valores subieron en abril, bajaron en mayo y junio y aumentaron bruscamente en julio.
En este trimestre, ha continuado la significativa alza de los precios nacionales, en particular en África. Estos fueron especialmente elevados en África al sur del Sahara, con aumentos de 113% en el caso del maíz en Mozambique. Al mismo tiempo, el sorgo subió desmedidamente en el Sahel y en partes de África oriental: 220% en Sudán del Sur y 180% en Sudán.
Según la Alerta sobre precios de los alimentos, las condiciones climáticas son una causa importante de las bruscas alzas internacionales registradas en julio. La sequía que afectó a Estados Unidos -mayor exportador mundial de maíz y frijol de soya- provocó daños masivos en los cultivos de verano de estos productos. Al mismo tiempo, la escasez de lluvias en la Federación de Rusia, Ucrania y Kazajstán contribuyó a las pérdidas en las producciones proyectadas de trigo.
Los abruptos aumentos de los precios de los alimentos alteraron negativamente las proyecciones favorables en este sentido para el año. Expertos del Banco Mundial no pronostican actualmente una repetición de la crisis de 2008, sin embargo, factores negativos -tales como, la aplicación de políticas para enfrentar el pánico por parte de los países exportadores, un severo fenómeno climático de El Niño, malas cosechas en el hemisferio sur o fuertes aumentos en los precios de la energía-, podrían provocar alzas en los precios de los cereales más significativas aún como las registradas hace cuatro años.
La falta de lluvias tiene graves efectos en la economía, nutrición y pobreza. En Malawi, por ejemplo, se proyecta que una futura gran sequía -como las que se observaban una vez cada 25 años- podría incrementar la pobreza en 17% e impactar especialmente a las comunidades rurales pobres. En el caso de India, las enormes pérdidas sufridas a raíz de sequías ocurridas entre 1971 y 2002 redujeron el ingreso familiar anual entre 60% y 80% en los lugares afectados.
«No podemos permitir que estas subidas récords en los precios se traduzcan en peligros de por vida a medida que las familias retiran a sus hijos de la escuela e ingieren alimentos menos nutritivos para compensar los altos precios», dijo Kim. «Los países deben fortalecer sus programas específicos para aliviar la presión sobre la población más vulnerable e implementar las políticas adecuadas».
«El Banco Mundial aumentó su apoyo a la agricultura hasta llegar al nivel más alto en 20 años, y seguirá ayudando a los países a hacer frente a estas alzas», agregó Kim.
La asistencia del Banco Mundial para el sector agrícola en el ejercicio de 2012 fue superior a los US$9.000 millones, un nivel récord en las últimas dos décadas. El Banco está también coordinando con organismos de las Naciones Unidas (ONU) a través del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria y con organizaciones no gubernamentales (ONG) así como apoyando la Alianza para el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS, por sus siglas en inglés) con el propósito de mejorar la transparencia del mercado de los alimentos y ayudar a los Gobiernos a adoptar medidas fundamentadas para responder a los aumentos de los precios mundiales de estos productos.
En el caso de que la actual situación se agrave, el Grupo del Banco Mundial está preparado para entregar mayor asistencia a los países clientes y proteger así a las personas más vulnerables frente a futuras crisis. Las medidas pueden incluir: el aumento de la inversión en agricultura y otras áreas relacionadas; asesoría en materia de políticas; entrega de financiamiento urgente; apoyo para las redes de protección social; el Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP, por sus siglas en inglés), financiado por múltiples donantes, y mecanismos de gestión de riesgos.
Los programas y políticas para ayudar a mitigar estos precios incluyen redes de protección social para garantizar que las familias pobres puedan costear alimentos esenciales, inversiones sostenidas en agricultura, introducción de variedades de cultivos resistentes a las sequías -que han proporcionado grandes rendimientos y aumentos de productividad- y mantenimiento de un comercio internacional abierto a las exportaciones e importaciones de alimentos.
Según la Alerta sobre precios de los alimentos, estos se mantendrán altos e inestables en el largo plazo debido a una creciente incertidumbre en torno a la oferta, una mayor demanda de una población que va en aumento y una baja capacidad de respuesta del sistema alimentario.
Contribución del Banco Mundial
• En el ejercicio de 2012, que finalizó el 30 de junio, los compromisos del GBM para el sector agrícola y otros relacionados sumaron más de US$9.000 millones. Se trata de una cifra muy superior al financiamiento proyectado en el Plan de Acción para la Agricultura de la institución, que preveía subir el promedio anual de US$4.100 millones en 2006-08 a US$6.200-US$8.300 millones en 2010-12. La asistencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Asociación Internacional de Fomento (BIRF/AIF) en el ejercicio de 2012 fue la más alta de los últimos 20 años.
• Desde julio de 2012 en adelante la respuesta de emergencia del Banco a la severa crisis de los precios de los alimentos en los países más pobres se basará en los recursos de la AIF-16, incluidos aquellos que están disponibles a través del Mecanismo de Respuesta a las Crisis así como los fondos no desembolsados pertenecientes al recién aprobado Mecanismo de Respuesta Rápida. De hecho, en respuesta a la sequía en el Cuerno de África, la AIF está aportando US$1.800 millones para salvar vidas, mejorar la protección social y promover la recuperación económica y la capacidad de adaptación a las sequías.
• La Corporación Financiera Internacional (IFC) invertirá hasta US$1.000 millones en el Programa de Financiamiento de Productos Básicos Esenciales -que apunta a apoyar el comercio de bienes clave, tanto agrícolas como energéticos- con el fin de ayudar a reducir el riesgo de escasez de comida y energía, así como mejorar la seguridad alimentaria de los más pobres del mundo.
• Un innovador producto de gestión de riesgos proporcionado por IFC permitirá proteger a agricultores, productores y consumidores de los países en desarrollo contra la inestabilidad de los precios de los alimentos.
• A través del apoyo al Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP, por sus siglas en inglés), creado por el Grupo del Banco en abril de 2010 a solicitud del Grupo de los Veinte (G-20), ocho países y la Fundación Gates se comprometieron a aportar alrededor de US$1.200 millones en el transcurso de tres años. A la fecha, se han desembolsado US$777,4 millones.
• El Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos (GFRP, por sus siglas en inglés) apoya a 40 millones de personas en 47 países con US$1.600 millones en ayuda de emergencia.
• Coordinación con organismos de las Naciones Unidas (ONU) a través del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria y con organizaciones no gubernamentales (ONG).
• Apoyo a la Alianza para el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de mejorar la transparencia del mercado de los alimentos y ayudar a los Gobiernos a adoptar medidas fundamentadas para responder a los aumentos de los precios mundiales de estos productos.
• Promoción de más inversiones en investigación agrícola -por ejemplo, a través del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR, por sus siglas en inglés)- y seguimiento del comercio de productos agrícolas para identificar cualquier posible escasez de alimentos.
• Apoyo al mejoramiento de la nutrición entre grupos vulnerables a través de programas comunitarios destinados a aumentar el uso de los servicios de salud y la atención en general. Como parte de su respuesta a la crisis de los alimentos, el Banco ha respaldado la entrega diaria de alrededor de 2,3 millones de raciones escolares a niños de países de ingreso bajo.
• Ratificación del marco de acción de la Iniciativa SUN para el fomento de una mejor nutrición que cuenta con el respaldo de más de 100 asociados, entre ellos el Banco Mundial.
• Mejoramiento de la colaboración internacional en la generación e intercambio de conocimientos sobre agricultura, seguridad alimentaria y nutrición a través de la plataforma de conocimientos Secure Nutrition: www.securenutritionplatform.org
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.