Opinión
Danilo y el problema eléctrico
Por Freddy Nuñez
Sin lugar a dudas uno de los cinco principales problemas que con carácter de urgencia debe resolver el país es el eléctrico; prolongados apagones, generación cara e ineficiente, insostenibilidad financiera, líneas de distribución obsoletas, grandes pérdidas, costosos subsidios, debilidad institucional, son solo parte de los múltiples factores que agravan y mantienen en vigencia una situación que a todos nos afecta.
La nueva administración que el pasado 16 de agosto tomó las riendas del gobierno y por ende del Estado, conoce muy bien la situación que tiene el país en esa materia, y así lo indica el hecho de que el presidente Danilo Medina haya designado al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) al ingeniero Rubén Bichara, un profesional de la ingeniería eléctrica, que conoce tanto o más que muchos la real situación por la que atraviesa el sistema eléctrico dominicano.
Su paso por la administración de las distribuidoras EdeSur y Ede Este, y su dedicación a conocer a profundidad los intríngulis del sector, auguran una buena dirección y gerencia para esa importante institución, pero más aun el hecho de que Rubén Bichara no tenga intereses creados en ningún área del sistema eléctrico, nos da mayor confianza de que sus decisiones no estarán dirigidas a favorecer ningún sector ni a nadie en particular, no tiene grandes empresas contratista del área eléctrica, no tiene una distribuidora ilegal de energía eléctrica, ni tiene relaciones económicas con ninguna generadora, y su relación con los agentes del sector han sido como las de cualquier otro profesional de la ingeniería.
Ahora nos falta ver el plan tanto de recuperación como de expansión que para el sistema eléctrico tiene Rubén Bichara y su equipo, el cual debemos admitir cuenta con profesionales y conocedores de larga data de la situación del sistema eléctrico nacional, tales el caso del ingeniero Hipólito Núñez, (quien no es familiar del autor de este articulo), este fue designado al frente de Edesur, de cuya empresa tiene un gran conocimiento.
El Plan que en nombre del gobierno deberá presentar el equipo eléctrico, debe contener la forma en que se va a aumentar la generación en el país, la cual ya ronda un déficit de los 500 Megavatios, así como la calidad de esa nueva generación, la que deberá ser a partir de combustibles más económicos, tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente, así como que contribuyan de manera importante a disminuir el costo marginal del kilovatio/hora, pero además las medidas deben reducir de forma importante las grandes pérdidas que en la parte de distribución observa el sistema, tanto las perdidas técnicas como las no técnicas, la eliminación de estas últimas deben tener como finalidad que todo usuario de la energía eléctrica sea cliente de una distribuidora, eliminando así el uso ilegal de la electricidad.
También los planes estratégicos de los funcionarios del subsector eléctrico, deberán contener la forma en que se fortalecerán las instituciones del área eléctrica, como son: la Comisión Nacional de Energía (CNE), La Superintendencia de electricidad (SIE), El Organismo Coordinador (OC) y otras que denotan una baja incidencia de sus roles en la dinámica del sistema.
Otra cosa que no debe faltar en dicha propuesta, es la revisión de las normativas legales que sustentan el sistema eléctrico, sobre todo las que tienen que ver con la compra de energía eléctrica por parte de las distribuidoras (artículo 110 de la Ley 125-01), así como también la que indican un pago a cada usuario por parte de las distribuidoras por cada hora de energía eléctrica no entregada y la mala calidad de la misma(artículo 457 del Reglamento de aplicación de la ley 125-01 modificada por la Ley 186-07), estas son una muestra de las partes de la plataforma legal del sistema eléctrico que han sido prácticamente imposibles de cumplir, lo cual obliga al estado a buscar una solución que permita el cumplimento de la ley, y claro está, no podemos olvidar la revisión de los contratos del acuerdo de Madrid, los cuales tienen mucho que ver con la problemática legal antes explicada.
En definitiva creemos que esta es una nueva y buena oportunidad para que de una vez y por todas, nuestro sistema eléctrico se encamine a la solución de sus graves problemas, la definición de una estrategia integrada que abarque toda el área eléctrica es importante, y debe contar con el apoyo de todos en el país.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.