Opinión
Danilo y el problema eléctrico
Por Freddy Nuñez
Sin lugar a dudas uno de los cinco principales problemas que con carácter de urgencia debe resolver el país es el eléctrico; prolongados apagones, generación cara e ineficiente, insostenibilidad financiera, líneas de distribución obsoletas, grandes pérdidas, costosos subsidios, debilidad institucional, son solo parte de los múltiples factores que agravan y mantienen en vigencia una situación que a todos nos afecta.
La nueva administración que el pasado 16 de agosto tomó las riendas del gobierno y por ende del Estado, conoce muy bien la situación que tiene el país en esa materia, y así lo indica el hecho de que el presidente Danilo Medina haya designado al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) al ingeniero Rubén Bichara, un profesional de la ingeniería eléctrica, que conoce tanto o más que muchos la real situación por la que atraviesa el sistema eléctrico dominicano.
Su paso por la administración de las distribuidoras EdeSur y Ede Este, y su dedicación a conocer a profundidad los intríngulis del sector, auguran una buena dirección y gerencia para esa importante institución, pero más aun el hecho de que Rubén Bichara no tenga intereses creados en ningún área del sistema eléctrico, nos da mayor confianza de que sus decisiones no estarán dirigidas a favorecer ningún sector ni a nadie en particular, no tiene grandes empresas contratista del área eléctrica, no tiene una distribuidora ilegal de energía eléctrica, ni tiene relaciones económicas con ninguna generadora, y su relación con los agentes del sector han sido como las de cualquier otro profesional de la ingeniería.
Ahora nos falta ver el plan tanto de recuperación como de expansión que para el sistema eléctrico tiene Rubén Bichara y su equipo, el cual debemos admitir cuenta con profesionales y conocedores de larga data de la situación del sistema eléctrico nacional, tales el caso del ingeniero Hipólito Núñez, (quien no es familiar del autor de este articulo), este fue designado al frente de Edesur, de cuya empresa tiene un gran conocimiento.
El Plan que en nombre del gobierno deberá presentar el equipo eléctrico, debe contener la forma en que se va a aumentar la generación en el país, la cual ya ronda un déficit de los 500 Megavatios, así como la calidad de esa nueva generación, la que deberá ser a partir de combustibles más económicos, tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente, así como que contribuyan de manera importante a disminuir el costo marginal del kilovatio/hora, pero además las medidas deben reducir de forma importante las grandes pérdidas que en la parte de distribución observa el sistema, tanto las perdidas técnicas como las no técnicas, la eliminación de estas últimas deben tener como finalidad que todo usuario de la energía eléctrica sea cliente de una distribuidora, eliminando así el uso ilegal de la electricidad.
También los planes estratégicos de los funcionarios del subsector eléctrico, deberán contener la forma en que se fortalecerán las instituciones del área eléctrica, como son: la Comisión Nacional de Energía (CNE), La Superintendencia de electricidad (SIE), El Organismo Coordinador (OC) y otras que denotan una baja incidencia de sus roles en la dinámica del sistema.
Otra cosa que no debe faltar en dicha propuesta, es la revisión de las normativas legales que sustentan el sistema eléctrico, sobre todo las que tienen que ver con la compra de energía eléctrica por parte de las distribuidoras (artículo 110 de la Ley 125-01), así como también la que indican un pago a cada usuario por parte de las distribuidoras por cada hora de energía eléctrica no entregada y la mala calidad de la misma(artículo 457 del Reglamento de aplicación de la ley 125-01 modificada por la Ley 186-07), estas son una muestra de las partes de la plataforma legal del sistema eléctrico que han sido prácticamente imposibles de cumplir, lo cual obliga al estado a buscar una solución que permita el cumplimento de la ley, y claro está, no podemos olvidar la revisión de los contratos del acuerdo de Madrid, los cuales tienen mucho que ver con la problemática legal antes explicada.
En definitiva creemos que esta es una nueva y buena oportunidad para que de una vez y por todas, nuestro sistema eléctrico se encamine a la solución de sus graves problemas, la definición de una estrategia integrada que abarque toda el área eléctrica es importante, y debe contar con el apoyo de todos en el país.
Por José Cabral
En estos días de lluvias como consecuencia del cambio climático, he sido testigo de situaciones dramáticas y tristes, como la pérdida de vidas humanas fruto de estos dos antivalores mencionados en el título de este artículo.
Sin embargo, lo más doloroso ha sido la forma y la vergüenza que constituye el hecho de que la tragedia tiene su razón de ser en las consecuencias de fenómenos de la naturaleza, pero también del hambre de dinero de los que se dedican a construir obras del Estado.
Es un hambre incesante la que tienen los contratistas de obras públicas, tanto es así que se inclinan por comprar lo que menos sirve, es decir, materiales de mala calidad para economizar todo el dinero que sea posible.
Lo otro es que como es natural en un país donde sobrevalúan todo para acumular dinero, sin pensar en el daño que le hacen al país e incluso a su imagen internacional, la impunidad es un pie de amigo de los que se dedican a tan malsana tarea.
El desplome del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez ha sido una expresión clara de la mala calidad de las obras públicas, cuyo principal interés es cobrar por ellas miles de veces lo que no cuestan.
Naturalmente, es entendible y lógico que la fuerza de la naturaleza pueda llevarse de paro cualquier obra por muy bien construida que esté y con los mejores materiales del mercado, pero penosamente ese no es el caso de la República Dominicana.
En el país son muchas las personas que buscan refugiarse en la cultura del engaño y de los fraudes que se encuentran por doquier, sobre todo a través del dinero del Estado que no le duele a nadie.
Los fraudes y la estafa ya constituyen una cultura en la República Dominicana, con el agravante de que no hay forma de que la gente se arrepienta de las consecuencias de esa visión de vida.
El paso a desnivel había sido denunciado por vicios de construcción, pero nadie hizo caso y al final llegó lo que tenía que llegar, una gran tragedia.
Ahora nadie es culpable y como la tragedia se produjo en medio de los trastornos y las lluvias causadas por el cambio climático, entonces hay una buena excusa.
Sin embargo, hay que preguntarse si es como dice el Ministerio de Obras Públicas que ese paso a desnivel había recibido 28 mantenimientos desde el año 2020, entonces cómo es posible que los que hicieron los mismos no se percataron del peligro que implicaba esa obra?
No creo que haya respuesta a esa pregunta, pero como muy bien lo ha dicho el periódico La Republica, el país está lleno de obras públicas que representan un gran peligro para la gente, porque los contratistas han tomado el dinero para estafar al Estado y a la sociedad.
La República Dominicana no ha sufrido más por los desaciertos de sus gobiernos y de los políticos que se gasta, porque la naturaleza ha sido bondadosa con los dominicanos, ya que incluso a nivel sísmico los terremotos no pasan de cinco y hasta seis grados, pero si llegaran a siete otra cosa sería y la desgracia nacional fuera realmente inmedible.
Ello así, porque en el país nadie respeta ley ni nada para someterse a las previsiones que establecen las normas, ya que todo está contaminado con la desgraciada impunidad.
Es mucho lo que se puede decir sobre lo ocurrido con las lluvias y los fenómenos naturales que han impactado al país en las últimas horas, pero lo que sí se debe indicar de forma muy puntual es que la pérdida de vidas humanas no sólo es responsabilidad de la naturaleza, sino también de los que se dedican a construir obras públicas a troche y moche para robarse el dinero del presupuesto nacional.
De manera, que si bien la naturaleza tiene su cuota de responsabilidad en la tragedia, probablemente los más culpables sean los contratistas que forman parte de la red de delincuentes que van al Estado con la firme decisión de levantar obras públicas con grandes vicios de construcción.
En consecuencia, las muertes ocurridas en el paso a desnivel de la 27 de febrero, entre ellos varios puertorriqueños, deben ser atribuidas a los que se meten a contratistas de la noche a la mañana sin saber nada de eso con la firme convicción de construir cualquier cosa que le cuesta al pueblo dominicano miles de millones de pesos y que al final representan una amenaza en contra de los que transitan por las vías públicas del país sin pensar en el peligro en que se mueven.
Por Isaías Ramos
La concesión de nuestros aeropuertos es una sombra oscura que persigue al pueblo dominicano, una estafa monumental que deja cicatrices en nuestra historia. Retrocedamos en el tiempo y recordemos las palabras contundentes del respetado jurista Jottin Cury en 1999, cuando denunció el contrato propuesto con la empresa AERODOM como ‘una burla a los mejores intereses del país’.
En este día, la historia se repite, y lo hace con un anuncio inesperado del jefe de estado. Afirma dirigirse al pueblo ‘con gran entusiasmo y satisfacción’ por una supuesta renegociación del contrato del aeropuerto. No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, una vez más, hombres de prestigio de nuestra sociedad son involucrados, intentando revestir de legalidad acciones que, en su esencia, carecen de sustentación.
El presidente ha elegido un escenario impactante para dirigirse a la nación, empleando frases elocuentes como ‘los contratos pueden ser renegociados, pero los intereses de los dominicanos son innegociables para este gobierno’. Sin embargo, confiesa que el Estado no ha recibido ‘ninguna remuneración’ desde la entrega de nuestros aeropuertos en 2000.
La magnitud de la indignación se incrementa al contemplar que un activo público, generador de más de 4 mil millones de dólares, no ha retribuido a sus verdaderos dueños, al pueblo dominicano. Parece ser que el único propósito de esta concesión es maximizar las ganancias, aplicando tarifas aeroportuarias exorbitantes que impactan directamente en los costos de los vuelos.
Las palabras resonantes de Jottin Cury en el pasado aún resuenan en el presente. Este contrato, según él, era ‘incalificable, elaborado con la intención de empobrecer el patrimonio de la nación’ y que provocaba ‘náuseas por ser leonino’. Pero no detengámonos solo en este contrato inicial; exploremos los addendum y prerrogativas que se añadieron, contraviniendo los intereses del pueblo dominicano. Recordemos la última extensión de vigencia del contrato por 5 años más, firmada el 22 de marzo de 2004, sin siquiera ser ratificada por el congreso. No olvidemos las resoluciones del 11 de agosto de 2017, que aumentaron el cargo por manejo de equipaje y la tasa a cobrar por pasajero de entrada y salida.
El Frente Cívico y Social (FCS) ha sido un eco constante, denunciando estas realidades. Cada vez que la élite política anuncia al pueblo acciones de éxito y bienestar, la realidad se desvela como verdaderos fracasos que traen consigo miseria y empobrecimiento. No permitamos que nuestro pasado devore nuestro glorioso porvenir ni justifiquemos las aberraciones del presente, especialmente cuando comprometen el legado que dejaremos a las futuras generaciones.
Si, como dice el presidente, ‘los intereses de los dominicanos son innegociables para este gobierno’, deberíamos cuestionar la ética y la moral de renegociar un contrato que aún tiene 7 años para vencer. No solo es una cuestión de legalidad, sino de responsabilidad y justicia hacia las generaciones venideras.
En el FCS, creemos firmemente que la defensa de los intereses colectivos debería ser una decisión tomada por las autoridades elegidas por el pueblo dominicano a partir de 2028. En ese momento, podrán debatir y decidir la manera y la forma de operar nuestros aeropuertos. Si optan por continuar concesionándolos, lo mínimo que deberíamos exigir es un proceso de licitación transparente, similar al método utilizado por Advent International cuando decidió vender sus acciones, coordinado por bancos de inversión de alto renombre como Crédit Suisse y J.P. Morgan.
En este llamado final, en el FCS instamos al pueblo dominicano a despertar y a defender vigorosamente los intereses colectivos. La protección de estos valores es esencial para garantizar un futuro próspero y justo para toda la nación.
¡Despierta RD!»
Por Rosario Espinal
El elefante de la división sigue ahí, la alianza parcial anunciada no diluye el problema. El PLD y la FP seguirán en su feroz competencia para determinar quién derrota a quién en el 2024.
El anuncio de la ampliación de la alianza opositora Rescate RD ha sido una noticia política muy comentada en los últimos días. Opiniones y especulaciones abundan sobre el impacto de esa alianza para la oposición y el Gobierno del PRM. Para unos, la alianza es la vía segura hacia el triunfo de la oposición en el 2024; para otros es un abrazo en la desesperación.
En política, como en toda actividad humana y social, hay complejidades e incertidumbres en los procesos. Por eso, lo aconsejable es considerar factores y escenarios para evaluar posibilidades. Eso intentaré hacer aquí.
Sin duda, la alianza opositora suma votos a los candidatos que postula porque une tres partidos (PLD, FP, PRD) o dos, dependiendo de la localidad. Eso no garantiza el triunfo, pero ofrece mayor competitividad electoral a esos candidatos. Por esta razón muchos aspirantes de los partidos de oposición querían el acuerdo. La alianza, además, aumenta el costo de la campaña al PRM al hacerla más competitiva.
Y es que, los candidatos presidenciales del PLD, FP y PRD no son aliados, son contrincantes.
Por otro lado, producto de la alianza, se reduce la cantidad de candidatos que se presentan a las elecciones, porque, donde se monta uno se desmontan otros. Esa reducción de candidatos genera descontento entre los aspirantes sacrificados que no podrán emigrar hacia otros partidos de la alianza. Se quedarán con su descontento o se irán al PRM y aliados.
También hay un problema logístico-político. Los alcaldes y senadores son candidatos importantes porque unifican el municipio o la provincia (son candidaturas uninominales). Surge entonces la pregunta: ¿con qué candidato presidencial harán campaña los candidatos de la alianza: con el de su partido o con los tres candidatos presidenciales de la alianza?
Si hacen campaña solo con el candidato presidencial de su partido, estarían contribuyendo a sumarle votos a ese candidato, a expensas de los otros candidatos presidenciales de los partidos de la alianza.
Para ilustrar, recientemente estuve en una provincia donde el candidato a senador de la alianza tiene muchas vallas solo con el candidato presidencial de su partido. Así, le ayudará a sumar votos a nivel presidencial (e igual a los diputados, alcaldes y directores municipales de su partido), mientras restará a los demás candidatos presidenciales de la alianza.
La división del peledeísmo es el elefante en el salón que los aliancistas pretenden ignorar. Esa división limita la efectividad de la alianza, aunque donde vayan juntos a nivel municipal y senatorial tengan mayor probabilidad de ganar.
Y es que, los candidatos presidenciales del PLD, FP y PRD no son aliados, son contrincantes. Eso desdibuja ante el electorado la señal de unidad para otras posiciones. Además, los aliancistas asumen que la alianza concretada asegura una segunda vuelta a nivel presidencial. En este argumento la historia choca con la proyección.
El elefante de la división sigue ahí, la alianza parcial anunciada no diluye el problema. El PLD y la FP seguirán en su feroz competencia para determinar quién derrota a quién en el 2024. Es un pleito entre ellos de largo aliento.