Análisis Noticiosos
Un desafío definitivo de Danilo a Leonel que podría generar la división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
Tanto por la forma en que favoreció a su delfín Gonzalo Castillo, en la competencia para definir un solo precandidato danilista, como por el desenfado con que arrancó la recta final para la elección primaria del 6 de octubre, el presidente Danilo Medina demuestra que no respetará ningún límite para mantener su poder más allá del próximo 2020.
Pero como Leonel Fernández sigue demostrando firmeza y un gran respaldo en todas sus actividades, la irrupción del Estado podría ser cada vez más desenfrenada y generar mayores incertidumbres nacionales en las próximas semanas y hasta la división definitiva del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Gonzalo sin importar costo. Desde que Gonzalo Castillo anunció su decisión de lanzarse a la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD, una semana después del dramático discurso del presidente Danilo Medina el 22 de julio, quedó claro que era el elegido, el delfín del mandatario, pero no se esperaba que este mostrara tanta parcialidad frente a los competidores de su propio ámbito político, a los que había incentivado a correr más de un año antes.
Los aprestos para buscar la candidatura presidencial en relevo de Medina comenzaron desde junio del 2017 cuando Felucho Jiménez informó que el mandatario lo había autorizado a decir que no sería candidato para el 2020. Desde entonces tres ministros presentaron renuncia para emprender la carrera: Francisco Domínguez Brito dejó el Ministerio de Medio Ambiente en abril del 2018. Un mes después Carlos Amarante Baret renunció de Interior y Policía, y en febrero pasado lo hizo Andrés Navarro, del Ministerio de Educación.
Otro que tomó en serio el estímulo presidencial, después de una reunión de aspirantes con Medina, fue el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y lo anunció también en mayo del 2018. Este, como Domínguez y Amarante invirtieron amplios recursos y todo su tiempo movilizando seguidores por todo el país durante más de 15 meses, Navarro en los últimos seis meses, y Temístocles Montás, desde octubre, mientras Radhamés Segura apenas se inscribió.
Todos corrieron con las riendas tensas e inconformes mientras Medina seguía acariciando la posibilidad de continuar, y cuando este declinó y los volvió a reunir en el Palacio para que corrieran fuerte, aún sin Gonzalo Castillo, todos convinieron en una campaña de un mes para, mediante encuestas definir que solo uno de ellos competiría por el “sector danilista”.
Sin el menor escrúpulo. Al parecer, Medina no confiaba en sus seis precandidatos y lanzó a su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por lo que cuando este anunció su aspiración, el 31 de julio, ya se le consideraba como el delfín, por lo que salió con recursos que superaban a todos los demás en conjunto. Para no dejar dudas, el presidente no le aceptó la renuncia al potente ministerio de Obras Públicas, como había hecho con Domínguez, Amarante y Navarro, en medio de denuncias de que utilizaba sus recursos para promoverse. En agosto la nómina de ese ministerio, en manos de subordinados de Castillo, creció 8 millones de pesos en relación a julio e invertían muchos millones en propaganda y para repartir mochilas escolares.
A tres días de lanzarse, ya Gonzalo contaba con el apoyo de 126 alcaldes y directores municipales, cuyas expectativas de reelegirse se alimentan con el asfaltado de calles que generosamente dispone el Ministerio de Obras Públicas. El ministro se benefició de cocteles donde se invitaba a contratistas y suplidores a contribuir con 500 mil pesos, y se dice que en uno con personas del mundo financiero, las sugerencias fueron de un millón de pesos. La apabullante publicidad de Gonzalo por todos los medios, con páginas diarias en todos los periódicos, se convirtió en un escándalo.
Todo ello provocó las renuncias de Amarante y Reinal Pared, denunciando desigualdad y ofendidos por lo que entendían “juego desleal” del mismo Medina. Los otros danilistas que pactaron las encuestas y tuvieron que admitir después la participación de Gonzalo, quedaron fulminados y nadie se sorprendió con el resultado.
El despliegue del Estado. Si el presidente Danilo Medina no respetó la equidad en la competencia entre los que se consideraban de su grupo, para nada puede sorprender que se haya desplegado el alto funcionariado del Estado para tratar de vencer a Leonel Fernández en una campaña de apenas cuatro semanas. La desproporción publicitaria de Gonzalo, que había llegado a la inversión de tres millones de pesos en un concurso de canciones a su favor, siguió disparándose y el jueves trascendió que catorce ministros y más de una veintena de directores y funcionarios de organismos estatales más algunos legisladores estaban encargados de su campaña en todo el país.
Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se crearon comandos separados, y otros ocho por regiones. El despliegue incluyó a funcionarios del Estado alejados de la política partidista, como los administradores de los Banco de Reservas y Agrícola, el director de Impuestos Internos, el Superintendente de Bancos, o el director de Aduanas. De los ministros solo se salvaron el de la Presidencia y el de Energía y Minas, quienes habrían favorecido la precandidatura de Domínguez Brito, el canciller Miguel Vargas y la de la Mujer, Janet Camilo, del aliado PRD, así como la Ministra de Educación Superior, vinculada a Leonel Fernández.
Ese nivel de involucramiento del gobierno solo tiene precedente en las campañas electorales del PLD, del 2012 y 2016, que dieron la presidencia a Medina. Burla principios constitucionales de igualdad en las competencias electorales, las leyes de Partido y del Régimen Electoral y la Ley de la Función Pública, y pone en aprieto a la Junta Central Electoral encargada de cautelar la equidad en las campañas electorales.
Genialidad política de DM. Con el despliegue del gobierno en la campaña interna aumentan las posibilidades de que Danilo Medina pueda lograr su objetivo de impedir la candidatura presidencial de su rival interno Leonel Fernández, lo según comentaristas, demostrarían su “genialidad política”. Ese salvajismo político parece normal para la cultura política tradicional, incluyendo a los que ahora son sus víctimas. Ese despliegue del gobierno es también un preaviso de lo que ocurriría en la campaña para las elecciones generales del año próximo, sobre todo si Medina logra llevar a Castillo de candidato presidencial, y a muchos seguidores para los cargos congresuales y municipales.
Contradice el último discurso del presidente de Medina, el del 22 de julio al declinar la búsqueda de la segunda reelección, cuando llamó al liderazgo político a “actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano”. Agregó que confiaba “en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas… y que esté regida por el civismo y la sana competencia”.
Aumentarán incertidumbres. La irrupción del gobierno en pleno en la lucha por la candidatura presidencial del PLD, podría tener como primer efecto un incremento de las incertidumbres generales que ya a mitad del año afectaron hasta la economía nacional por la fiereza con que se buscaba una reforma constitucional para la prolongación de Medina en el poder. Esta vez por los temores de que pueda sellar la progresiva división del partido gobernante, que tuvo expresión cuando el jueves el expresidente Leonel Fernández pidió la presencia del pleno de la JCE para reclamar y obtener su propio representante ante ese organismo, porque el delegado político, el ministro de Interior Monchy Fadul, es del comando de campaña de Gonzalo Castillo.
Es cierto que Castillo ha recibido el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité Político del PLD, y de la mayoría de los senadores y alcaldes, claves en la campaña territorial, por lo que adquiere una fuerza que no se le sospechaba, pero el secretario general Reinaldo Pared, aunque se declarara neutral, está ahora cerca de Leonel Fernández, ya que su esposa y su equipo de campaña decidieron apoyar al expresidente. No se sabe si Amarante Baret dejará atrás su indignación con Danilo Medina, lo que podría ocurrir si le compensan parte de las decenas de millones de pesos que le costó su campaña de 15 meses. Domínguez Brito aceptó a Gonzalo, pero aparece distante.
Si “la genialidad” del presidente se extrema, y se reproduce en todo el país, la lucha de las semanas finales podría ser dramática entre más de 7 mil aspirantes a las candidaturas para los más de 4 mil cargos electivos, que en provincias y municipios estarán divididos entre las dos facciones que se disputan el control del partido gobernante. Peor si, como se teme, corre el dinero para “incentivar” a votar a la inmensa reserva de ciudadanos que no son del PLD, razón fundamental para que el danilismo impusiera el padrón abierto en su elección primaria. Hay quienes creen que resuelven venciendo a Leonel en las Primarias, porque la Ley de Partidos impide ser candidato por otra organización al que pierda en la propia.
Pero si le ponen la soga al cuello, Leonel tendría la opción de retirarse días antes, motivándolo en inaceptable abuso del Estado, y alegar que al no haber perdido, puede ser postulado por otro partido. Se dividiría el PLD en proporciones que lo expondría a perder el poder, con alto costo para Danilo Medina.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.