Análisis Noticiosos
Un desafío definitivo de Danilo a Leonel que podría generar la división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
Tanto por la forma en que favoreció a su delfín Gonzalo Castillo, en la competencia para definir un solo precandidato danilista, como por el desenfado con que arrancó la recta final para la elección primaria del 6 de octubre, el presidente Danilo Medina demuestra que no respetará ningún límite para mantener su poder más allá del próximo 2020.
Pero como Leonel Fernández sigue demostrando firmeza y un gran respaldo en todas sus actividades, la irrupción del Estado podría ser cada vez más desenfrenada y generar mayores incertidumbres nacionales en las próximas semanas y hasta la división definitiva del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Gonzalo sin importar costo. Desde que Gonzalo Castillo anunció su decisión de lanzarse a la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD, una semana después del dramático discurso del presidente Danilo Medina el 22 de julio, quedó claro que era el elegido, el delfín del mandatario, pero no se esperaba que este mostrara tanta parcialidad frente a los competidores de su propio ámbito político, a los que había incentivado a correr más de un año antes.
Los aprestos para buscar la candidatura presidencial en relevo de Medina comenzaron desde junio del 2017 cuando Felucho Jiménez informó que el mandatario lo había autorizado a decir que no sería candidato para el 2020. Desde entonces tres ministros presentaron renuncia para emprender la carrera: Francisco Domínguez Brito dejó el Ministerio de Medio Ambiente en abril del 2018. Un mes después Carlos Amarante Baret renunció de Interior y Policía, y en febrero pasado lo hizo Andrés Navarro, del Ministerio de Educación.
Otro que tomó en serio el estímulo presidencial, después de una reunión de aspirantes con Medina, fue el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y lo anunció también en mayo del 2018. Este, como Domínguez y Amarante invirtieron amplios recursos y todo su tiempo movilizando seguidores por todo el país durante más de 15 meses, Navarro en los últimos seis meses, y Temístocles Montás, desde octubre, mientras Radhamés Segura apenas se inscribió.
Todos corrieron con las riendas tensas e inconformes mientras Medina seguía acariciando la posibilidad de continuar, y cuando este declinó y los volvió a reunir en el Palacio para que corrieran fuerte, aún sin Gonzalo Castillo, todos convinieron en una campaña de un mes para, mediante encuestas definir que solo uno de ellos competiría por el “sector danilista”.
Sin el menor escrúpulo. Al parecer, Medina no confiaba en sus seis precandidatos y lanzó a su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por lo que cuando este anunció su aspiración, el 31 de julio, ya se le consideraba como el delfín, por lo que salió con recursos que superaban a todos los demás en conjunto. Para no dejar dudas, el presidente no le aceptó la renuncia al potente ministerio de Obras Públicas, como había hecho con Domínguez, Amarante y Navarro, en medio de denuncias de que utilizaba sus recursos para promoverse. En agosto la nómina de ese ministerio, en manos de subordinados de Castillo, creció 8 millones de pesos en relación a julio e invertían muchos millones en propaganda y para repartir mochilas escolares.
A tres días de lanzarse, ya Gonzalo contaba con el apoyo de 126 alcaldes y directores municipales, cuyas expectativas de reelegirse se alimentan con el asfaltado de calles que generosamente dispone el Ministerio de Obras Públicas. El ministro se benefició de cocteles donde se invitaba a contratistas y suplidores a contribuir con 500 mil pesos, y se dice que en uno con personas del mundo financiero, las sugerencias fueron de un millón de pesos. La apabullante publicidad de Gonzalo por todos los medios, con páginas diarias en todos los periódicos, se convirtió en un escándalo.
Todo ello provocó las renuncias de Amarante y Reinal Pared, denunciando desigualdad y ofendidos por lo que entendían “juego desleal” del mismo Medina. Los otros danilistas que pactaron las encuestas y tuvieron que admitir después la participación de Gonzalo, quedaron fulminados y nadie se sorprendió con el resultado.
El despliegue del Estado. Si el presidente Danilo Medina no respetó la equidad en la competencia entre los que se consideraban de su grupo, para nada puede sorprender que se haya desplegado el alto funcionariado del Estado para tratar de vencer a Leonel Fernández en una campaña de apenas cuatro semanas. La desproporción publicitaria de Gonzalo, que había llegado a la inversión de tres millones de pesos en un concurso de canciones a su favor, siguió disparándose y el jueves trascendió que catorce ministros y más de una veintena de directores y funcionarios de organismos estatales más algunos legisladores estaban encargados de su campaña en todo el país.
Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se crearon comandos separados, y otros ocho por regiones. El despliegue incluyó a funcionarios del Estado alejados de la política partidista, como los administradores de los Banco de Reservas y Agrícola, el director de Impuestos Internos, el Superintendente de Bancos, o el director de Aduanas. De los ministros solo se salvaron el de la Presidencia y el de Energía y Minas, quienes habrían favorecido la precandidatura de Domínguez Brito, el canciller Miguel Vargas y la de la Mujer, Janet Camilo, del aliado PRD, así como la Ministra de Educación Superior, vinculada a Leonel Fernández.
Ese nivel de involucramiento del gobierno solo tiene precedente en las campañas electorales del PLD, del 2012 y 2016, que dieron la presidencia a Medina. Burla principios constitucionales de igualdad en las competencias electorales, las leyes de Partido y del Régimen Electoral y la Ley de la Función Pública, y pone en aprieto a la Junta Central Electoral encargada de cautelar la equidad en las campañas electorales.
Genialidad política de DM. Con el despliegue del gobierno en la campaña interna aumentan las posibilidades de que Danilo Medina pueda lograr su objetivo de impedir la candidatura presidencial de su rival interno Leonel Fernández, lo según comentaristas, demostrarían su “genialidad política”. Ese salvajismo político parece normal para la cultura política tradicional, incluyendo a los que ahora son sus víctimas. Ese despliegue del gobierno es también un preaviso de lo que ocurriría en la campaña para las elecciones generales del año próximo, sobre todo si Medina logra llevar a Castillo de candidato presidencial, y a muchos seguidores para los cargos congresuales y municipales.
Contradice el último discurso del presidente de Medina, el del 22 de julio al declinar la búsqueda de la segunda reelección, cuando llamó al liderazgo político a “actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano”. Agregó que confiaba “en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas… y que esté regida por el civismo y la sana competencia”.
Aumentarán incertidumbres. La irrupción del gobierno en pleno en la lucha por la candidatura presidencial del PLD, podría tener como primer efecto un incremento de las incertidumbres generales que ya a mitad del año afectaron hasta la economía nacional por la fiereza con que se buscaba una reforma constitucional para la prolongación de Medina en el poder. Esta vez por los temores de que pueda sellar la progresiva división del partido gobernante, que tuvo expresión cuando el jueves el expresidente Leonel Fernández pidió la presencia del pleno de la JCE para reclamar y obtener su propio representante ante ese organismo, porque el delegado político, el ministro de Interior Monchy Fadul, es del comando de campaña de Gonzalo Castillo.
Es cierto que Castillo ha recibido el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité Político del PLD, y de la mayoría de los senadores y alcaldes, claves en la campaña territorial, por lo que adquiere una fuerza que no se le sospechaba, pero el secretario general Reinaldo Pared, aunque se declarara neutral, está ahora cerca de Leonel Fernández, ya que su esposa y su equipo de campaña decidieron apoyar al expresidente. No se sabe si Amarante Baret dejará atrás su indignación con Danilo Medina, lo que podría ocurrir si le compensan parte de las decenas de millones de pesos que le costó su campaña de 15 meses. Domínguez Brito aceptó a Gonzalo, pero aparece distante.
Si “la genialidad” del presidente se extrema, y se reproduce en todo el país, la lucha de las semanas finales podría ser dramática entre más de 7 mil aspirantes a las candidaturas para los más de 4 mil cargos electivos, que en provincias y municipios estarán divididos entre las dos facciones que se disputan el control del partido gobernante. Peor si, como se teme, corre el dinero para “incentivar” a votar a la inmensa reserva de ciudadanos que no son del PLD, razón fundamental para que el danilismo impusiera el padrón abierto en su elección primaria. Hay quienes creen que resuelven venciendo a Leonel en las Primarias, porque la Ley de Partidos impide ser candidato por otra organización al que pierda en la propia.
Pero si le ponen la soga al cuello, Leonel tendría la opción de retirarse días antes, motivándolo en inaceptable abuso del Estado, y alegar que al no haber perdido, puede ser postulado por otro partido. Se dividiría el PLD en proporciones que lo expondría a perder el poder, con alto costo para Danilo Medina.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.