Santo Domingo, RD.- El presidente de la República ha logrado enderezar la trayectoria de su grupo dentro del Partido de la Liberación Dominicana con el surgimiento de la pre-candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien se beneficia de los recursos y todo el poder que otorga el Estado, según un reportaje publicado en el periódico Listín Diario.Nacionales
Gonzalo se beneficia de poder del Estado en su aspiración presidencial
Santo Domingo, RD.- El presidente de la República ha logrado enderezar la trayectoria de su grupo dentro del Partido de la Liberación Dominicana con el surgimiento de la pre-candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien se beneficia de los recursos y todo el poder que otorga el Estado, según un reportaje publicado en el periódico Listín Diario.El trabajo parecía muy duro para cualquiera de los seis principales aspirantes a ser escogido por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que ya tenía desde más de un año al expresidente y actual aspirante, Leonel Fernández, dejándose ver en las calles.
Cuando el presidente Medina hizo el anuncio en discurso por televisión, sabía que lo que vendría para sus estrategas y para el danilismo no era una tarea fácil, no obstante contar de antemano con la mayoría del comité político, central y congresistas.
El año pasado, como se dijo en un análisis anterior, la decisión del presidente Medina de no participar en los comicios estaba sobre la mesa, por lo que los estrategas estudiaban la posibilidad de que fueran lanzados Gonzalo Castillo o Francisco Javier García.
Javier García no quiso afrontar el reto, quizás porque ha estado cómodo en su puesto de ministro de Turismo, o porque trasuntó que en el círculo íntimo del presidente Medina, el nombre del entonces ministro de Obras Públicas sonaba mejor.
Castillo decidió en 48 horas salir al ruedo frente a Fernández, posiblemente para complacer al presidente Medina y sus cercanos colaboradores que pensaron en él, pero sobre todo para correr con la posibilidad histórica de derrotar al tres veces presidente.
El exministro de Obras Públicas no había sido un militante de renombre en el PLD. Le auxiliaba el haber acompañado durante más de siete años al presidente Medina en inauguraciones de carreteras y obras públicas, y mostraba eficiencia y capacidad.
Una semana después del lanzamiento de Castillo, programas de televisión lo aupaban y un reventón de anuncios publicitarios que pusieron a gritar a los opositores sobre que se estaban usando los fondos del Estado pareció indicar que había mucho precocinado.
Es decir que los estrategas de campaña habrían comenzado a diseñarla, no importa quién resultara el aspirante del sector danilista, o el mismo Presidente de la República en las posibilidades, solo que habría que cambiar nombre y los gestos de la figura.
El principal de ellos, José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia asegura que Castillo tiene el apoyo de la mayoría del PLD, del Gabinete, de casi todos los senadores, la mayoría de los diputados, de los alcaldes y directores municipales de todo el país.
Castillo cuesta arriba
Pese a las grandes ventajas, el aspirante Castillo va cuesta arriba en la lucha para alcanzar y sobrepasar al expresidente y convencer a los electores en una elección primaria abierta el domingo 6 de octubre, que es el mejor y que puede continuar la obra de Medina.
De hecho, su campaña se ha mantenido firme en las ideas de que seguirá la línea de gobierno del presidente Medina, se basa en que lo apoya la mayoría del partido y aspira a traspasar la popularidad del Presidente a su propia aspiración.
Castillo tiene sus méritos. Al llegar al ministerio de Obras Públicas prácticamente lo transformó al tener a su cargo la construcción de importantes vías, el refuerzo de mantener limpios puentes y elevados y su auxilio a la Alcaldía del Distrito.
El aspirante venció a Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito y Temístocles Montás, que eran los principales en la lidia. Al final, mediante encuestas que el sector danilista mantiene “in péctore”, la mayoría acogió bien a Castillo.
Del pequeño grupo de los principales, Pared Pérez se declaró neutral en la lucha entre el doctor Fernández y Castillo, en tanto que anunció que su esposa Ingrid Mendoza, apoyaba al el Presidente. Se cree que los demás poco a poco se sumarán a la campaña de Castillo.
El exministro de Obras Públicas tiene que superar al que ha sido tres veces Presidente y quien por tal razón tiene muchos dolientes. Dos períodos del presidente Medina, en los cuales han estado “abajo” es demasiado tiempo para quienes aprendieron a disfrutar el poder.
Para la base, llamados “compañeritos” que no fueron tocados por la mano proverbial del Estado, la vuelta del doctor Fernández podría ser una solución, algo mucho mejor que un triunfo de la oposición que encarna el Partido Revolucionario Moderno, PRM.
La posibilidad de que Fernández, por la alta tasa de rechazo que le asignan las encuestas, pudiera perder la elección ante Luis Abinader o el expresidente Mejía, cualesquiera que seleccionara el PRM, asusta a la feligresía peledeísta y pone en riesgo a sus líderes.
El doctor Fernández ha tratado el caso como de vida o muerte. Algunas de sus decisiones así lo atestiguan como fuera encabezar con una multitud de partidarios un piquete frente al Congreso Nacional luego de que las autoridades dijeron que sería asaltado.
La fuerza del Estado y su peso en un país presidencialista le da beneficio a Castillo. Aparte está el hecho de que muchos electores que no querían ver al presidente Medina en un tercer período, tampoco gustarían de que el doctor Fernández fuera cuatro o cinco veces, lo que la Constitución le permitiría.
Esa preocupación ha hecho que un sector del PLD y los cercanos al presidente Medina hayan lanzado la propuesta de reformar la Constitución, para que el actual Presidente pueda postularse a las elecciones del 2024 y no quede como un condenado dentro del país.
Si se pudiera endosar el apoyo que tiene Medina entre los electores al aspirante Castillo, la situación de Fernández sería difícil. Medina tiene siete años en contacto con el país, con sus pequeños yerros, propuso y logró la tanda extendida en las escuelas.
Le han fallado a Medina los ministros de Educación, pero los padres que tienen a sus niños en las escuelas con tres comidas al día, uniformes y útiles escolares subvencionados, le deben esas reivindicaciones al gobernante que dispuso el 4% para la educación.
Los números que ofrece el Banco Central benefician al candidato oficialista. En un informe de la semana pasada, la institución dijo que la inflación en los primeros ocho meses está situada en 1.99. Los organismos internacionales esperan un crecimiento de sobre el 5% el año que viene, la mayor de la región.
En sus visitas sorpresa a los campos del país, Medina ha propuesto la entrega de subsidios y empréstitos a millares de pequeños agricultores, le ha dado recursos al Banco Agrícola como nunca antes a tasas más suaves que las de la banca privada, para dinamizar el sector agropecuario. Panorama político.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.